El organismo fiscalizador acreditó que Jaime Tohá incurrió en acoso laboral y una grave vulneración a la probidad administrativa tras un episodio con una abogada municipal. Ahora Sebastián Sichel deberá decidir si destituye a uno de sus colaboradores más cercanos.
La decisión que puede tensionar el círculo de confianza de Sebastián Sichel ya está sobre su escritorio. La Contraloría General de la República cerró el sumario contra el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de Ñuñoa, Jaime Mario Tohá Lavanderos, y concluyó que incurrió en acoso laboral y una grave vulneración al principio de probidad administrativa.
El organismo propuso para Tohá la máxima sanción contemplada en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales: la destitución. Sin embargo, el funcionario todavía no ha sido destituido. La resolución de Contraloría constituye la propuesta disciplinaria derivada del sumario y ahora corresponde al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, adoptar la decisión definitiva.
El organismo fiscalizador remitió los antecedentes al municipio y estableció un plazo de 20 días hábiles para que la autoridad informe qué resolverá. El caso adquiere especial relevancia política debido a la cercanía entre Sichel y Tohá, quien forma parte del equipo de confianza del alcalde.
Contraloría acreditó episodio de acoso laboral
Los hechos investigados se remontan al 30 de septiembre de 2025, cuando Paula Elizabeth Valero Peña se desempeñaba como abogada fiscalizadora de la Dirección de Control de la Municipalidad de Ñuñoa.
Ese día, Valero había formulado observaciones a las bases de una licitación denominada “Mejoramiento sistema de luminarias viales sector oriente”. De acuerdo con los antecedentes revisados por Contraloría, las observaciones apuntaban, entre otros aspectos, a exigencias relacionadas con baños, cierre perimetral, señalética y seguridad. También advertían sobre la utilización de normativa ambiental que se encontraba derogada.
Fue en ese contexto cuando Tohá llegó hasta el lugar de trabajo de la abogada.
Según estableció el organismo fiscalizador, el director de Secpla la increpó agresivamente y en tono elevado frente a otros funcionarios, utilizando expresiones ofensivas y denigrantes debido a las observaciones realizadas sobre la licitación.
Dos testigos presenciales respaldaron elementos centrales de la denuncia. Una funcionaria relató que Tohá comenzó a levantar la voz y que, ante la situación, envió un mensaje de WhatsApp a un compañero solicitando ayuda: “SOS. Jaime está alterado. Acá. Ven. Urgente”. Otro funcionario declaró que observó a Tohá llegar exaltado al lugar.
La crisis que sufrió la funcionaria
Tras el episodio, Paula Valero sufrió una crisis que, según los testimonios incorporados al expediente, incluyó llanto incontrolable y temblores. Los antecedentes médicos incorporados al sumario consignaron un “episodio por estrés agudo”, además de síntomas de ansiedad, angustia, dificultades de concentración y alteraciones del sueño.
Tohá negó haber actuado de esa manera. En sus descargos sostuvo que lo ocurrido correspondió a una discrepancia profesional relacionada con las observaciones formuladas a la licitación, las que, a su juicio, estaban retrasando el proceso.
También rechazó haber gritado o insultado a la funcionaria. Contraloría, sin embargo, descartó sus argumentos. El organismo concluyó que los antecedentes reunidos durante la investigación eran suficientes para acreditar los hechos y rechazó la tesis de que la denuncia hubiese sido construida falsamente como consecuencia del término del contrato de Valero.
Finalmente, estableció que Tohá vulneró gravemente el principio de probidad administrativa mediante actos constitutivos de acoso laboral y un trato irrespetuoso, humillante y denigrante.
¿Quién es Paula Valero?
Paula Elizabeth Valero Peña es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con experiencia profesional en materias vinculadas al derecho administrativo, compras públicas y procesos de licitación.
Antes de incorporarse a la Municipalidad de Ñuñoa, trabajó en organismos como Cenabast, la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Medio Ambiente. En este último organismo ejerció como jefa del Departamento de Contratación Pública y Acceso a la Información.
Entre julio de 2024 y octubre de 2025, además, se desempeñó como abogada informante en la Contraloría General de la República. Actualmente figura como jefa de la Unidad Jurídica del Parque Estadio Nacional, dependiente del Instituto Nacional de Deportes.
Su experiencia profesional resulta relevante para comprender el origen del conflicto. En Ñuñoa, Valero trabajaba como abogada fiscalizadora de la Dirección de Control y las observaciones que formuló a las bases de la licitación precedieron al enfrentamiento con Tohá.
El expediente también recoge declaraciones de funcionarios municipales que destacaron su desempeño profesional y experiencia en compras públicas y materias administrativas.
El término de contrato que ocurrió el mismo día
El expediente incorpora además otro elemento que agrega tensión al caso. El mismo 30 de septiembre de 2025, pocas horas después del episodio entre Tohá y Valero, desde la Administración Municipal se comunicó a la abogada que su contratación terminaría ese día y que no continuaría trabajando en el municipio desde el 1 de octubre.
Entre los antecedentes considerados por Contraloría aparece un correo electrónico enviado por Tomás Fuentes Barros, quien en ese momento se desempeñaba como administrador municipal.
El organismo fiscalizador fue cuidadoso respecto de este punto. Contraloría no estableció que Tohá hubiese ordenado el término del contrato de Valero ni acreditó que se tratara de una represalia directamente instruida por él.
Sin embargo, señaló que los antecedentes permitían “presumir fundadamente” que lo ocurrido podía haber perjudicado la situación laboral y las oportunidades de empleo de la denunciante.
Funcionarios de la Dirección de Control declararon, además, que Valero era una profesional altamente valorada y que existía interés en que permaneciera trabajando en la unidad. La coincidencia temporal quedó así incorporada al expediente: durante la mañana se produjo el enfrentamiento; posteriormente, a las 15:14 horas, la Administración Municipal comunicó el término del vínculo laboral de la funcionaria.
Tomás Fuentes vuelve a aparecer en el expediente
El nombre de Tomás Fuentes agrega una segunda dimensión política al caso. Fuentes es uno de los colaboradores más cercanos de Sebastián Sichel y actualmente se desempeña como director de Desarrollo Comunitario de Ñuñoa.
Durante 2026 ya había protagonizado otra controversia relacionada con un pronunciamiento de Contraloría. Fuentes había sido condenado en marzo de 2025 por conducir en estado de ebriedad, luego de ser sorprendido con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre.
La sentencia contemplaba, entre otras sanciones, una suspensión de 41 días para ejercer cargos públicos. Pese a ello, continuó desempeñándose como administrador municipal hasta que el caso se hizo público en marzo de este año.
Fuentes renunció posteriormente a ese cargo, pero Sichel decidió mantenerlo dentro de la municipalidad y lo designó como director de Desarrollo Comunitario. Contraloría determinó posteriormente que dicho nombramiento “no se ajustó a derecho”, debido a que Fuentes mantenía una inhabilidad judicial vigente cuando fue designado.
El organismo también observó que el funcionario no había informado oportunamente la sentencia y que había declarado bajo juramento no encontrarse afecto a inhabilidades. Sichel defendió públicamente su decisión.
En abril, el alcalde afirmó que “nada legal ni ético impide que sea Dideco”, argumentando que el problema detectado por Contraloría estaba relacionado principalmente con la fecha del nombramiento. Fuentes continúa actualmente dentro de la administración municipal.
El antecedente de Jaime Tohá en Junaeb
Jaime Tohá Lavanderos tampoco es un desconocido para la administración pública. El actual director de Secpla de Ñuñoa, primo de la exministra Carolina Tohá, encabezó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
En 2021, su gestión enfrentó cuestionamientos derivados de fiscalizaciones realizadas por Contraloría. Una auditoría al sistema especial de canastas de alimentación implementado durante la pandemia detectó deficiencias relacionadas con la cobertura de determinados productos y con la entrega de beneficios a estudiantes que cumplían las condiciones del Programa de Alimentación Escolar.
Contraloría ordenó entonces un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Tohá defendió públicamente la gestión de Junaeb y sostuvo que las dificultades correspondían a las primeras semanas de implementación de un sistema desarrollado bajo condiciones excepcionales.
Ese mismo año, la Asociación de Funcionarios de Junaeb presentó otra denuncia ante Contraloría por eventuales infracciones al principio de probidad relacionadas con contrataciones de la institución. La presentación mencionó a Tohá y planteó posibles conflictos de interés asociados a contratos con la empresa Net Now.
Ese antecedente correspondió a una denuncia que debía ser investigada y no constituye, por sí mismo, una acreditación de responsabilidad administrativa de Tohá. La presentación también hacía referencia a su cercanía con Sebastián Sichel, quien en ese momento era candidato presidencial.
Ese vínculo vuelve a adquirir relevancia ahora que el alcalde deberá resolver el futuro administrativo de Tohá.
Un nuevo dilema para Sebastián Sichel
La propuesta de destitución llega después de otras controversias que han obligado al alcalde de Ñuñoa a defender públicamente a integrantes de su círculo cercano. En el caso de Tomás Fuentes, Sichel optó por mantenerlo dentro de la municipalidad pese a los cuestionamientos que posteriormente derivaron en un pronunciamiento de Contraloría sobre la legalidad de su nombramiento.
Ahora la situación es distinta. Contraloría realizó un sumario específico sobre la conducta de Jaime Tohá, revisó un expediente de 376 fojas, tomó declaraciones, analizó documentación, incorporó antecedentes médicos y examinó los descargos del funcionario. Tras ese proceso, el organismo fiscalizador propuso aplicar la máxima sanción administrativa.
La decisión final queda en manos de Sichel
El oficio emitido por Contraloría el 3 de septiembre establece que ahora corresponde al municipio informar la decisión adoptada respecto del sumario. El plazo fijado es de 20 días hábiles. La autoridad comunal posee la potestad disciplinaria para dictar el acto administrativo definitivo en este tipo de procedimientos municipales.
Por lo tanto, Tohá no está destituido todavía. Sichel deberá decidir si acoge la propuesta de Contraloría o si adopta otra determinación dentro del marco jurídico correspondiente. La decisión tendrá una dimensión administrativa, pero también política.
Si el alcalde acoge la propuesta, deberá apartar de Secpla a uno de sus colaboradores de confianza. Si opta por una sanción distinta o se aparta de la propuesta del organismo fiscalizador, tendrá que fundamentar jurídicamente esa decisión.
Y el contraste con el caso de Tomás Fuentes inevitablemente volverá a estar sobre la mesa. Porque el nuevo dilema para Sebastián Sichel ya no pasa solamente por defender o respaldar a un integrante de su equipo.
Esta vez deberá decidir qué hace cuando la máxima sanción administrativa es propuesta por el mismo organismo fiscalizador que durante su administración ha puesto bajo la lupa a algunos de sus colaboradores más cercanos.
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