Tras más de tres años de tramitación, el Congreso despachó las Reglas del Uso de la Fuerza para policías y Fuerzas Armadas. Kast destacó el respaldo a los uniformados, mientras sectores opositores mantienen reparos por el uso de armas potencialmente letales y las garantías para la ciudadanía.
El Congreso despachó este miércoles el proyecto que establece las nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para las policías y las Fuerzas Armadas, una iniciativa que comenzó su tramitación durante el gobierno de Gabriel Boric y que, después de más de tres años de debate legislativo, quedó en condiciones de convertirse en ley.
El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta por 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, luego de que la Cámara de Diputados respaldara previamente el texto por 111 votos a favor. Con ello, quedaron zanjadas las diferencias que mantenían ambas cámaras y el proyecto fue despachado del Congreso.
El resultado generó una particular escena política: una iniciativa impulsada durante la administración anterior fue finalmente aprobada bajo el gobierno de José Antonio Kast, quien valoró públicamente el resultado y puso el énfasis en la necesidad de entregar respaldo jurídico a policías y uniformados.
Kast destaca respaldo a las policías
Tras conocer la aprobación, el Presidente José Antonio Kast destacó el despacho de la iniciativa y llamó a respaldar a Carabineros y a las fuerzas policiales.
“Cuidemos a nuestros carabineros, cuidemos a nuestras fuerzas policiales”, sostuvo el Mandatario, quien también llamó al Congreso a legislar “fuera de las trincheras” y con el objetivo de recuperar la seguridad del país.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también valoró el resultado de la votación y destacó que las nuevas disposiciones permitirán elevar a rango legal las reglas que regulan el empleo de la fuerza.
“Tras tres años de tramitación, gracias al compromiso de diputados y senadores, hemos logrado total despacho de una ley aprobada por una amplia mayoría”, señaló el secretario de Estado.
Desde el Ejecutivo se plantea que contar con un marco legal específico permitirá entregar mayor certeza respecto de las actuaciones de policías y militares cuando deban recurrir al uso de la fuerza.
Qué establecen las nuevas RUF
La legislación establece una estructura gradual para el uso de la fuerza, que contempla desde el despliegue disuasivo y la comunicación verbal hasta el empleo de medios menos letales y, bajo determinadas circunstancias, armamento potencialmente letal.
El texto aprobado contempla ocho reglas de actuación. Entre ellas se encuentran la presencia y despliegue disuasivo, técnicas de comunicación y persuasión verbal, utilización de elementos menos letales, control físico y empleo de determinados medios antidisturbios.
La regla de mayor intensidad establece condiciones para el uso de armamento letal contra personas que utilicen o estén por utilizar armas capaces de poner en riesgo la vida de funcionarios o terceros. También contempla determinadas situaciones relacionadas con ataques a infraestructura crítica o recintos militares.
El proyecto establece además principios y deberes asociados a la actuación de los funcionarios, entre ellos legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad, junto con obligaciones de identificación, advertencia, gradualidad, registro y auxilio cuando se utilice la fuerza.
Los reparos que permanecen en el Congreso
La aprobación no estuvo exenta de controversia.
Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con el empleo de la fuerza potencialmente letal y los criterios que deben operar antes de recurrir a ella.
Durante la discusión parlamentaria también se cuestionó la ausencia del principio de proporcionalidad en la formulación definitiva de algunas disposiciones, además de las normas relacionadas con la responsabilidad penal de los funcionarios y la protección de determinados grupos.
El senador socialista Juan Luis Castro anunció una reserva de constitucionalidad respecto de disposiciones relacionadas con el uso de armas por parte de militares y policías y la responsabilidad penal de los funcionarios.
Desde el Frente Amplio, Beatriz Sánchez cuestionó aspectos vinculados con la proporcionalidad, mientras que la senadora comunista Claudia Pascual criticó que el texto final eliminara referencias específicas a la prohibición de la tortura y a la protección de niños, niñas y adolescentes, aunque sus defensores sostienen que estas materias están reguladas por otras normas.
El debate también alcanzó la regulación del armamento potencialmente letal. Algunos parlamentarios plantearon que determinadas hipótesis podrían dejar espacios de interpretación respecto de cuándo existe un peligro suficiente para justificar su utilización.
Una ley que atravesó tres gobiernos
La trayectoria de las RUF constituye uno de los elementos políticos más relevantes del proyecto.
La iniciativa comenzó durante el gobierno de Gabriel Boric y atravesó un extenso proceso de discusión parlamentaria, incluyendo diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado que finalmente debieron ser resueltas por una Comisión Mixta.
La instancia logró un acuerdo sobre las materias pendientes y permitió que el texto fuera votado esta semana por ambas cámaras.
El Senado terminó aprobando el informe con 29 votos favorables, 15 en contra y una abstención. Entre quienes rechazaron el texto estuvieron parlamentarios del PS, PC, Frente Amplio y otras fuerzas de oposición.
De esta manera, una iniciativa asociada originalmente a la agenda de seguridad del gobierno anterior termina su recorrido legislativo bajo una administración que ha convertido el fortalecimiento de las policías y el combate al crimen organizado en uno de sus principales ejes políticos.
El debate ahora pasa a la aplicación de la ley
Con el despacho del Congreso, las Reglas del Uso de la Fuerza quedan en condiciones de ser promulgadas.
El desafío se trasladará ahora desde el debate legislativo a la aplicación concreta de las nuevas disposiciones, especialmente en escenarios donde policías y militares deban decidir qué nivel de fuerza utilizar frente a distintos grados de resistencia o agresión.
El texto aprobado contempla una progresión que parte en medidas disuasivas y de comunicación y puede llegar al uso de fuerza potencialmente letal cuando concurran las circunstancias establecidas por la ley.
Así, el cierre de la tramitación deja una coincidencia política poco habitual: el gobierno de Kast celebra como un avance propio una legislación cuyo origen se encuentra en la administración de Gabriel Boric, mientras el debate sobre los límites del uso de la fuerza y las garantías ciudadanas continuará ahora en la etapa de implementación de la nueva normativa.
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