La Coordinadora NO+AFP llamó a afiliados, pensionados y profesionales de distintas áreas a organizar una estrategia jurídica y financiera para evaluar eventuales demandas contra las administradoras y, de manera subsidiaria, contra el Estado. La iniciativa contempla recopilar antecedentes de los fondos E y C correspondientes al período 2025-2026.
La Coordinadora NO+AFP convocó a afiliados y pensionados a organizar acciones judiciales colectivas frente a las millonarias pérdidas previsionales conocidas recientemente. La organización propone avanzar en una auditoría financiera, evaluar demandas civiles y reunir antecedentes para determinar eventuales responsabilidades de las administradoras de fondos de pensiones y de los organismos fiscalizadores.
En un comunicado, la entidad planteó la necesidad de “pasar de la indignación digital a una estrategia jurídica y financiera rigurosa”, con el objetivo de cuantificar los perjuicios que podrían haber afectado a los ahorros de los trabajadores.
La coordinadora cuestionó que las AFP presenten estos resultados como una fluctuación habitual del mercado o como parte de una estrategia de inversión a largo plazo. Según su declaración, la exposición a instrumentos derivados y swaps de tasas de interés debe ser examinada para determinar si las decisiones adoptadas se ajustaron a las obligaciones de gestión de riesgos.
“Cuando éstas se infringen, la fe pública se quiebra. No aceptaremos que este perjuicio sea tratado como un accidente anónimo del mercado”, sostuvo la organización, que exigió esclarecer las decisiones involucradas y establecer si existen responsabilidades que puedan perseguirse ante los tribunales.
Auditoría financiera y eventuales demandas contra las AFP
La propuesta de NO+AFP contempla tres líneas de acción. La primera consiste en impulsar una auditoría financiera y evaluar la presentación de demandas civiles contra las administradoras, con el propósito de analizar las operaciones realizadas y determinar si existen fundamentos para exigir una reparación económica.
La segunda apunta a estudiar una eventual demanda subsidiaria contra el Fisco y solicitar que el Consejo de Defensa del Estado asuma la defensa de los afectados, según el planteamiento de la organización.
La tercera línea contempla un emplazamiento público y una evaluación de la reforma previsional de 2025, en relación con los mecanismos de supervisión, protección de los ahorros y responsabilidades dentro del sistema.
La coordinadora busca reunir a afiliados, abogados, economistas, actuarios y contadores para conformar un equipo interdisciplinario que permita analizar los antecedentes desde perspectivas financieras, contables y jurídicas.
Las acciones anunciadas corresponden a una convocatoria y a una etapa de recopilación y análisis. La existencia de eventuales responsabilidades civiles o estatales deberá establecerse a partir de los antecedentes disponibles y de los procedimientos legales correspondientes.
Registro de afectados de los fondos E y C
Entre las primeras medidas, la organización informó que trabaja en un Registro Voluntario de Afectados, dirigido a cotizantes y pensionados que permanecieron en los fondos E y C durante el período 2025-2026.
La convocatoria busca reunir cartolas históricas, saldos y otros antecedentes que permitan reconstruir la evolución de los ahorros previsionales y calcular eventuales perjuicios individuales.
La recopilación de esta información será un insumo para evaluar el alcance de las pérdidas y determinar si existen elementos suficientes para respaldar acciones judiciales. La cuantificación de los daños requerirá considerar la trayectoria de cada cuenta y los movimientos registrados durante el período analizado.
La organización no presentó en el comunicado cifras individualizadas de afectados ni un monto definitivo de reparación, por lo que el alcance económico de una eventual acción colectiva todavía deberá establecerse.
Convocan a profesionales para revisar operaciones financieras
El segundo frente de trabajo anunciado es un equipo técnico interdisciplinario, al que NO+AFP invitó a sumarse a profesionales de las áreas financiera, contable y jurídica.
La tarea contempla revisar contratos de swaps, examinar las políticas de inversión aplicadas y analizar los antecedentes necesarios para preparar eventuales demandas.
Con esta iniciativa, la coordinadora busca transformar los cuestionamientos públicos sobre la gestión de los fondos previsionales en una estrategia sustentada en documentación financiera y análisis jurídico.
El avance de las acciones dependerá de los antecedentes que logren recopilar los participantes y de la evaluación legal de las decisiones de inversión y fiscalización cuestionadas.
Por ahora, la convocatoria abre una nueva etapa de organización de afiliados y profesionales frente a las pérdidas previsionales. La eventual reparación económica y la determinación de responsabilidades dependerán de los resultados de las auditorías y de las resoluciones que puedan adoptar las instancias competentes.
Leave a Reply