El proyecto que busca extender la legítima defensa privilegiada a policías que estén de franco y a efectivos de las Fuerzas Armadas abrió un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mientras el Gobierno acusa al organismo de mantener una postura ideológica, el INDH advierte que la iniciativa podría generar condiciones de “impunidad de facto” ante eventuales abusos policiales.
La tramitación de la denominada Ley Naín-Retamal 2.0 abrió un nuevo frente de controversia entre el Gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de que el organismo cuestionara los posibles efectos de extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales que se encuentren de franco y a integrantes de las Fuerzas Armadas.
El debate se centra en las consecuencias jurídicas de esta figura, especialmente en relación con la investigación de eventuales usos excesivos de la fuerza y la determinación de responsabilidades cuando se producen lesiones o muertes.
En un informe elaborado para la discusión legislativa, el INDH advirtió que la iniciativa podría generar condiciones de “impunidad de facto”. La observación provocó una dura respuesta del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien acusó al organismo de mantener una mirada ideológica contraria al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad.
El proyecto forma parte de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo y su discusión en el Congreso vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre el respaldo jurídico a las fuerzas de seguridad y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Gobierno acusa al INDH de mantener una postura ideológica
El ministro Martín Arrau cuestionó el análisis del instituto y sostuvo que su posición refleja una resistencia a entregar mayores garantías a policías y militares en el ejercicio de sus funciones.
“El INDH una vez más está desconectado de la realidad. Su informe en contra de la legítima defensa de franco para nuestras policías y FFAA refleja una mirada ideológica que se debe transparentar ante los chilenos, esto es: su resistencia a fortalecer el respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad”, afirmó.
Las declaraciones elevaron la tensión entre ambas instituciones y trasladaron el debate desde el contenido jurídico del proyecto hacia el papel que cumple el INDH en la revisión de iniciativas legislativas relacionadas con la seguridad pública.
El organismo, por su parte, defendió sus atribuciones legales y sostuvo que sus observaciones buscan examinar la compatibilidad de las normas propuestas con los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de derechos humanos.
INDH advierte sobre los efectos de la legítima defensa privilegiada
El director del INDH, Yerko Ljubetic, respondió al ministro y llamó a mantener el respeto entre las instituciones públicas.
“Las afirmaciones del ministro Arrau ponen en cuestión el cumplimiento de una parte esencial del mandato que la ley le impone al INDH: preocuparse por la armonía que debe existir entre nuestras leyes, nuestras normas, con las obligaciones que el Estado de Chile tiene en materia de estándares de derechos humanos”, señaló.
La principal preocupación del instituto apunta a los efectos que la legítima defensa privilegiada podría tener en la evaluación de las actuaciones policiales y en las exigencias probatorias de los procesos judiciales.
El INDH ya había planteado reparos similares durante la discusión de la Ley Naín-Retamal original. En esta nueva etapa, su análisis busca advertir sobre los riesgos que, a juicio del organismo, podrían surgir si la protección jurídica se amplía sin resguardos suficientes.
La advertencia no equivale a una determinación de que necesariamente se producirán casos de impunidad, sino que expresa una preocupación institucional sobre los posibles efectos de la norma.
Senado busca acelerar la tramitación del proyecto
En el Congreso, la iniciativa cuenta con respaldo de parlamentarios que consideran necesario entregar mayor certeza jurídica a quienes cumplen funciones de seguridad.
El senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución, discrepó de las conclusiones del INDH y sostuvo que el proyecto no pretende excluir a los funcionarios policiales del cumplimiento de la ley.
“Confunde los aspectos probatorios con los efectos reales de la Ley Naín-Retamal 2.0. No busca generar impunidad ni dejar a las policías al margen de la ley, sino que, por el contrario, darles mayor certeza jurídica a los funcionarios policiales que deben actuar en situaciones de riesgo”, afirmó.
En la discusión también participan los senadores Arturo Squella y Andrés Longton, vinculados al debate de las iniciativas de seguridad impulsadas en el Congreso.
Según los antecedentes entregados sobre la tramitación, el informe del INDH fue elaborado por su área de seguimiento legislativo y remitido a la secretaría de la Comisión de Constitución como insumo para el análisis parlamentario.
La discusión estaba prevista para el martes y miércoles de la semana siguiente a la publicación de esos antecedentes. Debido a que el proyecto contempla dos artículos, se esperaba que su revisión pudiera avanzar en pocas sesiones.
Otra iniciativa busca aumentar sanciones por agresiones a Carabineros
En paralelo, la Comisión de Seguridad del Senado revisaría otra propuesta vinculada a la agenda Naín-Retamal 2.0, orientada a aumentar las sanciones por ofensas y agresiones contra funcionarios de Carabineros.
La iniciativa busca avanzar en medidas de protección para los integrantes de la institución policial y podría continuar su tramitación con miras a llegar a la Sala del Senado.
Ambos proyectos forman parte de un debate más amplio sobre las herramientas legales para enfrentar la delincuencia, las condiciones en que pueden actuar las fuerzas de seguridad y los mecanismos para investigar eventuales abusos.
El principal punto de desacuerdo entre el Gobierno y el INDH es cómo establecer ese equilibrio: mientras el Ejecutivo y sus partidarios defienden mayores garantías para los funcionarios, el organismo de derechos humanos advierte sobre los riesgos que podría implicar ampliar la protección legal sin suficientes salvaguardas.
El resultado de la discusión parlamentaria determinará el alcance definitivo de las disposiciones y los resguardos que eventualmente se incorporen durante su tramitación.
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