El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia informó que el recinto de Antofagasta fue evaluado en la categoría “Insuficiente” durante 2025 y 2026. Un oficio solicitado por el diputado Fabián Ossandón también detalla denuncias por presuntos malos tratos, hacinamiento y deficiencias en la alimentación, además de irregularidades en el manejo de medicamentos y fichas clínicas.
La Residencia Antay de Antofagasta, administrada por la Fundación Creeser, se mantuvo durante 2025 y 2026 en la categoría de funcionamiento “Insuficiente”, de acuerdo con los antecedentes entregados por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez.
La información fue proporcionada en respuesta a un oficio del diputado Fabián Ossandón, quien solicitó aclarar las denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos e irregularidades en el funcionamiento del recinto. Según el parlamentario, los antecedentes entregados por el servicio y las observaciones de la Contraloría Regional de Antofagasta dan cuenta de problemas que requieren determinar eventuales responsabilidades.
Fiscalización detectó irregularidades en medicamentos y fichas clínicas
Uno de los puntos señalados en la respuesta de Mejor Niñez corresponde a una fiscalización integral realizada el 18 de febrero de 2026 en el área de enfermería. De acuerdo con los antecedentes difundidos, la inspección identificó medicamentos vencidos, envases abiertos o sin identificación de los usuarios, ausencia de inventarios farmacológicos y desorganización de fichas clínicas.
También se habrían detectado deficiencias en el respaldo médico de tratamientos administrados a lactantes y niños en edad preescolar. Estos antecedentes plantean interrogantes sobre los procedimientos utilizados para almacenar, registrar y administrar medicamentos a residentes con necesidades de atención especializada.
A ello se suman observaciones atribuidas a la Contraloría Regional de Antofagasta, que habría detectado irregularidades en la atención y el cuidado de niños, niñas y adolescentes. El alcance de las observaciones y las eventuales medidas correctivas deben establecerse a partir de los informes oficiales correspondientes.
Denuncias por hacinamiento, alimentación y presuntos malos tratos
La directora regional de Mejor Niñez, Francisca Olivares Trejo, también habría informado sobre múltiples denuncias ingresadas a través de la plataforma OIRS durante abril y mayo de 2026.
Según los antecedentes expuestos por el diputado, los reportes incluían presuntos malos tratos por parte de funcionarios, condiciones de hacinamiento, insuficiencia de colaciones y alimentos, sobrecarga laboral de las cuidadoras y falta de personal para atender a niños con diagnósticos médicos complejos.
Ossandón sostuvo que estas alertas deben ser investigadas y pidió que los antecedentes de fiscalización sean puestos a disposición de las instancias judiciales competentes, tanto en materia penal como de familia.
“Estamos frente a un escenario de vulneración institucionalizada”, afirmó el parlamentario, quien cuestionó que la residencia continuara funcionando pese a las evaluaciones insuficientes y a las deficiencias detectadas. Sus declaraciones corresponden a su valoración de los antecedentes y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidades.
Proyectos de emergencia para residentes con necesidades complejas
En su respuesta, Mejor Niñez también habría detallado la implementación de Proyectos de Emergencia en Salud (PES) para reforzar la atención de residentes con necesidades médicas especiales.
Entre las medidas descritas figura la renovación de un proyecto que contempla cinco técnicos en enfermería de nivel superior (TENS), con cobertura las 24 horas del día, para atender a una menor. Una medida similar se habría dispuesto para otro residente, quien además recibe apoyo de un terapeuta ocupacional. Asimismo, se encontrarían en tramitación iniciativas similares para otros dos niños.
El diputado valoró la existencia de estos apoyos, aunque señaló que su implementación también evidencia la complejidad de las necesidades de atención de algunos residentes y cuestionó las condiciones en que se presta el servicio.
Ossandón agregó que los antecedentes también incluirían observaciones financieras, con gastos rechazados y partidas pendientes de aclaración. En ese contexto, anunció que solicitará auditorías y que buscará establecer eventuales responsabilidades administrativas y legales.
La documentación disponible deberá permitir precisar qué observaciones fueron formalmente acreditadas, cuáles siguen en investigación y qué medidas adoptaron el servicio y la entidad administradora. Las eventuales responsabilidades por maltrato, negligencia o irregularidades financieras deberán ser determinadas por los organismos competentes.
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