El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago impuso las primeras medidas cautelares en la investigación por un presunto fraude de US$190 millones. La Fiscalía solicitará prisión preventiva para cinco imputados, entre ellos el expresidente de Azul Azul, Michael Clark.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó las primeras medidas cautelares en el denominado caso Sartor, investigación que busca esclarecer una presunta defraudación financiera cercana a 190 millones de dólares en perjuicio de inversionistas de fondos administrados por el grupo.
El tribunal ordenó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Óscar Ebel Sepúlveda y Hugo Baranda Peralta, mientras que Mauro Valdés Raczynski y Miguel León Muñoz quedaron con arresto domiciliario parcial y firma mensual.
En tanto, la situación de Alfredo Harz Castro quedó pendiente luego de que la Fiscalía solicitara arresto domiciliario total, considerando el acuerdo de cooperación eficaz suscrito con el Ministerio Público. Sin embargo, la parte querellante representada por Toesca pidió que se decretara prisión preventiva.
Fiscalía busca prisión preventiva para Michael Clark
Durante la audiencia, el Ministerio Público confirmó que solicitará prisión preventiva para cinco imputados:
- Michael Clark Varela.
- Pedro Pablo Larraín Mery.
- Carlos Emilio Larraín Mery.
- Rodrigo Bustamante García.
- Sergio Yáñez Astete.
La discusión de estas medidas cautelares quedó fijada para el próximo lunes 3 de agosto, cuando continúe la audiencia de formalización.
El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, explicó que a Michael Clark, expresidente de Azul Azul, se le imputa además el delito de lavado de activos, vinculado a operaciones realizadas tras la compra de la concesionaria.
Según la Fiscalía, los recursos involucrados tendrían origen en fondos públicos y posteriormente habrían sido utilizados en operaciones destinadas a ocultar su procedencia y obtener beneficios económicos.
Investigación apunta a fraude por US$190 millones
La investigación sostiene que los administradores de los fondos habrían desviado recursos mediante operaciones con empresas relacionadas, triangulaciones financieras y negocios propios, ocultando estos conflictos de interés a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y al mercado.
El Ministerio Público calificó los hechos como delitos de especial gravedad y destacó que las primeras medidas cautelares decretadas son privativas de libertad, reflejando la magnitud de la investigación.
La audiencia continuará el lunes, instancia en la que el tribunal resolverá si acoge la solicitud de prisión preventiva para los cinco imputados restantes.
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