La iniciativa impulsada durante el Gobierno de Gabriel Boric fortalece la disciplina interna de los partidos, dificulta la creación de nuevas colectividades y restringe las candidaturas independientes. Solo resta que una Comisión Mixta resuelva una diferencia sobre la declaración de principios de los partidos políticos.
La reforma al sistema político impulsada por el Ejecutivo se encuentra prácticamente lista para convertirse en ley, luego de que el Senado aprobara casi la totalidad de las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputadas y Diputados.
La única discrepancia pendiente corresponde a la redacción de la declaración de principios que deberán suscribir los partidos políticos, tema que será resuelto por una Comisión Mixta.
El proyecto, impulsado durante la gestión del entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde, no modifica el número de parlamentarios ni establece un nuevo umbral electoral. En cambio, apunta a fortalecer el sistema de partidos, reducir la fragmentación política y aumentar la disciplina parlamentaria.
Se endurecen las reglas para crear nuevos partidos
Uno de los principales cambios establece mayores exigencias para constituir nuevas colectividades políticas.
La reforma elimina la posibilidad de formar un partido con presencia en solo tres regiones contiguas y obliga a acreditar existencia legal en al menos ocho regiones del país.
Asimismo, aumenta el número de militantes requeridos para su constitución, elevando el porcentaje desde el 0,25% de los votantes de la última elección de diputados al 0,3% del padrón electoral definitivo.
Además, quienes hayan creado un partido no podrán postular como candidatos de otra colectividad durante un período de cuatro años, buscando evitar la formación de partidos con fines exclusivamente electorales.
Más restricciones para las candidaturas independientes
La iniciativa también limita la participación de independientes dentro de las listas partidarias.
Los partidos no podrán presentar más de un 50% de candidatos independientes en sus listas parlamentarias. Si superan ese límite, todas las candidaturas inscritas podrían ser rechazadas.
También aumentan los requisitos para las postulaciones independientes al Congreso, ya que las firmas necesarias dejarán de calcularse sobre los votantes efectivos y pasarán a medirse respecto del padrón electoral completo, elevando significativamente la cantidad de apoyos exigidos.
La misma modificación se aplicará para candidaturas municipales, de gobernadores regionales y consejeros regionales.
Los comités parlamentarios tendrán mayor poder
Uno de los aspectos centrales de la reforma es el fortalecimiento de los comités parlamentarios.
El proyecto les reconoce un rol legal como instancia de coordinación política dentro del Congreso y entrega mayores atribuciones para organizar el trabajo legislativo, definir reemplazos en comisiones y administrar los recursos asociados a sus integrantes.
Además, quienes abandonen el comité de su partido enfrentarán sanciones políticas internas y perderán beneficios administrativos, aunque conservarán plenamente sus facultades constitucionales como parlamentarios.
La reforma no contempla la pérdida del escaño para quienes renuncien a su partido, pero sí busca desincentivar el denominado «transfuguismo político» mediante mayores costos institucionales.
Solo resta resolver una diferencia
La Comisión Mixta deberá zanjar únicamente la redacción sobre los principios que deberán declarar los partidos políticos.
Mientras el Senado proponía exigir la condena a la violencia como método de acción política, la Cámara incorporó además referencias al rechazo de los sistemas totalitarios, la corrupción y el compromiso con la probidad y la transparencia.
Una vez resuelta esa diferencia, el proyecto quedará en condiciones de concluir su tramitación legislativa.
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