El seminario “El Estado Ciego 2026”, organizado por ALTO Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, abordó las dificultades que genera la información dispersa entre instituciones y la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada.
La coordinación entre instituciones públicas, el intercambio oportuno de información y la colaboración con el sector privado fueron algunos de los principales temas abordados en el seminario “El Estado Ciego 2026: Datos, Crimen Organizado y Confianza Pública”, organizado por ALTO Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
Durante el encuentro, autoridades y representantes del mundo privado coincidieron en la necesidad de superar el trabajo aislado de las instituciones y avanzar hacia mecanismos que permitan compartir y analizar datos de manera más eficiente para enfrentar delitos cada vez más sofisticados.
La discusión también puso el acento en la importancia de establecer reglas claras para el acceso y uso de la información, con trazabilidad, niveles diferenciados de acceso y resguardo de los derechos de las personas.
Ministro de Justicia advierte sobre las brechas de coordinación
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que la falta de coordinación entre los organismos que administran información genera espacios que pueden ser aprovechados por el crimen organizado.
“Cuando no hay coordinación entre las distintas instituciones que manejan la información estamos dejando un importante espacio para que el crimen organizado abuse de esa posición. Si el Estado no ve, no es por falta de datos sino porque esa información se encuentra dispersa entre distintas instituciones que no dialogan entre sí, y que operan con estándares distintos y con sistemas tecnológicos que son incompatibles entre sí, careciendo de reglas sobre cómo y cuándo compartirlas”, afirmó.
La autoridad también se refirió a distintas iniciativas legales relacionadas con la protección de datos personales, la ciberseguridad y la modernización de procedimientos notariales, las que, según planteó, apuntan a mejorar la gestión y coordinación de información financiera, inmobiliaria, vehicular y societaria.
Otro de los temas abordados por Rabat fue la propuesta de crear una Agencia de Decomiso. Según indicó, actualmente existirían cerca de 250 bienes raíces decomisados que aún no han podido ser rematados.
La iniciativa busca establecer una institución especializada que administre estos bienes desde la adopción de medidas cautelares y pueda enajenarlos una vez dictada la sentencia de comiso. Los recursos obtenidos se destinarían a infraestructura y tecnología policial, además de un fondo de reparación para las víctimas.
ALTO destaca el aporte del sector privado
Desde el ámbito privado, la Country Manager de ALTO Chile, María de los Ángeles Kassis, subrayó la importancia de incorporar la experiencia de las empresas en el diseño de políticas y normativas orientadas a fortalecer la seguridad.
“El Estado deja de ser ciego cuando mira con los ojos del mundo privado y del público. En ALTO hemos visto el éxito de casos penales donde conseguimos condenas ejemplificadoras y también las dificultades y la pérdida de tiempo en los procesos investigativos, cuando las instituciones no están interconectadas”, señaló.
Kassis también planteó que la participación del sector privado en las mesas de trabajo puede contribuir a que las regulaciones respondan mejor a las necesidades y dificultades que se presentan en la práctica.
“El Estado no puede combatir solo el crimen organizado: necesita al sector privado”, afirmó.
Además, indicó que ALTO registra “un 300% de mayor efectividad en casos de imputados conocidos trabajando en conjunto con el Ministerio Público y policías”. La representante sostuvo que el objetivo compartido entre ambos sectores debe ser mejorar la seguridad en el país.
Por su parte, la decana de la Escuela de Gobierno de la UAI, María José Naudón, destacó la necesidad de fortalecer la integración y la colaboración público-privada, manteniendo las garantías de protección de datos y derechos, pero evitando que las regulaciones se conviertan en un obstáculo para el intercambio de información.
Datos coordinados para enfrentar las economías ilícitas
El primer panel del seminario reunió al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; a la subdirectora jurídica del Servicio de Impuestos Internos (SII), Bárbara Olivares; y a la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Cecilia Valdés.
Los participantes analizaron las dificultades que enfrentan las instituciones para acceder a información oportuna y utilizarla de manera coordinada en labores de prevención, fiscalización y combate a la delincuencia.
Bellolio destacó la experiencia de Providencia, comuna que cuenta con más de 1.000 cámaras de televigilancia, y sostuvo que “para combatir la delincuencia en igualdad de condiciones, se requiere unificación de criterios, colaboración institucional y voluntad política”.
Olivares, en tanto, explicó que parte de la información tributaria llega con desfase, aunque la facturación electrónica ha permitido avanzar hacia una mayor simultaneidad en la disponibilidad de los datos.
Valdés coincidió en que uno de los principales desafíos no radica necesariamente en la falta de información, sino en la capacidad de gestionarla y coordinarla para evitar que las fiscalizaciones y las respuestas institucionales lleguen cuando ya es tarde.
Prevención, seguridad privada y nuevas regulaciones
El segundo panel contó con la participación del exministro y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, y de la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.
La conversación abordó el papel de los datos en la prevención del delito, el aporte de la seguridad privada y los desafíos que plantean las nuevas regulaciones.
Piña destacó que la experiencia acumulada por el sector privado puede contribuir a mejorar la integración entre las instituciones vinculadas a la seguridad.
Las exposiciones coincidieron en que enfrentar el crimen organizado requiere algo más que disponer de grandes volúmenes de información: también exige mecanismos efectivos para compartirla, criterios comunes de actuación y una coordinación capaz de traducir los datos en respuestas oportunas.
El desafío planteado durante el seminario es avanzar hacia un Estado con mayor capacidad para conectar información, coordinar instituciones y colaborar con el sector privado, sin descuidar la protección de los datos personales ni los derechos de la ciudadanía.
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