Las reducciones y eliminaciones propuestas por Hacienda abrieron un flanco en el oficialismo. Legisladores de la UDI y Renovación Nacional cuestionan los ajustes a iniciativas como la Ley Cholito, “Yo elijo mi PC” y los Liceos Bicentenario, mientras el Partido Republicano y los libertarios plantean otras prioridades para el gasto público.
La discusión del Presupuesto 2027 comenzó a generar diferencias dentro de los sectores que respaldan al Gobierno de José Antonio Kast. Las principales inquietudes apuntan a los programas que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, propone reducir o eliminar y a la información disponible para evaluar el impacto de esas decisiones.
Parlamentarios de Chile Vamos han advertido lo que describen como “contradicciones evidentes” entre los objetivos declarados por el Ejecutivo —priorizar los programas con mejores resultados, proteger prestaciones sociales y evitar financiar compromisos permanentes con deuda— y algunos de los ajustes incluidos en el proyecto presupuestario.
Uno de los casos que genera preguntas es el programa Crédito Mipyme, cuyos recursos aumentarían un 207,2%, pese a que habría obtenido una evaluación de desempeño muy baja. Para los legisladores que cuestionan esta decisión, el incremento requiere explicar qué cambios se implementarán y cómo se medirán sus resultados.
La discusión no se limita a un programa específico. También alcanza iniciativas de protección animal, acceso a tecnología para estudiantes y fortalecimiento de la educación pública, lo que ha abierto diferencias sobre las prioridades que debe considerar el presupuesto del próximo año.
Ley Cholito: preocupación por la reducción de recursos
Uno de los ajustes que generó reparos es el propuesto para el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, asociado a la implementación de la Ley Cholito.
Según las cifras del proyecto presupuestario, los recursos pasarían de $3.634 millones en 2026 a $514 millones en 2027, una disminución cercana al 86%. La propuesta ha motivado solicitudes de revisión por parte de parlamentarios preocupados por sus efectos en las iniciativas desarrolladas a nivel comunal.
El senador Javier Macaya (UDI) pidió revisar los resultados del programa y considerar eventuales correcciones, mientras que el diputado Hotuiti Teao manifestó preocupación por la magnitud de la reducción.
Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sostienen que la inversión continuará mediante proyectos en ejecución que representarían alrededor de $3.000 millones durante 2027. La institución también anunció pilotos de focalización y una evaluación de impacto.
Las explicaciones de la Subdere buscan justificar el cambio de enfoque, pero no han despejado todas las inquietudes de los parlamentarios que solicitan resguardar recursos para responder a las necesidades de los municipios.
“Yo elijo mi PC” concentra las críticas
El cuestionamiento más explícito de algunos representantes de Chile Vamos se ha dirigido a la eliminación del programa “Yo elijo mi PC”, iniciativa que entrega computadores a estudiantes y forma parte de las Becas TIC.
La jefa de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse, defendió la continuidad de la política: “Este programa no debe eliminarse, debe fortalecerse”. En la misma línea, el presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, expresó su rechazo a la desaparición de la iniciativa.
El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo también pidió considerar sus efectos sociales al evaluar los resultados del programa.
La discusión tiene una dimensión concreta: durante 2026, más de 96 mil estudiantes recibieron computadores a través de las Becas TIC, de acuerdo con los antecedentes publicados sobre la iniciativa. La decisión de dejar “Yo elijo mi PC” sin financiamiento en el proyecto para 2027 abrió así una controversia que trasciende las diferencias habituales sobre la distribución del gasto público.
Liceos Bicentenario y Cultura también entran en el debate
Las objeciones parlamentarias abarcan otras áreas. Entre ellas figura una reducción real de 46,71% para los Liceos Bicentenario, además de ajustes presupuestarios en el sector cultural.
Estos cambios han alimentado el debate sobre los criterios utilizados por Hacienda para definir qué programas deben continuar, cuáles requieren modificaciones y cuáles dejarán de recibir recursos.
Para los legisladores críticos, la discusión no debería limitarse a los resultados de las evaluaciones, sino que también tendría que considerar la población beneficiaria, los objetivos de cada política y las consecuencias de suspender su financiamiento.
Macaya pide más diálogo a Hacienda
Las diferencias también han puesto el foco en la relación entre el ministro Jorge Quiroz y los parlamentarios oficialistas.
Javier Macaya reconoció que no conocía los detalles del proyecto presupuestario, pese a mantener conversaciones frecuentes con el ministerio y presidir la instancia parlamentaria vinculada a su discusión. El senador pidió, además, que Quiroz conduzca las negociaciones con mayor empatía hacia las regiones y las áreas consideradas sensibles.
Su planteamiento combina el respaldo a las prioridades generales del Gobierno con la solicitud de revisar determinadas decisiones presupuestarias. El desafío para Hacienda será explicar los criterios de asignación de recursos y establecer qué modificaciones podrían evaluarse durante la tramitación legislativa.
Republicanos y libertarios plantean otras prioridades
El Partido Republicano ha mostrado una posición diferente frente a los ajustes. El diputado Juan Irarrázaval defendió la orientación de concentrar los recursos en los beneficiarios y reducir la intermediación, mientras que Benjamín Moreno valoró la disposición negociadora de Quiroz y sostuvo que corresponde al Congreso resolver las diferencias.
Los libertarios, por su parte, mantienen una coordinación separada con La Moneda y han solicitado al Presidente Kast revisar gastos vinculados a memoria, cultura, fundaciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y programas de género, con el objetivo de profundizar los recortes.
Estas posiciones muestran que el debate presupuestario no enfrenta únicamente al Gobierno con la oposición. También revela diferencias entre los propios sectores oficialistas respecto de qué programas deben mantenerse, cuáles requieren ajustes y dónde deberían concentrarse las reducciones.
Con la discusión del Presupuesto 2027 en marcha, Hacienda deberá defender sus criterios técnicos y negociar con los parlamentarios para intentar reunir los respaldos necesarios. El resultado de esa negociación permitirá establecer cuánto de la propuesta original se mantiene y qué programas podrían experimentar modificaciones durante el proceso legislativo.
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