Los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa, junto a parlamentarios de oposición, ingresaron una solicitud para conformar una comisión investigadora que revise las pérdidas registradas por el Fondo E de las AFP y las eventuales responsabilidades de las administradoras y los organismos fiscalizadores.
Las pérdidas registradas por el Fondo E de las AFP llegaron al Congreso, luego de que los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa, de la bancada independiente-PPD, junto a otros parlamentarios de oposición, impulsaran la creación de una comisión especial investigadora.
La iniciativa busca esclarecer las decisiones de inversión que derivaron en resultados negativos para este fondo previsional, considerado uno de los más conservadores del sistema, además de determinar si existieron alertas previas y cómo actuaron los organismos encargados de supervisar a las administradoras.
La controversia se intensificó tras la difusión de antecedentes sobre las operaciones con derivados de tasas de interés y su impacto en los fondos de pensiones. Según los datos citados en el debate, el Fondo E registró una caída de rentabilidad de 10,39% a septiembre de 2026.
Araya acusa falta de responsabilidad en las inversiones
El diputado Jaime Araya sostuvo que los antecedentes conocidos hasta ahora justifican una investigación parlamentaria y anunció que comenzaron a reunir las firmas necesarias para impulsar la comisión.
“A cada instante salen nuevos antecedentes y más graves respecto de la pérdida millonaria de los fondos de pensiones de los trabajadores de nuestro país. Por lo tanto, vamos a iniciar una comisión especial investigadora”, afirmó.
El parlamentario señaló que espera que la Cámara de Diputadas y Diputados pueda fiscalizar transversalmente las actuaciones del Gobierno relacionadas con estos hechos.
En sus declaraciones, Araya cuestionó las decisiones de las administradoras y manifestó su preocupación por las consecuencias que las pérdidas podrían tener para las personas próximas a jubilarse. También sostuvo que el impacto sobre los ahorros previsionales debe ser objeto de una revisión exhaustiva.
Ulloa apunta a las alertas y la fiscalización de las AFP
Por su parte, el diputado Héctor Ulloa, integrante de la Comisión de Trabajo, puso el foco en las advertencias que, según señaló, habrían existido antes de que se materializaran las pérdidas.
“Aquí hay un hecho que agrava todavía más esta situación. El Banco Central advirtió que este escenario podía ocurrir y el propio exsuperintendente reconoció que existieron alertas”, declaró.
El legislador cuestionó que las operaciones continuaran y planteó la necesidad de esclarecer si las eventuales responsabilidades corresponden a las decisiones adoptadas por las administradoras o a la actuación de los organismos fiscalizadores.
Ulloa también advirtió sobre la situación de quienes están cerca de jubilarse, debido al menor tiempo disponible para recuperar eventuales pérdidas en sus ahorros previsionales.
“Por eso exigiremos que se investiguen las responsabilidades en una comisión especial investigadora”, agregó, al cuestionar que los trabajadores deban asumir las consecuencias de los resultados de inversión mientras las AFP continúan cobrando comisiones.
¿Qué busca investigar la comisión?
La solicitud apunta a abrir una instancia de fiscalización parlamentaria sobre las operaciones financieras vinculadas al Fondo E, las decisiones de inversión de las AFP y el papel de las instituciones responsables de supervisar el sistema.
Entre los aspectos que los diputados buscan esclarecer están las advertencias previas sobre la exposición a instrumentos derivados, las medidas que habrían adoptado las administradoras frente a esos riesgos y la respuesta de los organismos fiscalizadores.
La presentación de la solicitud y la recolección de firmas constituyen el inicio del proceso para impulsar la comisión. Su creación dependerá de los procedimientos y apoyos parlamentarios correspondientes.
La caída de rentabilidad del Fondo E ha reabierto el debate sobre la gestión de los ahorros previsionales, los riesgos asumidos por las administradoras y los mecanismos de protección para los afiliados, especialmente para quienes se encuentran próximos a pensionarse.
Las cifras y responsabilidades mencionadas por los parlamentarios deberán ser examinadas a partir de los antecedentes financieros y regulatorios correspondientes. La eventual comisión permitiría solicitar información y revisar las actuaciones involucradas, sin que las acusaciones formuladas constituyan por sí mismas una determinación de responsabilidad.
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