Organismo fiscalizador determinó que el funcionario mantenía una inhabilidad judicial vigente al momento de su designación. El municipio anunció que pedirá reconsiderar la decisión.
La Contraloría General de la República declaró ilegal el nombramiento de Tomás Fuentes como director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Ñuñoa, al establecer que el funcionario se encontraba afecto a una inhabilidad judicial vigente cuando fue designado en el cargo.
El dictamen concluyó que la designación “no se ajustó a derecho”, ya que el exadministrador municipal mantenía una sanción accesoria derivada de una condena previa que le impedía ejercer funciones públicas.
Designación tras renuncia generó cuestionamientos
El caso se originó en marzo, cuando el alcalde Sebastián Sichel confirmó la renuncia de Fuentes como administrador municipal luego de conocerse una condena en su contra por conducir en estado de ebriedad durante 2024.
Sin embargo, al día siguiente el funcionario fue nuevamente contratado por el municipio, esta vez como Dideco, decisión que provocó críticas políticas y solicitudes de revisión ante el ente contralor.
Tras analizar los antecedentes, la Contraloría determinó que al momento de su nombramiento persistía una inhabilidad judicial vigente, lo que impedía legalmente su designación.
Posible falta a la probidad administrativa
En su resolución, el organismo fiscalizador también advirtió una eventual infracción al principio de probidad administrativa.
Según el dictamen, el funcionario no habría informado oportunamente a la municipalidad sobre la sentencia condenatoria y habría declarado bajo juramento no estar afecto a inhabilidades para ejercer cargos públicos.
Estos antecedentes podrían derivar en nuevas evaluaciones administrativas dependiendo de las acciones posteriores del municipio.
Municipalidad pedirá reconsideración
Desde la Municipalidad de Ñuñoa defendieron el procedimiento y anunciaron que solicitarán una reconsideración del dictamen.
La administración comunal sostiene que la sanción judicial se encuentra actualmente en etapa de cumplimiento, por lo que el funcionario aún no ha asumido formalmente el cargo. Según indicaron, la inhabilidad quedaría subsanada una vez finalizada la medida, prevista para el próximo 16 de abril.
En esa línea, el municipio adelantó que presentará nuevos antecedentes dentro de los plazos legales con el objetivo de revertir la resolución del órgano contralor.
Caso sigue abierto
El escenario permanece abierto y podría generar implicancias administrativas adicionales, dependiendo del análisis que realice la Contraloría tras la solicitud de reconsideración.
El pronunciamiento del organismo vuelve a instalar el debate sobre estándares de probidad y cumplimiento de requisitos legales en nombramientos dentro de la administración pública.
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