Parlamentarios de oposición solicitaron la intervención de la Contraloría para determinar si ministros del Gobierno de José Antonio Kast incurrieron en conflictos de interés al impulsar el Plan de Reconstrucción, acusando posibles beneficios económicos derivados de sus propios patrimonios.
Parlamentarios de oposición presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República de Chile para que investigue un posible conflicto de interés en la implementación del Plan de Reconstrucción impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast.
La acción apunta directamente a la eventual participación de ministros cuyos patrimonios personales podrían verse favorecidos por las medidas económicas contenidas en la iniciativa gubernamental.
Parlamentarios solicitan pronunciamiento por probidad y abstención
El requerimiento fue presentado por los diputados Juan Santana, Daniel Manouchehri, Gael Yeomans, Jorge Brito, Boris Barrera, Carolina Cucumides, Irací Hassler, Luis Cuello, junto a los senadores Daniel Núñez y Daniella Cicardini.
En el documento, los legisladores solicitaron que el órgano contralor evalúe una eventual vulneración a los principios de probidad administrativa y abstención por parte de ministros de Estado que participaron en la elaboración y tramitación del proyecto.
Asimismo, pidieron que se determine si dichas autoridades deben inhabilitarse de futuras discusiones legislativas vinculadas al plan.
Apuntan a beneficios económicos para ministros
El diputado Santana explicó que la presentación se basa en antecedentes contenidos en las declaraciones de patrimonio e intereses realizadas por autoridades del Ejecutivo.
Según sostuvo, existirían situaciones que podrían configurar conflicto de interés conforme al principio de abstención establecido en la Ley N°19.880.
Entre los casos mencionados se encuentra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien —según la oposición— podría verse beneficiado por medidas tributarias como exenciones de contribuciones y ajustes al sistema corporativo, considerando sus inversiones y propiedades.
También fue mencionado el ministro de Defensa, Fernando Barros, cuyo patrimonio, de acuerdo con datos citados por la organización Nodo XI, alcanzaría cifras cercanas a los 700 mil millones de pesos. Según los parlamentarios, la aprobación del proyecto podría generar beneficios económicos anuales significativos asociados a las reformas propuestas.
Presión política sobre el Plan de Reconstrucción
La ofensiva ante Contraloría abre un nuevo frente político para el Gobierno, instalando dudas respecto a la transparencia en la formulación del Plan de Reconstrucción Nacional.
Desde la oposición sostienen que no cuestionan la necesidad de impulsar medidas de reconstrucción, sino la participación directa de autoridades que eventualmente podrían obtener ventajas económicas derivadas de las decisiones legislativas.
El requerimiento busca que el ente fiscalizador determine si corresponde aplicar inhabilidades administrativas y resguardar la confianza pública en la tramitación del proyecto, en medio de un escenario político cada vez más tensionado entre oficialismo y oposición.
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