La diputada Nathalie Castillo cuestionó el proyecto de Reconstrucción del Gobierno, acusando una posible desregulación ambiental y debilitamiento de los mecanismos de control.
La diputada Nathalie Castillo (PC) advirtió que el proyecto de ley de “Reconstrucción nacional y desarrollo económico y social” contiene medidas que, a su juicio, implican una desregulación ambiental significativa y podrían debilitar los mecanismos de control sobre proyectos de inversión en el país.
La iniciativa fue ingresada por el gobierno del presidente José Antonio Kast el pasado 22 de abril y contempla 33 artículos, de los cuales siete abordan materias medioambientales.
Cuestionamientos a cambios en el sistema de evaluación ambiental
Uno de los puntos más críticos señalados por la parlamentaria es la eliminación de la invalidación administrativa de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables, contenida en el artículo 13 del proyecto.
Según Castillo, esta modificación dejaría sin herramientas efectivas a organizaciones sociales y comunidades para impugnar proyectos que presenten eventuales vicios de legalidad dentro del proceso de evaluación ambiental.
En esa línea, la diputada advirtió que la medida podría reducir los niveles de fiscalización ciudadana sobre proyectos de alto impacto.
Indemnizaciones y límites a acciones cautelares
Otro aspecto cuestionado corresponde a la eventual restitución de recursos a titulares de proyectos que, pese a contar con una RCA favorable, sean posteriormente anulados por decisión judicial.
Esta disposición, contemplada entre los artículos 14 y 18, representa —según la legisladora— más de la mitad del contenido ambiental del proyecto, lo que evidencia, a su juicio, un cambio estructural en el enfoque regulatorio.
Asimismo, Castillo criticó la limitación de las medidas cautelares, ya que el artículo 19 establece un plazo máximo de seis meses para paralizar proyectos con impacto ambiental.
Debate por “simplificación regulatoria” y estándares ambientales
La diputada sostuvo que estas modificaciones responden a una lógica de simplificación regulatoria que podría ser regresiva en materia de protección ambiental, especialmente en un contexto donde —según indicó— la normativa vigente ya presenta debilidades en su aplicación.
“Es legítimo avanzar en procesos más ágiles, pero no a costa de flexibilizar estándares ambientales ni debilitar los mecanismos de control”, señaló la parlamentaria.
Tensión entre inversión y protección ambiental
El proyecto ha abierto un nuevo debate político entre crecimiento económico y resguardo ambiental, en un escenario donde distintos sectores han advertido la necesidad de equilibrar la atracción de inversión con la protección de ecosistemas y comunidades locales.
Mientras el Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta de reactivación económica, críticas desde la oposición alertan sobre un eventual retroceso en la institucionalidad ambiental del país.
Leave a Reply