El tribunal consideró que el exdiputado Joaquín Lavín León integraba una presunta red de corrupción estatal y ordenó su prisión preventiva por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso de facturas falsas que habrían generado un perjuicio fiscal cercano a $104 millones.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León y de su exasesor Arnaldo Domínguez, imputados como autores de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.
La resolución fue adoptada por el juez Daniel Urrutia, quien sostuvo que la libertad del exparlamentario representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación penal en curso.
Tribunal acredita participación en red de corrupción
Durante la audiencia de formalización, el magistrado dio por acreditados los antecedentes presentados por el Ministerio Público de Chile, señalando que existirían indicios suficientes para sostener la participación del imputado en una presunta red de corrupción vinculada al aparato estatal.
El tribunal fijó además un plazo de investigación de 90 días, período en el cual la Fiscalía continuará reuniendo pruebas y desarrollando diligencias investigativas.
Entre los antecedentes expuestos se incluyeron correos electrónicos enviados por Lavín León en los que instruía desvincular masivamente a funcionarios municipales, incorporando una planilla con 235 nombres, situación que —según Fiscalía— evidenciaría intervención directa en decisiones administrativas internas.
Influencia en contrataciones municipales
La fiscal Lorena Parra sostuvo que el exdiputado habría ejercido influencia indebida en contrataciones realizadas en la Municipalidad de Maipú mediante su exasesor legislativo Carlos Fairlie.
Según la persecutora, Fairlie mantenía un doble rol: formalmente dependía del municipio, pero en la práctica respondía a requerimientos políticos del entonces parlamentario, lo que configuraría un eventual tráfico de influencias dentro de la estructura municipal.
Facturas falsas y perjuicio fiscal
De acuerdo con la investigación, el caso apunta a la emisión de al menos 34 facturas ideológicamente falsas mediante empresas vinculadas, mecanismo que habría permitido el desvío de recursos públicos para fines políticos.
El Ministerio Público sostiene que parte de estos fondos habría estado relacionado con campañas electorales asociadas a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, pareja del exdiputado.
El perjuicio fiscal estimado alcanzaría cerca de $104 millones, cifra que habría sido rendida ante la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y el Servicio de Impuestos Internos mediante documentos tributarios presuntamente falsos.
Entre las sociedades mencionadas en la investigación figura la imprenta MMG, propiedad del empresario Juan Silva, además de la empresa Modo 74 SpA, entidades que habrían emitido documentación utilizada para justificar gastos inexistentes.
Investigación sigue en desarrollo
Con la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal estimó que existen riesgos de reiteración del delito y eventuales obstáculos para el desarrollo de la investigación si los imputados permanecían en libertad.
El caso se suma a otras indagatorias por presunta corrupción municipal que han marcado la agenda judicial en Chile durante los últimos años, reforzando el debate público sobre probidad, financiamiento político y control del uso de recursos fiscales.
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