La prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León reactivó el foco judicial sobre su entorno familiar, donde ya son tres los integrantes vinculados a investigaciones por fraude al fisco, corrupción y delitos económicos en distintas causas.
La decisión del tribunal reactivó el foco sobre el entorno político y familiar del excandidato presidencial, en medio de investigaciones por fraude al fisco y corrupción municipal.
La prisión preventiva decretada contra el exdiputado Joaquín Lavín León volvió a tensionar el escenario político y judicial chileno. Con esta resolución, ya son tres familiares directos vinculados al entorno del exalcalde y excandidato presidencial Joaquín Lavín quienes enfrentan formalizaciones o investigaciones penales en distintas causas.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva del exparlamentario tras imputarlo por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos, decisión que marca uno de los episodios judiciales más complejos para una familia históricamente influyente dentro de la derecha chilena.
Tribunal acusa peligro para la sociedad
Lavín León fue enviado a prisión preventiva junto a su exasesor Arnaldo Domínguez, luego de que el tribunal estimara que su libertad constituye un riesgo para la sociedad.
El juez Daniel Urrutia sostuvo que existen antecedentes suficientes para vincular al exdiputado con una eventual “red de corrupción en el sistema estatal”, fijando además un plazo de 90 días de investigación.
Facturas falsas y presunto financiamiento político
Según expuso el Ministerio Público, la investigación apunta a la emisión de 34 facturas ideológicamente falsas y al eventual uso de recursos públicos con fines políticos relacionados con la gestión municipal de su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.
La Fiscalía calcula un perjuicio fiscal cercano a $104 millones.
Entre las pruebas presentadas se incluyeron correos electrónicos donde Lavín León habría instruido desvinculaciones masivas y coordinaciones vinculadas a contrataciones municipales.
La fiscal Lorena Parra indicó además que un asesor municipal operaba formalmente para el municipio, pero respondía materialmente a instrucciones del entonces diputado.
Barriga también enfrenta proceso judicial
El caso se suma a la causa penal que enfrenta Cathy Barriga, formalizada por delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y corrupción durante su administración en Maipú.
La investigación ha expuesto millonarios déficits municipales y presuntas irregularidades administrativas, manteniendo a la exjefa comunal bajo medidas cautelares mientras avanzan las diligencias.
Otro familiar formalizado en causa financiera
El empresario Felipe Infante Saavedra, primo de Joaquín Lavín, también fue formalizado en 2025 por administración desleal y apropiación indebida en una investigación tramitada en el Juzgado de Garantía de Colina.
La causa, liderada por el fiscal Claudio Aguirre, incluye diligencias sobre movimientos migratorios, cuentas bancarias y eventuales vínculos comerciales.
Un clan político bajo presión judicial
Las distintas investigaciones han incrementado la presión pública sobre uno de los grupos familiares más influyentes del gremialismo chileno y han reabierto cuestionamientos políticos hacia el entorno histórico de la UDI.
A ello se suman controversias previas vinculadas al exyerno de Lavín, Isaac Givovich, cuyo nombre volvió al debate público tras antiguas denuncias por presuntas irregularidades financieras.
La prisión preventiva de Lavín León instala así un nuevo capítulo en el impacto político del denominado caso Maipú, proyectando consecuencias que trascienden lo judicial y alcanzan directamente la imagen pública de figuras emblemáticas de la derecha chilena.
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