La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joanna Pérez, manifestó reparos a una indicación legislativa que permitiría a hospitales y establecimientos educacionales reportar a migrantes en situación irregular, advirtiendo riesgos humanitarios y sanitarios, además de cuestionar que la medida complique la tramitación de la ley de reconstrucción actualmente en discusión.
Un nuevo debate sobre migración y seguridad volvió a tensionar el Congreso, esta vez tras la presentación de una indicación que permitiría a hospitales y establecimientos educacionales informar a autoridades sobre personas migrantes en situación irregular para facilitar procesos de expulsión.
La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Joanna Pérez, advirtió que la propuesta abre un escenario complejo tanto desde el punto de vista humanitario como sanitario, especialmente al involucrar espacios destinados a garantizar derechos básicos.
Salud y educación bajo presión migratoria
La parlamentaria sostuvo que el país ya cuenta con instrumentos legales para enfrentar el fenómeno migratorio irregular y cuestionó la necesidad de introducir nuevas medidas que podrían generar efectos contraproducentes.
Según explicó, la ley de control de identidad preventivo migratorio —de la cual fue autora— tomó meses de tramitación legislativa y aún presenta dificultades en su aplicación práctica.
“Los mecanismos existen. No debemos complejizar aún más el sistema, especialmente dentro de una ley de reconstrucción que es urgente sacar adelante”, señaló.
El riesgo de alejar a personas de servicios esenciales
Más allá del debate jurídico, Pérez puso el foco en las consecuencias sociales que podría generar la iniciativa. A su juicio, vincular hospitales y colegios con procesos de denuncia migratoria podría provocar que personas extranjeras eviten acudir a centros de salud o educación por temor a sanciones.
La diputada advirtió que esa situación podría transformarse en un problema sanitario mayor, afectando no solo a migrantes, sino también a comunidades completas.
“Puede ser riesgoso generar medidas que terminen alejando a personas extranjeras de atenciones básicas o de urgencia, porque eso también tiene consecuencias humanitarias y sanitarias que no podemos ignorar”, afirmó.
Seguridad versus derechos: un debate abierto
El episodio refleja una tensión cada vez más visible en la política chilena: cómo equilibrar el control migratorio con el resguardo de derechos fundamentales.
Mientras sectores del Congreso impulsan medidas más duras en materia de expulsiones y fiscalización, voces dentro del propio oficialismo advierten que políticas diseñadas desde la lógica exclusivamente securitaria pueden terminar trasladando el conflicto migratorio a espacios sociales sensibles como la salud y la educación.
Para Pérez, el desafío pendiente no pasa solo por endurecer normas, sino por implementar correctamente las herramientas ya existentes sin comprometer principios básicos de acceso universal a servicios esenciales.
La discusión legislativa continuará en las próximas semanas, en medio de un escenario donde migración, seguridad y cohesión social vuelven a cruzarse como uno de los debates políticos más complejos del país.
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