“Seguiremos cobrando”: Quiroz defiende embargos por deudas del CAE y revela que muchos afectados tienen altos ingresos

La controversia por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) escaló este martes luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmara que el Gobierno mantendrá los procesos de cobro impulsados por la Tesorería General de la República (TGR), pese a las críticas de usuarios que denuncian el congelamiento o vaciamiento de sus cuentas bancarias.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente polémica en redes sociales, donde decenas de personas han acusado a la Tesorería de retener fondos sin previo aviso, reabriendo el debate sobre el sistema de financiamiento universitario y el costo fiscal que implica la morosidad de los créditos estudiantiles.

Lejos de anunciar una flexibilización de las medidas, Quiroz defendió la estrategia del Ejecutivo y sostuvo que el Estado no puede seguir absorbiendo indefinidamente el costo de quienes no cumplen con sus obligaciones financieras.

El costo oculto del CAE: US$500 millones al año

Tras participar en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro fue enfático al señalar que el CAE fue financiado con recursos públicos y que el incumplimiento de los pagos termina siendo cubierto por todos los contribuyentes.

“El CAE es un crédito que se les entregó a las personas en un esfuerzo de todos los chilenos. Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado”, sostuvo.

Según explicó, cada año el Fisco desembolsa cerca de US$500 millones para responder ante los bancos por los créditos impagos, debido a que el sistema contempla garantías estatales que protegen a las entidades financieras frente a la morosidad.

La cifra vuelve a poner sobre la mesa el debate respecto del diseño original del CAE y la carga fiscal que ha significado para sucesivos gobiernos.

Hacienda asegura que la mayoría de los embargados tiene altos ingresos

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones de Quiroz fue la caracterización realizada sobre quienes han sido objeto de medidas de embargo.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el secretario de Estado, actualmente existen cerca de 1.500 personas afectadas por acciones de cobro, pero una parte importante correspondería a contribuyentes con elevados niveles de ingresos.

“Buena parte de esos son sueldos arriba de tres millones y medio de pesos al mes. Gente que gana más de cinco millones de pesos al mes también”, afirmó.

El ministro sostuvo que muchos de estos deudores no habrían aprovechado las oportunidades de regularización ofrecidas por el Estado, pese a encontrarse en condiciones económicas para hacerlo.

No obstante, abrió la puerta a revisar situaciones particulares de personas con menores ingresos que eventualmente hayan sido afectadas por las medidas de cobro.

Reprogramaciones y nuevas facilidades

Desde Hacienda destacan que durante los últimos 90 días se impulsó una campaña para incentivar la reprogramación de deudas asociadas al CAE.

Según Quiroz, cerca de 30 mil personas ya han iniciado este proceso, accediendo a mecanismos que permiten renegociar obligaciones pendientes y evitar acciones judiciales o administrativas más severas.

Además, el ministro adelantó que el proyecto de Reconstrucción actualmente en discusión incorpora disposiciones especiales destinadas a facilitar la regularización de deudas administradas por Tesorería.

Pese a ello, fue categórico al señalar que la política de recuperación de recursos continuará.

“Todo aquel que quiera reprogramar va a poder reprogramar, pero vamos a seguir cobrando ordenadamente y se va a seguir reprogramando”, afirmó.

Las declaraciones reflejan una señal clara del Ejecutivo: mientras existan alternativas de pago disponibles, el Estado continuará utilizando las herramientas legales para recuperar recursos fiscales en un contexto donde la presión sobre las finanzas públicas sigue siendo uno de los principales desafíos económicos del país.