Más déficit, menos margen y una deuda en ascenso. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el deterioro de las cuentas fiscales está obligando al Gobierno a buscar nuevos recursos mediante endeudamiento, una estrategia que podría elevar la deuda pública hasta el 43,6% del PIB y acercar al país al límite de sostenibilidad definido por los expertos.
Las luces amarillas volvieron a encenderse sobre las finanzas públicas chilenas. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados que la nueva autorización de endeudamiento solicitada por el Gobierno podría elevar la deuda bruta del país hasta un 43,6% del Producto Interno Bruto (PIB), acercándola peligrosamente al umbral prudente de 45% definido por la propia institucionalidad fiscal.
La advertencia surge en medio de crecientes presiones sobre las cuentas públicas y luego de que el Ejecutivo solicitara autorización para contraer obligaciones adicionales por hasta US$6.200 millones durante 2026.
Aunque la cifra parece responder a necesidades de financiamiento inmediatas, detrás de la solicitud emerge una realidad más compleja: un deterioro de las proyecciones fiscales, menores ingresos efectivos y una creciente dependencia del endeudamiento para cubrir compromisos del Estado.
La exposición del organismo estuvo encabezada por su presidenta, Paula Benavides, junto al vicepresidente Sebastián Izquierdo y el gerente de Estudios, Mario Arend, quienes detallaron los riesgos asociados al escenario fiscal actual.
Déficit mayor al previsto obliga a buscar más financiamiento
Según explicó el CFA, las necesidades de financiamiento del Gobierno han aumentado significativamente respecto de las proyecciones realizadas meses atrás.
La principal razón es el empeoramiento del déficit fiscal esperado para los próximos años, impulsado por una combinación de menores ingresos fiscales, ajustes en las estimaciones de recaudación tributaria y mayores compromisos de gasto.
A ello se suman factores financieros como las fluctuaciones del tipo de cambio, el incremento de las necesidades de caja y la reducción del stock de deuda flotante que tradicionalmente sirve como mecanismo de administración financiera del Estado.
El Consejo recordó que parte de estas presiones ya habían sido advertidas anteriormente, incluyendo problemas asociados al financiamiento del reajuste del sector público y diferencias presupuestarias detectadas en distintas partidas de gasto.
Como consecuencia, el Ejecutivo enfrenta un escenario donde las alternativas disponibles comienzan a reducirse.
Tres caminos: más deuda, usar reservas o un ajuste fiscal más severo
El análisis del CFA plantea una disyuntiva que podría marcar la política económica de los próximos años.
De acuerdo con el organismo, el Gobierno deberá optar entre incrementar aún más el endeudamiento, continuar utilizando activos fiscales acumulados en años anteriores o implementar un ajuste fiscal más profundo para equilibrar las cuentas públicas.
La dificultad radica en que los activos del Tesoro Público ya se encuentran en niveles históricamente bajos, lo que limita la capacidad de recurrir a reservas para enfrentar nuevas necesidades de financiamiento.
Por otra parte, un mayor endeudamiento implica acercarse al límite considerado prudente por los expertos, elevando el costo financiero para el Estado y reduciendo el margen de respuesta frente a eventuales crisis económicas o emergencias futuras.
Según las estimaciones presentadas por el Consejo, la deuda pública podría aumentar desde el escenario base de 43,1% del PIB hasta 43,4%, e incluso alcanzar 43,6% si el crecimiento económico resulta inferior a las proyecciones oficiales.
El crecimiento económico vuelve a ser la variable clave
Durante la presentación, Paula Benavides señaló que la solicitud de mayor endeudamiento refleja un problema estructural: la insuficiencia de fuentes permanentes de financiamiento para sostener el gasto público.
En ese contexto, enfatizó la necesidad de fortalecer el crecimiento económico, mejorar la eficiencia del gasto estatal, reducir la evasión tributaria y aumentar la capacidad de generación de ingresos fiscales.
El organismo valoró parcialmente el plan de acciones correctivas impulsado por el Ejecutivo, que contempla un ajuste fiscal cercano a los US$1.000 millones. Sin embargo, advirtió que los esfuerzos de consolidación deberán mantenerse en el tiempo para evitar que la deuda siga acercándose al límite prudente.
Los expertos coinciden en que operar cerca o sobre el umbral del 45% del PIB no es un escenario inocuo. Una deuda más elevada implica mayores pagos por intereses, presión sobre las tasas de financiamiento y menor capacidad del Estado para reaccionar frente a shocks económicos, desastres naturales o períodos de desaceleración.
Por ello, el CFA reiteró que la prioridad debe ser avanzar hacia una senda sostenible de consolidación fiscal que permita estabilizar la deuda pública antes de que el margen de maniobra del Estado continúe estrechándose.
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