La bancada del Partido Comunista presentó un proyecto para derogar uno de los aspectos más controvertidos de la Ley Naín-Retamal. La iniciativa busca eliminar la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes, reabriendo el debate sobre el uso de la fuerza y la igualdad ante la ley.
La bancada de diputados del Partido Comunista presentó un proyecto de ley destinado a modificar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, incluyendo la eliminación de la denominada “legítima defensa privilegiada”, una de las disposiciones más debatidas desde la entrada en vigencia de la normativa que fortaleció la protección legal de las policías y funcionarios de Gendarmería.
La iniciativa, impulsada por la diputada Lorena Pizarro, plantea que las modificaciones introducidas por la Ley N.º 21.560 generaron un régimen excepcional que altera principios fundamentales del sistema penal chileno, especialmente en materia de responsabilidad individual e igualdad ante la ley.
Según argumentan los parlamentarios comunistas, la normativa vigente establece una presunción legal que favorece a los funcionarios policiales cuando utilizan fuerza letal en determinadas circunstancias, trasladando a las víctimas la carga de demostrar que dicha actuación no estuvo justificada.
El cuestionamiento a la “legítima defensa privilegiada”
En el texto presentado al Congreso, los autores sostienen que la legislación actual modificó el funcionamiento tradicional de la legítima defensa dentro del ordenamiento jurídico chileno.
“La nueva figura presume que el funcionario policial que usa fuerza letal en determinadas circunstancias actuó correctamente, cambiando la lógica del sistema penal y obligando a la víctima a demostrar que el uso de la fuerza no estuvo justificado”, señala la iniciativa.
Los impulsores del proyecto aseguran que su propuesta no pretende eliminar el derecho a la legítima defensa reconocido por la legislación chilena, sino restablecer las mismas reglas que se aplican al resto de los ciudadanos.
En ese sentido, sostienen que la existencia de un régimen especial para funcionarios policiales genera diferencias que podrían afectar principios básicos del sistema judicial.
Los cambios que propone el Partido Comunista
El proyecto contempla tres modificaciones principales. La primera busca derogar los párrafos incorporados al artículo 10 del Código Penal por la Ley Naín-Retamal, que establecen la presunción de legítima defensa en determinados procedimientos policiales.
La segunda modificación propone reemplazar el artículo 150 D del Código Penal para restablecer una redacción anterior relacionada con los delitos de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por funcionarios públicos.
La propuesta establece sanciones para aquellos empleados públicos que ordenen, ejecuten o permitan este tipo de conductas, así como para quienes, teniendo conocimiento de ellas, no adopten medidas para impedirlas o detenerlas.
Finalmente, el proyecto también busca derogar el artículo 330 del Código de Justicia Militar.
Debate sobre seguridad y derechos fundamentales
La presentación de esta iniciativa reabre una discusión que ha marcado el debate político en Chile desde la aprobación de la Ley Naín-Retamal en 2023.
Sus defensores sostienen que la normativa entrega herramientas necesarias para proteger a Carabineros y otros funcionarios que enfrentan situaciones de alto riesgo en el ejercicio de sus funciones. Por el contrario, sus detractores argumentan que algunas de sus disposiciones podrían debilitar los mecanismos de control sobre el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.
El proyecto recién inicia su tramitación legislativa y deberá ser analizado en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, donde se espera un intenso debate entre quienes buscan fortalecer las facultades policiales y quienes promueven mayores controles sobre su actuación.
La propuesta del Partido Comunista se suma así a una discusión que continúa generando divisiones en el mundo político y que vuelve a instalar en la agenda temas relacionados con seguridad pública, derechos humanos y responsabilidad penal de los agentes del Estado.
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