Una deuda de más de $18 millones, 40 mil imanes de campaña, empresarios extranjeros y el retiro de propaganda mediante un vehículo fiscal forman parte de la demanda que hoy complica a la senadora Camila Flores y que podría derivar en una batalla judicial de alto impacto político.
Una imprenta acusa una millonaria deuda por 40 mil imanes publicitarios vinculados a la campaña senatorial de la parlamentaria. El caso podría escalar a tribunales especiales debido al fuero que protege a la legisladora y suma antecedentes que involucran a intermediarios, empresarios extranjeros e incluso el retiro de material mediante un vehículo fiscal.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, enfrenta una demanda civil por el presunto no pago de más de $18 millones correspondientes a la elaboración de material publicitario utilizado durante su última campaña parlamentaria.
La acción judicial fue presentada por el comerciante Hugo Villar Lara, propietario de una imprenta que reclama el pago de una factura emitida por la confección de 40 mil imanes promocionales con la imagen de la actual legisladora. El monto adeudado ascendería a $18,3 millones, según los antecedentes dados a conocer por Radio Biobío.
Debido a que Flores cuenta con fuero parlamentario, el proceso deberá seguir un procedimiento especial antes de avanzar en tribunales.
El rol del ministro de fuero en la causa
Como establece la legislación vigente, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá designar a un ministro de fuero encargado de revisar la admisibilidad de la demanda presentada contra la parlamentaria.
Solo una vez cumplido ese trámite podrá determinarse si existen antecedentes suficientes para dar curso a la acción judicial y continuar con el proceso respectivo.
La situación ha generado atención debido a que involucra gastos asociados a una campaña electoral, ámbito que se encuentra sujeto a estrictas normas de financiamiento y transparencia.
Según los antecedentes publicados, los servicios habrían sido gestionados mediante terceros que actuaron como intermediarios durante el período electoral, lo que ha abierto interrogantes respecto de quién autorizó efectivamente la contratación y quién debía responder por el pago del material.
Intermediarios y empresarios extranjeros aparecen en los antecedentes
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la investigación es la supuesta participación de empresarios chinos mencionados por algunos de los involucrados.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, estas personas habrían manifestado disposición a colaborar en el financiamiento del material publicitario utilizado durante la campaña. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución judicial que determine responsabilidades o confirme dichas versiones.
La investigación también incorpora registros que mostrarían a un escolta de Carabineros asignado a la senadora retirando parte de la propaganda desde la imprenta. Según la información publicada, el traslado se habría realizado utilizando un vehículo fiscal destinado a labores de apoyo y seguridad de la parlamentaria.
Estos antecedentes podrían transformarse en elementos relevantes dentro de la discusión judicial si la causa continúa avanzando.
La defensa de Camila Flores
Frente a las acusaciones, la senadora negó cualquier participación directa en la contratación de los servicios reclamados por la imprenta.
Flores aseguró que no existe ninguna orden de compra, guía de despacho ni documento que acredite que ella solicitó la confección del material publicitario en cuestión.
Asimismo, rechazó categóricamente las imputaciones y afirmó que ejercerá todas las acciones necesarias para demostrar su posición ante los tribunales.
“Estos hechos serán debidamente esclarecidos y acreditados ante los tribunales de justicia, instancia en la que ejerceré plenamente mi derecho a defensa”, señaló la legisladora.
Mientras la Corte de Apelaciones de Valparaíso resuelve los pasos iniciales del procedimiento, el caso suma un nuevo capítulo que podría tener repercusiones políticas y judiciales para la parlamentaria en medio del debate sobre transparencia y financiamiento electoral en Chile.
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