El titular de Seguridad Pública pidió antecedentes al director general de la PDI tras conocerse observaciones de Contraloría sobre el ingreso de niños haitianos bajo reunificación familiar. La Fiscalía ya inició una investigación de oficio.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó como “muy grave” las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile durante 2025 bajo la figura de reunificación familiar.
Las declaraciones se producen luego de que trascendieran antecedentes contenidos en un preinforme del organismo fiscalizador, que habría identificado fallas en los controles migratorios y en los procedimientos de verificación aplicados al ingreso de menores de edad al país.
Ministro pidió antecedentes a la PDI
Tras conocerse los antecedentes, Arrau informó que solicitó un informe específico al director general de la Policía de Investigaciones de Chile para esclarecer las circunstancias en que se produjo el ingreso de los menores.
Según explicó, aunque la situación está siendo analizada por la División de Migraciones del Ministerio del Interior, decidió adoptar medidas inmediatas para obtener mayores antecedentes sobre el caso.
“Independientemente de eso, apenas supimos la noticia, hablé con el Director General de la Policía de Investigaciones y he solicitado un informe específico sobre esta situación”, señaló el secretario de Estado.
La autoridad agregó que estos antecedentes se suman a otras evaluaciones que actualmente realiza el Gobierno para fortalecer los controles migratorios en las fronteras y puntos de ingreso al territorio nacional.
“Hoy Chile tiene un sistema de control que nos gustaría fortalecer para ser mucho más estrictos en el ingreso de personas que tengan algún tipo de alerta”, sostuvo.
Diferencias respecto de las responsabilidades
Consultado por las declaraciones del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien atribuyó la responsabilidad de los controles de ingreso a la PDI, Arrau indicó que la información preliminar que ha recibido apunta a una situación distinta.
“La información preliminar que tengo de la Policía de Investigaciones era contraria a eso, que efectivamente había otro tipo de visación. Por eso estoy esperando el informe definitivo”, afirmó.
No obstante, el ministro recalcó que la prioridad debe estar puesta en esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de los menores involucrados.
“Sea la explicación que sea, es una situación de mucha gravedad. Son menores de edad que podrían haber sido utilizados y, por tanto, tenemos que esperar estos reportes, pero es algo muy grave y hay que realizar todas las investigaciones que correspondan”, agregó.
Contraloría detectó falencias en controles migratorios
De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el preinforme de la Contraloría habría detectado diversas irregularidades en el proceso de ingreso de menores haitianos bajo reunificación familiar.
Entre las observaciones figuran debilidades en la verificación de los vínculos familiares entre los niños y los adultos responsables que los acompañaban, registros incompletos y deficiencias en los procedimientos de control migratorio.
Asimismo, durante fiscalizaciones realizadas posteriormente, el organismo no habría logrado ubicar a parte de los menores que ingresaron al país mediante este mecanismo.
Fiscalía abrió investigación de oficio
Ante la gravedad de los antecedentes, el Ministerio Público decidió iniciar una investigación de oficio para determinar si existieron delitos o responsabilidades administrativas relacionadas con estos hechos.
La causa quedó radicada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, organismo que deberá recopilar antecedentes, establecer eventuales incumplimientos normativos y determinar si hubo participación de funcionarios públicos o terceros en posibles irregularidades.
El caso ha generado preocupación entre las autoridades debido a la eventual vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como por la posibilidad de que las debilidades detectadas en los controles migratorios hayan sido aprovechadas de manera irregular por terceros.
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