El dictamen del organismo fiscalizador estableció que la exministra de Seguridad Pública requirió antecedentes que excedían sus facultades legales y advirtió un eventual incumplimiento del deber de abstención.
La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, actuó fuera del marco de sus atribuciones al solicitar información detallada sobre funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que participaban en una investigación penal en curso.
La determinación quedó plasmada en el Dictamen N.º D344/2026, emitido tras los requerimientos formulados por los diputados Raúl Leiva, Patricio Pinilla y Tatiana Urrutia, quienes solicitaron revisar la legalidad del oficio reservado N.º 28 enviado por la entonces secretaria de Estado a la PDI.
Contraloría cuestiona el alcance de la solicitud
Según el organismo fiscalizador, el requerimiento de información sobre una brigada antinarcóticos vinculada a una causa investigada por el Ministerio Público podía, en términos generales, enmarcarse dentro de las atribuciones que la Ley N.º 21.730 entrega al Ministerio de Seguridad Pública.
Sin embargo, el dictamen sostiene que el nivel de detalle solicitado excedía esas facultades.
Entre los antecedentes requeridos figuraban el RUT de los funcionarios, sus grados, destinos actuales, antecedentes disciplinarios, sumarios administrativos y eventuales denuncias penales.
La Contraloría concluyó que esa solicitud «excede la facultad general de requerir informes», ya que dicha información no resultaba necesaria para las labores de planificación y supervisión que corresponden al ministerio.
Advierte posible afectación de una investigación penal
El organismo recordó además que la legislación prohíbe ejercer esta facultad cuando exista riesgo de afectar una investigación penal en curso, aun cuando la información tenga carácter reservado.
En ese contexto, el dictamen señala que las circunstancias analizadas podrían configurar precisamente ese escenario.
Asimismo, la Contraloría destacó que los funcionarios sobre los cuales se solicitó información pertenecían a una unidad policial con la que Trinidad Steinert había trabajado anteriormente durante su desempeño como fiscal regional de Tarapacá.
Por ello, el órgano contralor estimó que correspondía aplicar el deber legal de abstención para evitar eventuales conflictos de interés.
«La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención», señala el dictamen.
Contraloría valida salida de Consuelo Peña y descarta cierre de unidad
El pronunciamiento también abordó la salida de la exprefecta general Consuelo Peña, concluyendo que su desvinculación se ajustó a derecho.
Además, descartó que la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública haya sido disuelta, precisando que dicha dependencia continúa formando parte de la estructura orgánica del ministerio y que su eventual eliminación requeriría una modificación legal.
Leave a Reply