Un estudio de Corporación Ciudades reveló que 311 establecimientos educacionales se encuentran a menos de 100 metros de puntos críticos por precipitaciones identificados por Senapred. El análisis cobra relevancia tras la suspensión de clases en la Región Metropolitana por el sistema frontal.
Las intensas precipitaciones pronosticadas para la Región Metropolitana y la suspensión total de clases decretada para este viernes reabrieron el debate sobre la vulnerabilidad de la infraestructura escolar frente a eventos climáticos extremos.
Un estudio elaborado por Corporación Ciudades, utilizando datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), identificó que 311 establecimientos educacionales del Gran Santiago se ubican a menos de 100 metros de un punto crítico por precipitaciones.
La cifra incluye 151 jardines infantiles y establecimientos de educación parvularia y 160 colegios, donde diariamente asisten más de 85 mil niños, niñas y adolescentes, quienes podrían verse afectados por inundaciones, anegamientos o problemas derivados de sistemas frontales de gran intensidad.
Más de un millón de personas vive cerca de zonas críticas
El análisis también determinó que uno de cada cinco habitantes del Gran Santiago reside a menos de 100 metros de un punto crítico por precipitaciones.
Esto equivale a más de 1,13 millones de personas, entre ellas 242 mil niños, niñas y adolescentes, quienes viven en sectores catalogados con mayor exposición frente a lluvias intensas.
Los datos evidencian que el riesgo no solo afecta a los establecimientos educacionales, sino también a miles de familias que habitan en áreas donde históricamente se registran anegamientos, desbordes o colapsos de infraestructura sanitaria.
La Cisterna, Recoleta y Renca entre las comunas con mayor exposición
El estudio identificó diferencias importantes entre las comunas del Gran Santiago.
La Cisterna aparece como la comuna con mayor proporción de establecimientos educacionales cercanos a puntos críticos, donde uno de cada cuatro colegios se encuentra próximo a sectores de riesgo.
También destacan Recoleta y Renca, comunas donde una parte significativa de la población infantil vive cerca de zonas que presentan anegamientos frecuentes o colapso de colectores durante sistemas frontales.
La resiliencia urbana como desafío
El director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade, sostuvo que las lluvias registradas durante esta semana demuestran la necesidad de avanzar desde una lógica reactiva hacia una planificación preventiva.
«Las lluvias de esta semana muestran que la discusión no puede limitarse únicamente a responder la emergencia. Lo relevante es que ya conocemos dónde están los puntos críticos y sabemos que miles de estudiantes desarrollan su vida escolar muy cerca de ellos.»
El especialista agregó que fortalecer la resiliencia urbana implica reducir la exposición de la infraestructura educativa a estos riesgos y planificar ciudades capaces de enfrentar eventos climáticos cada vez más intensos.
Problemas de drenaje concentran la mayoría de los puntos críticos
El informe revela que el 81% de los puntos críticos del Gran Santiago corresponde a problemas asociados al drenaje urbano.
En detalle:
- 41% corresponde a anegamientos de calles, caminos o pasos bajo nivel.
- 40% está relacionado con el colapso de colectores de aguas lluvias y alcantarillado.
Según Andrade, estos antecedentes muestran que gran parte de los problemas son conocidos por las autoridades y pueden ser abordados mediante inversiones preventivas en infraestructura.
«Cuando la gran mayoría de los puntos críticos corresponde a problemas de drenaje e infraestructura que ya conocemos, el desafío es pasar de reaccionar frente a cada sistema frontal a intervenir esos lugares de manera preventiva», señaló.
Finalmente, el estudio concluye que, frente al aumento de los eventos climáticos extremos asociado al cambio climático, la planificación urbana deberá incorporar la reducción del riesgo como un elemento prioritario para resguardar la continuidad de la educación y la seguridad de las comunidades escolares.
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