El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda pidió al Ministerio de Justicia explicar las supuestas irregularidades mencionadas públicamente sobre la política de búsqueda de detenidos desaparecidos. Además, sostuvo que los recientes hallazgos fueron posibles gracias al trabajo investigativo y a las diligencias judiciales encabezadas por el ministro en visita Álvaro Mesa.
El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informar de manera urgente cuáles son los antecedentes que respaldan las supuestas «irregularidades» mencionadas públicamente respecto de la ejecución de esta política de Estado.
La instancia también cuestionó que la cartera atribuya como propios resultados que, según afirmó, corresponden al trabajo desarrollado por el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa en el marco de las investigaciones judiciales.
Comité destaca avances en investigaciones sobre detenidos desaparecidos
El pronunciamiento surge tras los antecedentes conocidos en los casos de Luis Pino Soto y Bernarda Vera Contardo, cuyas investigaciones fueron impulsadas en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda.
Según el Comité, las indagatorias permitieron reunir antecedentes relevantes que posteriormente fueron remitidos al ministro Álvaro Mesa, quien ordenó diversas diligencias judiciales, entre ellas un peritaje genético que permitió confirmar la identidad de Bernarda Vera.
La organización valoró que el resultado fuera comunicado personalmente por el magistrado a los familiares, quienes durante décadas desconocieron el destino de la víctima.
Acusan que el Ministerio debe cumplir su rol legal
En la declaración pública, el Comité sostuvo que corresponde al Ministerio de Justicia esperar la existencia de una resolución judicial firme antes de efectuar modificaciones administrativas, como la actualización del Registro de Personas Víctimas de Desaparición Forzada.
Asimismo, planteó que la cartera debe incorporar en dicho registro a personas cuya desaparición forzada haya sido establecida mediante sentencias judiciales ejecutoriadas, aunque no figuren en las nóminas elaboradas por las comisiones oficiales de verdad.
«El Comité espera que, en lugar de atribuirse públicamente un resultado que corresponde al trabajo desarrollado en sede judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumpla con su obligación legal», señala el documento.
La instancia también exigió que las autoridades expliquen cuáles serían las supuestas irregularidades detectadas y sobre qué antecedentes concretos sustentan esas afirmaciones.
Rechazan utilización política del caso
El Comité manifestó su rechazo a que estos antecedentes sean utilizados para cuestionar la legitimidad o los avances del Plan Nacional de Búsqueda.
A juicio de la organización, cualquier intento de desacreditar esta política pública también pone en riesgo el reconocimiento de la verdad histórica establecida respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar.
La declaración sostiene que el plan constituye una política de Estado destinada a reconstruir el destino de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, además de contribuir a la verdad, la justicia y la reparación para sus familias.
Declaración fue respaldada por organizaciones de derechos humanos
El documento fue suscrito por representantes de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, organizaciones de derechos humanos, académicos, sitios de memoria y representantes regionales.
Entre los firmantes figuran Erika Hennings, presidenta del Comité y de Londres 38; Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos; además de Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto a académicos, historiadores y representantes de organizaciones de distintas regiones del país.
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