La acción judicial fue presentada tras la difusión de un preinforme reservado de la Contraloría sobre el caso «Niños Haitianos». El Consejo de Defensa del Estado sostiene que la filtración vulneró los derechos de los menores involucrados y busca identificar a los responsables.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables por la filtración de antecedentes del denominado caso «Niños Haitianos», luego de que un preinforme reservado de la Contraloría General de la República (CGR) fuera divulgado antes de su publicación oficial.
La acción fue presentada por la Procuraduría Fiscal de Santiago ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y busca establecer eventuales responsabilidades penales por la difusión de información protegida por la legislación vigente.
Investigación apunta a vulneración de derechos de menores
Según informó el CDE, la querella se fundamenta en el delito contemplado en el artículo 64, inciso final, de la Ley N.º 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
El organismo sostiene que la difusión del preinforme reservado vulneró el deber legal de confidencialidad destinado a resguardar la privacidad y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes involucrados en la investigación.
El documento correspondía a una investigación especial desarrollada por la Contraloría sobre eventuales irregularidades en el ingreso de menores haitianos al país.
Contraloría inició un sumario administrativo
De acuerdo con los antecedentes, el informe fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación antes de la publicación oficial del informe definitivo, ocurrida el 24 de junio de 2026, fecha en que el contenido pasó a tener carácter público.
Tras conocerse la filtración, la Contraloría instruyó un sumario administrativo, remitió los antecedentes al Ministerio Público y solicitó al Consejo de Defensa del Estado evaluar la presentación de acciones judiciales.
Como resultado de ese análisis, el CDE decidió presentar la querella criminal para que la justicia determine quiénes fueron responsables de revelar información que, por mandato legal, debía permanecer bajo reserva.
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