El Gobierno apostó a una puesta en escena de alto impacto con la Operación Cancerbero, pero el fallo del Tribunal Constitucional y la salida de Natalia Duco y Andrés Otero terminaron desplazando parte del foco. Analistas advierten sobre los problemas de coordinación y el riesgo de que la espectacularidad comunicacional no se traduzca en resultados concretos.
La Moneda había preparado el terreno durante semanas para convertir este jueves en una demostración de fuerza en materia de seguridad. La entrada en operación del plan Cancerbero, destinado a trasladar a líderes de organizaciones criminales a un recinto penitenciario de alta seguridad, buscaba marcar lo que el Presidente José Antonio Kast había definido como un “cambio de mano” frente al crimen organizado.
El Ejecutivo desplegó todos sus recursos comunicacionales para reforzar ese mensaje. Sin embargo, al terminar la jornada, dos hechos inesperados terminaron compitiendo directamente con la agenda que La Moneda pretendía instalar: el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la megarreforma impulsada por el Gobierno y la salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero.
La secuencia fue especialmente simbólica.
Apenas un minuto después de las 22:00 horas, el Tribunal Constitucional informó su resolución sobre las impugnaciones presentadas por la oposición contra determinadas disposiciones de la reforma.
Diez minutos después, a las 22:11, Presidencia comunicó que Duco y Otero habían presentado sus renuncias al Ministerio del Deporte.
Así, una jornada que había comenzado con helicópteros, cárceles, fuerzas policiales y una transmisión en vivo terminó marcada por un fallo institucional y una crisis política dentro del propio gabinete.
Un operativo diseñado para dominar la agenda
La Operación Cancerbero fue presentada por el Gobierno como una señal concreta del nuevo enfoque frente al crimen organizado.
El Presidente Kast se trasladó durante la madrugada hasta Talca y, desde las primeras horas de la mañana, Presidencia difundió imágenes del operativo ejecutado por Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.
El despliegue incluyó el traslado de líderes de organizaciones criminales desde distintos recintos penitenciarios hasta una cárcel de alta seguridad ubicada en la comuna de La Laguna, en Talca.
Las imágenes de los internos uniformados y esposados de pies y manos, sumadas a la transmisión en vivo de la operación, buscaron construir una idea clara: el Gobierno pretendía mostrar que la política de seguridad había entrado en una nueva etapa.
La estrategia tenía además un objetivo político evidente: asociar la gestión de Kast con capacidad de acción y control frente al crimen organizado.
El problema fue que la agenda presidencial no terminó bajo control exclusivo de La Moneda.
Del “cambio de mano” al ruido político
Durante las últimas semanas, el Gobierno ha debido enfrentar una serie de episodios que han obligado al Presidente y a sus ministros a responder sobre asuntos distintos de la agenda que pretendían priorizar.
Uno de ellos fue la polémica protagonizada por el presidente del Partido Republicano y senador Arturo Squella, quien cuestionó al laboratorio que realizó el examen de drogas al exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, luego de que este registrara un resultado positivo.
A ello se sumaron las declaraciones de Squella sobre una eventual privatización de Codelco y la propuesta del Partido Nacional Libertario para establecer que mujeres que accedan a un aborto legal deban escuchar los latidos del feto antes del procedimiento, incluso en circunstancias contempladas por la legislación vigente.
En ambos casos, La Moneda terminó destinando parte importante de sus esfuerzos comunicacionales a marcar distancia o explicar que aquellas materias no constituían las prioridades del Ejecutivo.
Y este jueves ocurrió algo similar.
La operación que debía dominar la agenda tuvo que compartir espacio con una crisis ministerial y con una decisión del Tribunal Constitucional sobre una de las principales reformas promovidas por el Gobierno.
El TC y un nuevo frente para La Moneda
El fallo del Tribunal Constitucional tampoco resultó completamente adverso para el Ejecutivo.
El organismo acogió parcialmente los requerimientos de la oposición, pero mantuvo elementos relevantes de la reforma, entre ellos disposiciones vinculadas a la invariabilidad tributaria.
Para el investigador de Faro UDD, abogado y magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica, Rodrigo Pérez de Arce, el impacto político del fallo fue limitado debido a su carácter técnico.
“El fallo no es completamente negativo para el Gobierno”, sostuvo, señalando que, aunque se pierde en aspectos como la indemnización asociada a la nulidad de una RCA, se mantiene uno de los elementos centrales de la reforma.
Desde esa perspectiva, el analista considera que la resolución del TC no consiguió desplazar completamente la operación de seguridad.
Su lectura contrasta con la del académico Marco Moreno, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, quien advierte que el Gobierno continúa teniendo dificultades para conservar el control de la agenda.
Según Moreno, la aprobación de la megarreforma permitió al Ejecutivo exhibir capacidad para construir mayorías políticas. Sin embargo, episodios como el caso Duco y el fallo del TC vuelven a abrir espacios para que la oposición y otros actores políticos impongan sus propios temas.
El problema, plantea, es que la estrategia comunicacional puede terminar funcionando en sentido contrario si el espectáculo supera a los resultados.
“La espectacularidad de la operación” podría terminar siendo mayor que sus efectos penitenciarios.
La advertencia apunta directamente al desafío que enfrenta el Gobierno: las imágenes pueden instalar una agenda durante algunas horas, pero la ciudadanía finalmente evaluará si esas operaciones producen resultados concretos y sostenibles.
La salida de Duco golpeó por otro flanco
La renuncia de Natalia Duco y Andrés Otero agregó otro problema a la jornada.
La exdeportista había sido una de las apuestas personales de Kast al momento de conformar su gabinete. Sin embargo, su gestión había acumulado distintos episodios polémicos, entre ellos conflictos con el Instituto Nacional de Deportes y cuestionamientos relacionados con la utilización de un vehículo fiscal.
La revelación de un video que mostró a Duco participando en una actividad social mientras utilizaba el vehículo terminó transformándose en el punto de quiebre.
La salida de ambos funcionarios fue comunicada apenas diez minutos después de que el TC difundiera su fallo.
Para la doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Valparaíso, Javiera Arce, el episodio no puede ser leído únicamente como un problema particular del Ministerio del Deporte.
A su juicio, también expone dificultades en materia de selección de autoridades y coordinación política.
La académica cuestionó especialmente la aparente falta de coordinación dentro del Ejecutivo y sostuvo que algunos episodios hacen que el Gobierno parezca estar reaccionando más que conduciendo la agenda.
En una de sus críticas más duras, Arce afirmó que algunas situaciones dan la impresión de que las autoridades fueran “estudiantes en práctica”.
El problema que queda detrás de las cámaras
La discusión política no termina, entonces, en quién logró imponer un titular durante la jornada.
El Gobierno consiguió poner en escena una operación de seguridad de gran magnitud y logró transmitir una imagen de autoridad frente al crimen organizado. Eso es precisamente lo que destacan quienes consideran que Cancerbero consiguió cumplir su objetivo comunicacional.
Pero el problema aparece cuando se observa la jornada completa.
La salida de dos autoridades del Ministerio del Deporte, un fallo del TC que obliga al Gobierno a defender aspectos centrales de su reforma, las controversias protagonizadas por dirigentes oficialistas y las dudas sobre la coordinación interna configuran un escenario bastante más complejo que el que pretendía proyectar La Moneda.
Para Moreno, la situación demuestra que el Gobierno todavía tiene dificultades para administrar el denominado “ruido” político que rodea su gestión.
Pérez de Arce, en cambio, considera que el Ejecutivo logró mantener la seguridad como principal eje de la jornada y que los problemas podrían transformarse en un asunto mayor solo si comienzan a repetirse de manera sistemática.
Y ahí está probablemente el punto central.
Una operación policial puede ser espectacular durante un día. Una política de seguridad necesita demostrar resultados durante meses y años.
La Moneda parece haber entendido que la batalla comunicacional es parte de la disputa política. Lo que todavía está por verse es si detrás de las imágenes, las transmisiones en vivo y los anuncios existe una capacidad suficiente para sostener esa agenda sin que las propias descoordinaciones del Gobierno terminen devolviendo el protagonismo a sus adversarios.
Porque, en política, no basta con escoger el escenario: también hay que conseguir que nadie dentro de la propia casa cambie el guion antes de que termine la función.
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