La investigación por presuntas irregularidades en millonarios contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb suma una nueva arista: el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el levantamiento del secreto bancario de los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto y del exdiputado Hugo Gutiérrez, además de otras diligencias. La Fiscalía busca establecer si existió una estructura de favores, gestiones e intermediaciones vinculada a eventuales pagos indebidos.
El debate sobre el secreto bancario adquiere un particular giro a propósito de la investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.
La causa, encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la PDI, apunta a establecer si existió un mecanismo destinado a favorecer determinadas adjudicaciones mediante la entrega de información reservada, intervenciones en procesos administrativos u otras gestiones, eventualmente a cambio de beneficios económicos o laborales.
En ese contexto, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el levantamiento del secreto bancario de los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto y del exdiputado Hugo Gutiérrez, junto con otras medidas investigativas. La información conocida sobre la resolución señala que la Fiscalía podrá acceder a antecedentes de las operaciones bancarias comprendidas en la autorización, en una diligencia orientada a reconstruir eventuales movimientos de dinero relacionados con la investigación.
Secreto bancario: la Fiscalía pone la lupa sobre la ruta del dinero
La decisión judicial introduce una nueva dimensión en una investigación que ya había contemplado allanamientos e incautación de teléfonos, computadores y otros dispositivos electrónicos en dependencias de Junaeb, domicilios y oficinas parlamentarias.
La pregunta que aparece ahora es evidente: ¿hasta dónde puede conducir la ruta del dinero?
Cuando una investigación busca establecer eventuales delitos como cohecho, soborno, tráfico de influencias o lavado de activos, el análisis de movimientos financieros puede constituir una pieza relevante para determinar si existieron pagos, transferencias o contraprestaciones vinculadas a determinadas decisiones.
En el caso Junaeb, las diligencias se relacionan principalmente con contratos de alimentación escolar adjudicados a la empresa SOSER S.A., sobre los cuales el Ministerio Público investiga eventuales irregularidades y posibles gestiones destinadas a favorecer intereses privados.
La investigación alcanza a parlamentarios y exautoridades
Entre las personas mencionadas en las diligencias judiciales aparecen los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, además del exdiputado Hugo Gutiérrez. La investigación también comprende a exautoridades, exjefaturas y funcionarios vinculados a Junaeb, entre ellos la exdirectora nacional Camila Rubio, además de personas relacionadas con la empresa y otros actores de la trama investigada.
Las diligencias realizadas en el Congreso y otros inmuebles forman parte de una investigación que intenta determinar las conexiones entre funcionarios públicos, actores privados y eventuales intermediarios.
La propia información judicial difundida subraya que la realización de estas diligencias no significa que todas las personas mencionadas tengan responsabilidad penal acreditada. La investigación continúa y corresponde al Ministerio Público establecer, caso a caso, la existencia de delitos y la participación que eventualmente pudiera corresponder.
¿Querrán ahora levantar el secreto bancario?
Y aquí aparece la pregunta incómoda —con una cuota de ironía política— que abre el nuevo capítulo de esta causa:
Cuando una investigación por presuntas coimas llega a la ruta del dinero, ¿quién estará dispuesto a que las cuentas hablen?
Porque más allá de las declaraciones públicas y de las disputas políticas que puedan surgir en torno al caso, el levantamiento del secreto bancario apunta precisamente a buscar antecedentes objetivos que permitan confirmar o descartar las hipótesis investigativas.
Eso sí, una precisión es indispensable: estar mencionado en una investigación, ser objeto de una diligencia judicial o tener información bancaria revisada no acredita culpabilidad. La responsabilidad penal debe determinarse individualmente a partir de la evidencia reunida y de las resoluciones de los tribunales.
Por ahora, el caso Junaeb sigue avanzando y suma una pregunta que promete marcar el debate: cuando una investigación toca contratos millonarios y posibles pagos indebidos, ¿hasta dónde estarán dispuestos a seguir la ruta del dinero?
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