Estimaciones basadas en la Casen 2024 sitúan en 28.586 a los beneficiarios de gratuidad pertenecientes a los deciles de mayores ingresos. El Gobierno reforzó los cruces de información para detectar inconsistencias y estima un ahorro de $39.700 millones, mientras expertos advierten sobre las debilidades de la focalización y el diseño del sistema.
La gratuidad en la educación superior entró en el debate sobre el gasto público en Chile. El Gobierno busca mejorar la asignación de este beneficio estatal, luego de que estudios basados en la Encuesta Casen 2024 identificaran a miles de estudiantes que pertenecen a los hogares de mayores ingresos del país y que, pese a ello, reciben financiamiento para sus estudios.
De acuerdo con una investigación de Fernanda Castillo, del centro de estudios Horizontal, cerca de 28.586 beneficiarios se ubicarían en los deciles 9 y 10, correspondientes al 20% de mayores ingresos. La estimación forma parte de un análisis sobre la focalización de la gratuidad y no significa, por sí sola, que cada uno de esos estudiantes haya cometido una irregularidad.
El tema adquirió mayor relevancia después de que la ministra de Educación, María Paz Arzola, cuestionara la rigurosidad con que se asignaba el beneficio. En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha planteado la necesidad de revisar los mecanismos de control y detectar posibles inconsistencias en los antecedentes socioeconómicos declarados por los postulantes.
Quiénes son los estudiantes que reciben gratuidad pese a sus altos ingresos
Según las estimaciones recogidas por el estudio de Horizontal, alrededor de 6.680 beneficiarios pertenecerían al décimo decil, el segmento de mayores ingresos. El análisis también identifica una concentración de estos estudiantes en carreras profesionales y en la Región Metropolitana.
Para dimensionar las cifras, los ingresos por persona de los hogares del noveno decil se situaban, con valores de 2024, entre $825 mil y $1,3 millones mensuales. En el décimo decil se encontraban quienes superaban los $1,3 millones por integrante del hogar.
Al actualizar los montos a valores monetarios posteriores, el rango estimado para el noveno decil se ubica entre $886 mil y $1,4 millones por persona. Así, un hogar de cuatro integrantes con ingresos mensuales de entre $3,5 millones y $5,8 millones podría situarse en el noveno decil, mientras que uno que supera los $5,8 millones entraría en el décimo, según las cifras citadas en el análisis.
La gratuidad está dirigida a estudiantes que cumplen los requisitos establecidos por la política pública, entre ellos los criterios socioeconómicos. Sin embargo, pertenecer actualmente a un decil de mayores ingresos no demuestra automáticamente que una persona haya entregado información falsa: para establecerlo es necesario revisar los antecedentes considerados al momento de la postulación y la asignación del beneficio.
Más de $373 mil millones destinados a beneficiarios fuera de la población objetivo
El impacto fiscal es otro de los puntos centrales de la discusión. El estudio de Horizontal estima que la asignación de gratuidad a personas de los dos deciles de mayores ingresos representó un gasto aproximado de $373 mil millones en 2024, expresado en pesos de 2025.
Por su parte, un análisis de Libertad y Desarrollo citado por The Clinic calcula que, bajo el supuesto de costos promedio homogéneos por estudiante, el gasto anual destinado a beneficiarios que estarían fuera de la población objetivo podría acercarse a los $500 mil millones. Esta última cifra corresponde a una estimación referencial y no a un monto fiscal auditado caso a caso.
El Ejecutivo también ha advertido sobre posibles inconsistencias en la información declarada por algunos postulantes en el Registro Social de Hogares (RSH). El ministro Jorge Quiroz ha señalado situaciones en las que beneficiarios figurarían como personas que viven solas, pese a que presuntamente compartirían hogar con sus padres u otros familiares.
No obstante, las cifras agregadas no permiten concluir que todos los estudiantes ubicados en los deciles superiores hayan entregado antecedentes falsos. La discusión combina posibles problemas de verificación, diferencias entre los registros administrativos y la situación socioeconómica de los hogares, además de cuestionamientos al diseño del beneficio.
Registro Social de Hogares y mecanismos de focalización
Florencia Croxatto, economista del Programa Social de Libertad y Desarrollo, considera que las cifras representan una señal de alerta sobre la focalización de la gratuidad. Entre los factores que podrían explicar las diferencias menciona las dificultades para verificar los ingresos y la composición familiar en el Registro Social de Hogares.
Según los datos citados en el reportaje, el 51% de los hogares inscritos en el RSH aparece como unipersonal, frente al 21% registrado por la Casen. La diferencia plantea interrogantes sobre la calidad y consistencia de la información utilizada para determinar quiénes cumplen los requisitos de los beneficios sociales.
Fernanda Castillo, autora del estudio de Horizontal, también apunta a las limitaciones del cruce entre el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), el Registro Social de Hogares y otras bases de datos estatales. A su juicio, las deficiencias en la verificación pueden abrir espacios para que personas con ingresos superiores a los de la población objetivo reciban el financiamiento.
La investigadora añade que el sistema opera con una lógica de “todo o nada”: quienes cumplen el umbral socioeconómico pueden acceder al beneficio, mientras que quienes lo superan quedan excluidos. Según su análisis, esa discontinuidad podría generar incentivos para intentar permanecer dentro del tramo requerido.
Entre las propuestas de Horizontal está avanzar hacia una asignación gradual del beneficio, junto con mejorar los mecanismos de validación de antecedentes y la integración de las bases de datos estatales. El objetivo sería reducir errores de focalización sin perder de vista el apoyo a estudiantes de menores ingresos.
Gobierno informa ahorros por $39.700 millones
Como parte de las medidas para reforzar los controles, la Subsecretaría de Educación Superior implementó un modelo de detección de anomalías que cruza información del FUAS con registros del Servicio de Impuestos Internos, el Registro Social de Hogares, el Registro Civil y otras fuentes administrativas.
Según explicó la subsecretaria Fernanda Valdés a The Clinic, el sistema permitió detectar inconsistencias que antes podían pasar inadvertidas. La autoridad atribuyó a este mecanismo un impacto de ahorro estimado en $39.700 millones.
El cálculo considera el valor promedio ponderado del arancel regulado para la oferta académica de 2026 -cercano a $3,7 millones- y la disminución de 10.730 beneficiarios en curso inicial entre 2025 y 2026, pese a que la cantidad de postulantes se mantuvo prácticamente estable. La cifra corresponde a una estimación presentada por la autoridad y no debe confundirse con un monto de recuperación de recursos obtenido mediante sanciones o cobros individuales.
La subsecretaría también informó cambios en los procesos de apelación para beneficios estudiantiles. En 2026 se registraron 23.264 apelaciones, frente a 26.348 en 2025, una caída de 8,2%. En el caso específico de la gratuidad, el beneficio se asignó a 5.908 personas que apelaron, en comparación con 9.757 el año anterior, lo que representa una disminución de 39,4%, según las cifras publicadas en el reportaje.
La discusión sobre la gratuidad enfrenta así dos objetivos: resguardar los recursos fiscales y asegurar que el apoyo llegue a la población para la que fue diseñado. El desafío será determinar cuánto de las diferencias responde a fallas de los registros, cuánto a problemas en las reglas de asignación y qué medidas permiten corregirlas sin perjudicar a estudiantes que cumplen legítimamente con los requisitos.
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