Deuda superior a $900 millones y una demanda en camino: el futuro del Club Pato Cornejo tras 25 años bajo administración municipal

La Municipalidad de Lo Barnechea recibió la concesión del recinto deportivo por 25 años, luego de que el terreno fiscal fuera restituido al Estado en junio. Mientras el alcalde Felipe Alessandri condiciona la recuperación de las instalaciones a la regularización de las cuentas pendientes, Bienes Nacionales prepara acciones judiciales para exigir el pago de las obligaciones que atribuye a los anteriores ocupantes.


El Club Pato Cornejo, recinto deportivo ligado durante más de tres décadas al extenista nacional Patricio Cornejo, inicia una nueva etapa después de años de conflictos administrativos, problemas financieros y disputas por el uso del terreno fiscal donde funciona. El complejo, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, dejó de estar bajo el control de sus anteriores administradores y quedó a la espera de un proceso de recuperación que permita devolver sus instalaciones a la actividad deportiva.

El 22 de junio de 2026, el terreno fue restituido al Estado, bajo la administración del Ministerio de Bienes Nacionales. Posteriormente, el Consejo Regional Metropolitano aprobó entregar la concesión del recinto a la Municipalidad de Lo Barnechea por un período de 25 años, con el objetivo de que la entidad comunal asuma su administración y desarrolle un proyecto de recuperación de las instalaciones.

Sin embargo, la transferencia de la administración no resolvió uno de los principales problemas que arrastra el complejo: las deudas acumuladas durante los años de ocupación. Según los antecedentes expuestos por el Ministerio de Bienes Nacionales, las obligaciones pendientes superarían los $900 millones, mientras todavía deben determinarse los montos correspondientes a distintos servicios básicos y establecerse las responsabilidades legales asociadas.

Lo Barnechea condiciona la recuperación del recinto al pago de las deudas

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, ha señalado que el municipio no asumirá obligaciones económicas generadas por administraciones anteriores. Según explicó a The Clinic, la municipalidad envió un oficio al seremi de Bienes Nacionales, Heinz Almendares, para advertir que necesita recibir el recinto con las cuentas regularizadas antes de iniciar su intervención.

La preocupación municipal no se limita al arriendo del terreno fiscal. También existen cuentas pendientes por servicios como electricidad, agua potable y gas, cuyos montos deben ser aclarados antes de que la nueva administración pueda avanzar con sus planes para el complejo deportivo.

Alessandri sostuvo que el municipio no cuenta con un título que le permita pagar obligaciones que no fueron generadas durante su gestión. Una vez resuelta esa situación, la intención es invertir en el mejoramiento de las canchas y de la infraestructura general, que presenta deficiencias de mantención después de años de dificultades administrativas y económicas.

El objetivo de la municipalidad es recuperar el recinto y habilitarlo para el uso de la comunidad, idealmente antes de finalizar 2026. No obstante, ese calendario dependerá de la regularización de las cuentas pendientes y de las condiciones en que se reciban las instalaciones.

La concesión por 25 años abre la posibilidad de desarrollar un proyecto deportivo de largo plazo, pero su puesta en marcha continúa supeditada a la resolución de un conflicto financiero que antecede a la llegada del municipio.

Bienes Nacionales prepara acciones judiciales por las obligaciones pendientes

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales descartaron que el Estado o la Municipalidad de Lo Barnechea deban asumir automáticamente las deudas generadas durante la ocupación del inmueble fiscal. El seremi Heinz Almendares afirmó que las obligaciones corresponden a los anteriores ocupantes, aunque los montos definitivos y las responsabilidades específicas deben establecerse conforme a los antecedentes del caso.

La autoridad explicó que, después de la restitución del terreno, se detectaron consumos de agua potable y electricidad correspondientes a los últimos días de ocupación que todavía no habían sido facturados. Por esa razón, la cartera se encuentra coordinando con las empresas proveedoras y el municipio la determinación de esas sumas.

Una vez que se establezcan los montos y las obligaciones correspondientes, Bienes Nacionales anunció que impulsará acciones judiciales con la representación del Consejo de Defensa del Estado, con el propósito de perseguir las responsabilidades que legalmente procedan y exigir el pago de las deudas atribuibles a los anteriores ocupantes.

La estrategia busca evitar que las consecuencias económicas del conflicto terminen trasladándose al patrimonio público. Sin embargo, la determinación de quién debe responder por cada obligación dependerá de los antecedentes contractuales, administrativos y judiciales que se examinen en las instancias correspondientes.

El proceso también deberá distinguir entre las deudas por el uso del terreno fiscal, los servicios básicos impagos y otras obligaciones que pudieran haberse generado durante las distintas etapas de administración del club.

Un conflicto que comenzó con el arriendo del terreno fiscal

La historia reciente del Club Pato Cornejo está marcada por sucesivos cambios en la administración del inmueble. El recinto fue fundado en 1993 por el extenista Patricio Cornejo en un terreno fiscal de aproximadamente 16.400 metros cuadrados, donde se desarrollaron actividades deportivas vinculadas principalmente al tenis.

En 2019, el Ministerio de Bienes Nacionales adjudicó el arriendo del terreno al empresario Maurice Khamis, mediante un contrato por cinco años y un canon anual de $330 millones. El acuerdo contemplaba que Khamis asumiera la condición de arrendatario, mientras Cornejo continuaría vinculado a la administración deportiva del complejo.

Sin embargo, el escenario económico posterior al estallido social y a la pandemia dificultó la continuidad del proyecto. Según los antecedentes del ministerio, el pago del arriendo dejó de efectuarse en abril de 2020, lo que dio origen a un conflicto que se prolongaría durante los años siguientes.

En 2023, Bienes Nacionales exigió la restitución del inmueble y emprendió acciones contra Khamis por el incumplimiento de las condiciones del arriendo. Pese a ello, el recinto continuó funcionando mientras se desarrollaban nuevas gestiones para mantener en marcha la actividad deportiva y encontrar una fórmula que permitiera asegurar su continuidad.

Durante 2024, el club pasó a una sociedad relacionada con Patricio Cornejo, en medio de las negociaciones con el ministerio. Sin embargo, los problemas económicos no se resolvieron y la situación contractual del terreno siguió siendo motivo de controversia.

Permisos provisorios y una concesión que nunca se concretó

En la última etapa del conflicto, la Sociedad Academia de Tenis Pato Cornejo SpA recibió permisos provisorios para ocupar el inmueble fiscal. Desde la entidad cuestionaron posteriormente la decisión de exigir la restitución del terreno, argumentando que habían cumplido con los pagos correspondientes a esos permisos.

El representante legal de la sociedad, Roberto Garrido, sostuvo que existían gestiones orientadas a obtener una concesión de mayor duración que permitiera desarrollar un proyecto deportivo estable. El propio Patricio Cornejo también había manifestado públicamente su interés en mantener abierto el recinto y preservar su función para la comunidad.

No obstante, esos permisos no se tradujeron en un contrato permanente. En junio de 2026, la Seremi de Bienes Nacionales notificó nuevamente la obligación de devolver el predio denominado Rancho Pato Cornejo, decisión que terminó con la restitución del terreno al Estado el día 22 de ese mes.

La entrega del inmueble cerró, al menos administrativamente, la etapa de ocupación por parte de los anteriores responsables, pero dejó pendiente la discusión sobre las deudas y las obligaciones económicas acumuladas durante los años de funcionamiento.

La alternativa de Nicolás Massú quedó fuera del proyecto

Durante las negociaciones para mantener el recinto en funcionamiento también se evaluó una alternativa que involucraba al extenista Nicolás Massú, quien, junto a familiares y socios, habría sostenido reuniones con representantes de Bienes Nacionales para explorar una eventual administración orientada a potenciar la actividad tenística.

La propuesta no prosperó. Según antecedentes recogidos por The Clinic entre personas conocedoras de las conversaciones, una administración privada habría requerido un modelo de financiamiento que posiblemente implicaría cobrar a los usuarios por el uso de las instalaciones, mientras que la alternativa municipal permitiría proyectar un acceso comunitario diferente.

Finalmente, el Ministerio de Bienes Nacionales optó por respaldar la administración de Lo Barnechea, decisión que se concretó mediante la concesión aprobada por el Consejo Regional Metropolitano.

El desafío ahora consiste en transformar esa concesión en un proyecto viable, recuperar las instalaciones y esclarecer las responsabilidades económicas pendientes. Mientras el municipio espera recibir el recinto con sus cuentas regularizadas, Bienes Nacionales prepara las acciones judiciales anunciadas para determinar quiénes deberán responder por las obligaciones que dejó la administración anterior.

La reapertura del Club Pato Cornejo dependerá, por tanto, no solo de las inversiones que proyecta la municipalidad, sino también de la resolución de un conflicto financiero que se arrastra desde hace años y que todavía mantiene interrogantes sobre el costo final de la recuperación del complejo deportivo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.