Autoridades argentinas expusieron ante el Senado chileno antecedentes sobre organizaciones criminales que estarían adquiriendo terrenos cercanos a la frontera para controlar pasos no habilitados y facilitar actividades ilícitas hacia Chile.
Una alerta sobre la posible expansión del crimen organizado en sectores fronterizos fue planteada ante autoridades chilenas, luego de que representantes del Ministerio Público argentino informaran sobre antecedentes relacionados con la eventual compra de predios cercanos a la frontera con Chile.
De acuerdo con lo expuesto ante integrantes del Senado chileno, organizaciones criminales estarían adquiriendo terrenos estratégicos en sectores de la Patagonia argentina con el propósito de controlar pasos no habilitados y utilizarlos para facilitar el traslado de mercancías ilegales y otras actividades delictivas hacia territorio chileno.
Los antecedentes fueron abordados durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, realizada en la Región de Magallanes, donde representantes del ente persecutor trasandino expusieron sobre la actividad de organizaciones criminales en zonas fronterizas.
Alertan por control de pasos no habilitados
Según los antecedentes entregados durante la instancia, el trabajo coordinado entre autoridades argentinas y policías chilenas habría permitido detectar a grupos que buscarían controlar pasos no habilitados en sectores de la Patagonia.
Estos puntos podrían ser utilizados para facilitar el traslado clandestino de mercancías y personas entre ambos países.
Entre las actividades ilícitas identificadas se mencionaron delitos asociados al contrabando de cigarrillos y la trata de personas, además de otras operaciones vinculadas al crimen organizado.
La situación generó preocupación entre integrantes del Senado debido a la posibilidad de que grupos criminales busquen establecer presencia permanente en sectores estratégicos de la frontera.
Pedro Araya pide anticiparse al avance del crimen organizado
El senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, calificó como grave la información expuesta por las autoridades argentinas y llamó al Gobierno chileno a adoptar medidas preventivas.
“Lo que se está denunciando desde Argentina es grave y el Gobierno no puede limitarse a observar o esperar que el problema avance”, afirmó.
El parlamentario sostuvo que, si existen antecedentes que vinculen a organizaciones criminales con la adquisición de terrenos próximos a la frontera, las autoridades deberían adoptar medidas antes de que estas estructuras puedan consolidar su presencia.
“Si existen antecedentes de organizaciones criminales que están comprando terrenos cercanos a la frontera para controlar pasos clandestinos hacia Chile, corresponde actuar ahora”, agregó.
Preocupación por presencia del Estado en zonas fronterizas
Araya planteó además que el fenómeno no debería analizarse únicamente desde la perspectiva del contrabando.
“Aquí no estamos hablando solamente de contrabando. Estamos hablando de grupos que buscan instalarse en sectores estratégicos y facilitar distintas actividades ilícitas aprovechando zonas donde la presencia del Estado es más débil”, sostuvo.
El senador advirtió que el fortalecimiento de estas estructuras podría dificultar posteriormente las labores de control y persecución del delito en sectores fronterizos.
“El crimen organizado aprovecha los espacios que el Estado deja abiertos”, afirmó.
En esa línea, señaló que el objetivo debe ser evitar que existan sectores donde las organizaciones criminales puedan ejercer un nivel de control superior al de las instituciones públicas.
“La señal tiene que ser clara: en nuestras fronteras no puede haber territorios donde las organizaciones criminales tengan más capacidad de control que el propio Estado”, sostuvo.
Coordinación entre Argentina y Chile
Los antecedentes conocidos durante la sesión también pusieron en relieve la importancia de mantener la coordinación entre las autoridades de ambos países para detectar tempranamente las operaciones de organizaciones criminales.
La cooperación entre organismos persecutores y policías busca identificar rutas utilizadas para el tráfico de mercancías y personas, además de establecer eventuales vínculos entre organizaciones que operan a ambos lados de la frontera.
Para Araya, el desafío consiste en anticiparse a una eventual consolidación de estas estructuras.
“Hay que anticiparse y actuar antes de que este problema sea mucho más difícil de enfrentar”, concluyó.

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