El crimen organizado ya no solo se expresa en territorios controlados, balaceras o disputas entre bandas. También comienza a dejar una señal preocupante dentro de las propias instituciones del Estado: autoridades que necesitan protección policial para desarrollar sus funciones.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó esta semana ante la Comisión de Seguridad del Senado una cifra que dimensiona el problema. Al menos 22 alcaldes cuentan actualmente con medidas especiales de protección estatal después de haber sido amenazados o agredidos debido a sus cargos.

De ese grupo, cerca de 10 cuentan con acompañamiento diario de funcionarios de Protección de Personas Importantes, conocidos como PPI.

Alcaldes de la Región Metropolitana bajo protección policial

Los alcaldes que actualmente cuentan con un PPI permanente se concentran en la Región Metropolitana. Los antecedentes muestran que las amenazas tienen distintos orígenes, aunque en varios casos aparecen vinculadas al narcotráfico y otros hechos de violencia.

Uno de los casos más conocidos es el de Christopher White, alcalde de San Bernardo. El jefe comunal recibió protección después de que la PDI informara sobre un supuesto plan de una organización criminal liderada por Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, para atentar contra su vida.

En Quinta Normal, la alcaldesa Karina Delfino también cuenta con vigilancia especial de Carabineros. La medida se adoptó después de que en marzo fuera encontrado el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una caja, a metros de su domicilio.

Otro caso es el de Max Luksic, alcalde de Huechuraba, comuna que ha enfrentado distintos episodios de violencia. Esta semana, desconocidos atacaron con bombas molotov la 54ª Comisaría y un cuartel de Bomberos.

Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, mantiene un PPI desde hace años. Las amenazas en su contra se remontan a 2017 y han incluido mensajes intimidatorios y episodios vinculados a actividades públicas.

Miguel Concha, alcalde de Peñalolén, también forma parte del grupo de jefes comunales que han recibido protección. Según antecedentes recopilados por Ciper, ha sido amenazado en tres oportunidades. Durante su gestión, además, se han registrado episodios de violencia en dependencias municipales.

En San Ramón, el alcalde Gustavo Toro mantiene protección policial desde 2021. Las amenazas en su contra comenzaron años antes y han incluido mensajes en redes sociales, intimidaciones durante actividades públicas y amedrentamientos directos.

A este grupo se sumó durante este año Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura. Las amenazas han ocurrido tanto presencialmente como mediante redes sociales. En uno de los episodios, una persona llegó hasta la alcaldía afirmando que portaba un cuchillo y preguntando por la jefa comunal. En otro recibió una corona de flores como mecanismo de intimidación.

Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, también se encuentra bajo protección. En febrero denunció que bandas de narcotraficantes habrían ofrecido $100 millones por su muerte.

En Santiago, el alcalde Mario Desbordes también cuenta con PPI. La misma medida se mantiene para Felipe Muñoz, alcalde de Padre Hurtado.

Amenazas que también alcanzan a alcaldes fuera de Santiago

La situación no se limita a la Región Metropolitana.

En Coquimbo, el alcalde Alí Manouchehri recibió este año una oferta de protección mediante PPI después de que el edificio consistorial fuera atacado a disparos. En agosto, el municipio recibió tres impactos de bala.

El jefe comunal, sin embargo, decidió rechazar la medida. De acuerdo con cercanos al alcalde, las policías mantienen rondas periódicas en su domicilio.

Otro caso corresponde a Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda, quien durante años contó con protección policial permanente, aunque posteriormente dejó de utilizarla.

También han recibido amenazas o sufrido episodios de amedrentamiento otros jefes comunales, como Fares Jadue, de Recoleta; Felipe Muñoz, de Estación Central; Agustín Iglesias, de Independencia; Rubén Méndez, de San Carlos; Renán Cabezas, de El Carmen; Héctor Muñoz, de Concepción; Carlos Gatica, de Coyhaique; y Macarena Ripamonti, de Viña del Mar.

Algunos cuentan con rondas periódicas u otras medidas de seguridad, pero no mantienen un escolta policial permanente.

El fenómeno deja una pregunta que va más allá de la seguridad personal de cada alcalde: ¿qué ocurre cuando ejercer el cargo de máxima autoridad de una comuna comienza a requerir protección policial permanente?

La cifra entregada por el fiscal nacional muestra que el problema ya no puede ser reducido únicamente a episodios aislados. Para decenas de autoridades locales, las amenazas y agresiones se han convertido en parte de las condiciones bajo las cuales deben ejercer sus funciones.