Rocío Farías, heredera y coaccionista del holding, presentó una querella contra su hermano Luis Pedro Farías por presunta administración desleal. La acción judicial denuncia un perjuicio patrimonial que superaría los $173 mil millones y apunta a millonarias deudas, falta de información y un supuesto desvío de activos hacia una sociedad competidora.

Una disputa entre los herederos del Grupo Pullman Bus escaló a los tribunales luego de que Rocío Farías Quevedo presentara una querella criminal contra su hermano Luis Pedro Farías Quevedo por el delito de administración desleal reiterada.

La acción judicial, patrocinada por los abogados Rebeca Zamora Picciani, Carlos Frías Tapia y Rodrigo Maldonado Santelices, estima un eventual perjuicio patrimonial de al menos $173.000 millones, equivalente a unos US$160 millones.

La investigación quedó bajo la supervisión del fiscal Fernando Donoso Rosselot, de la Fiscalía Centro Norte. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la querellante, el conflicto se profundizó después de la muerte del fundador de la compañía, Pedro Farías Soto, ocurrida en agosto de 2021.

Según el relato contenido en la acción judicial, tras el fallecimiento de su padre, Luis Pedro Farías habría asumido de manera fáctica la presidencia del directorio, concentrando la administración, representación y decisiones estratégicas del Grupo Pullman. La querella sostiene que esta situación habría terminado excluyendo a Rocío Farías, quien sería heredera del 50% de la propiedad.

Acusan exclusión de una de las herederas

Uno de los principales cuestionamientos planteados en la acción penal apunta a la falta de acceso a información corporativa. Según la querella, durante este período se habrían paralizado las juntas ordinarias de accionistas y las sesiones de directorio, dificultando el ejercicio de los derechos de fiscalización y el acceso a antecedentes contables, financieros y tributarios.

La controversia también llegó a los tribunales civiles. Los abogados de Rocío Farías sostienen que, en el marco de una medida prejudicial de exhibición de documentos solicitada ante el 2° Juzgado Civil de Santiago, la administración encabezada por Luis Pedro Farías no habría comparecido ni entregado los antecedentes requeridos.

Rebeca Zamora, abogada de la querellante, afirmó que el objetivo de la acción es establecer eventuales responsabilidades penales por la administración del grupo. “El objetivo de esta querella es perseguir la responsabilidad penal de Luis Pedro Farías, así como de cualquier otra persona que resulte responsable por la administración del Grupo”, señaló.

La abogada sostuvo además que su representada habría sido excluida de la administración pese a su calidad de accionista y que el acceso a información relevante habría sido negado incluso frente a requerimientos formales y órdenes judiciales. Carlos Frías, también abogado querellante, planteó que existen antecedentes que, a su juicio, requieren ser investigados.

“Hay manejos oscuros, donde hay conflictos de intereses y falta de transparencia que podrían ser constitutivos de manejos reprochables, pero que finalmente el Ministerio Público tendrá que determinar”, afirmó.

Millonarias deudas complican al grupo

La querella también expone una serie de contingencias económicas y financieras que afectarían a empresas vinculadas al Grupo Pullman. En materia laboral, los abogados de Rocío Farías apuntan a millonarias deudas por cotizaciones previsionales presuntamente impagas a trabajadores.

De acuerdo con la presentación judicial, esta situación habría derivado en acciones por apropiación indebida y demandas de unidad económica impulsadas por organizaciones sindicales. El escenario también alcanza a Pullman Cargo, filial que enfrenta un proceso de liquidación asociado a deudas previsionales que, según los antecedentes entregados por los querellantes, superarían los $20 mil millones.

En paralelo, existe un frente financiero con la banca. BancoEstado presentó una demanda ejecutiva contra Inmobiliaria Nova SpA, sociedad vinculada al grupo y titular de activos inmobiliarios, por pagarés vencidos desde agosto de 2023. La entidad bancaria exige el pago de más de $4.314 millones, además de intereses y costas.

Querella apunta a supuesto desvío de activos

Uno de los capítulos más sensibles de la acción penal corresponde a la acusación de un eventual “vaciamiento de activos” hacia estructuras que competirían con el negocio familiar. Según la querella, en agosto de 2025 se constituyó la Sociedad de Transportes Arzola Group Limitada, cuyo representante estaría vinculado al equipo ejecutivo del Grupo Pullman.

La acción judicial sostiene que esta nueva sociedad tendría un giro comercial similar al desarrollado por Pullman Bus y plantea como hipótesis que habría sido utilizada para desviar clientes, contratos, rutas e información estratégica.

Se trata de uno de los puntos que deberá ser esclarecido durante la investigación del Ministerio Público. Por ahora, las acusaciones forman parte de la querella presentada por Rocío Farías y no constituyen una sentencia ni una determinación judicial de responsabilidad penal.

Pullman Cargo enfrenta proceso de liquidación

A las acusaciones planteadas por la heredera se suma la situación financiera de Pullman Cargo, empresa que enfrenta un proceso de liquidación solicitado por su sindicato de trabajadores. Según los antecedentes incluidos en la querella, la solicitud estaría relacionada con el presunto no pago de cotizaciones previsionales por más de $20 mil millones.

En este contexto, el 8° Juzgado Civil de Santiago ordenó diligencias destinadas a la incautación e inventario de bienes de la empresa en sus oficinas de calle San Borja 1251. La medida también contempla la recopilación de información contable relacionada con los activos y pasivos de la compañía.

Para Rodrigo Maldonado Santelices, abogado de Rocío Farías, uno de los efectos más graves de la situación habría sido que su representada se enterara de acontecimientos relevantes del grupo por medios externos.

“Para Rocío, una de las consecuencias más graves de haber sido excluida de la administración y del acceso a información ha sido tener que enterarse por la prensa o mediante terceros de situaciones tan críticas como el proceso de liquidación que enfrenta Pullman Cargo”, sostuvo.

El abogado agregó que su representada estaría preocupada tanto por los efectos de la situación sobre los trabajadores como por la continuidad del grupo empresarial construido por su padre durante décadas.

La investigación penal deberá determinar ahora si existieron delitos, quiénes serían eventualmente responsables y cuál fue el destino de los recursos y activos cuestionados en la querella.