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Alcaldes oficialistas y de oposición cuestionaron una disposición del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal que vincula el incumplimiento de requisitos de directores de seguridad e inspectores con una eventual causal de cese del alcalde. La Moneda defendió el texto y aseguró que no crea una nueva causal de destitución.

La nueva Ley de Seguridad Municipal abrió un inesperado flanco entre La Moneda y los alcaldes, luego de que distintos jefes comunales cuestionaran una disposición incluida en el reglamento que se encuentra a la espera de su toma de razón por parte de la Contraloría.

La controversia se concentra en una cláusula que establece responsabilidades para los alcaldes respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos a los directores de seguridad pública y a los inspectores municipales.

Entre las exigencias se encuentra, por ejemplo, que quienes ejerzan estas funciones no registren antecedentes penales. El problema aparece en la consecuencia prevista ante un eventual incumplimiento.

El texto señala que esta situación “dará lugar a una sanción administrativa (…) pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo”.

La redacción provocó críticas desde distintos sectores políticos. Alcaldes de oposición y oficialistas cuestionaron que un reglamento pueda establecer consecuencias que eventualmente terminen afectando la continuidad de una autoridad elegida democráticamente.

Alcaldes cuestionan al Gobierno por el reglamento

La Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, manifestó su sorpresa por el contenido de la propuesta y aseguró que la disposición no fue previamente socializada con las asociaciones municipales ni con los propios alcaldes.

La organización sostuvo que existen “claros elementos de ilegalidad”, debido a que una causal de cese de una autoridad elegida democráticamente no podría establecerse mediante un reglamento.

Por esta razón, la asociación solicitó al Gobierno retirar el decreto que actualmente se encuentra en Contraloría.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, también cuestionó la medida y advirtió que el municipalismo no puede aceptar que un reglamento avance sobre una materia que considera especialmente delicada.

“Quienes hemos respaldado decididamente la agenda de seguridad del Gobierno también tenemos el deber de advertir cuando se comete un error. No corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente”, señaló.

El jefe comunal también cuestionó la ausencia de un trabajo previo con las asociaciones de municipios.

“Una disposición de esta gravedad tenía que ser discutida, advertida y despejada antes de llegar a la Contraloría”, sostuvo.

Desbordes acusa un “error” e “inconstitucionalidad”

Una de las críticas más duras provino del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien calificó la disposición como “inconstitucional” y sostuvo que el reglamento abre un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y los municipios.

“Abre un flanco con los alcaldes, hay molestia”, afirmó en declaraciones a 24 Horas.

Desbordes planteó además que el nivel de exigencia puede generar situaciones difíciles de controlar para las municipalidades.

“Santiago tiene mil guardias, se me puede pasar uno”, ejemplificó.

El alcalde sostuvo que los municipios están disponibles para ser fiscalizados, pero cuestionó que un eventual incumplimiento administrativo pueda terminar afectando el mandato de una autoridad elegida por los ciudadanos.

“Los alcaldes de verdad estamos de acuerdo que nos fiscalicen, que Contraloría nos haga la revisión. El Gobierno tiene que corregir ese error”, afirmó.

Bellolio e Iglesias se suman a las críticas

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, también cuestionó el contenido del reglamento y apuntó a lo que considera un problema jurídico de fondo.

“Aquí hay un problema técnico grave. Y no es primera vez”, señaló.

Bellolio calificó como “inaceptable e inconstitucional” que un decreto pueda establecer una causal que permita destituir alcaldes y sostuvo que una materia de esta naturaleza debería estar expresamente contemplada en una Ley Orgánica Constitucional.

Desde Independencia, el alcalde Agustín Iglesias sostuvo que resulta contradictorio aumentar las responsabilidades de los municipios en materia de seguridad y, al mismo tiempo, establecer una amenaza de pérdida del cargo por eventuales incumplimientos administrativos.

“No tiene sentido pedirnos a los alcaldes que asumamos cada vez más responsabilidades en seguridad y, al mismo tiempo, amenazarnos con perder el cargo por una falla administrativa”, afirmó.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, también pidió revisar la disposición y enfatizó la necesidad de que las reglas respeten el marco constitucional.

“Las reglas deben ser claras y respetar la Constitución. No podemos permitir que una decisión administrativa termine afectando la voluntad de los vecinos que eligieron a su alcalde”, señaló.

Las críticas también llegaron desde alcaldes de oposición, entre ellos Tomás Vodanovic y Karina Delfino, evidenciando que el cuestionamiento al reglamento atraviesa las divisiones políticas tradicionales.

Gobierno defiende el reglamento y descarta nueva causal de destitución

Frente a la ofensiva de los alcaldes, el Gobierno descartó que el reglamento esté creando una nueva causal para la cesación de los jefes comunales.

El biministro Claudio Alvarado afirmó que el Ejecutivo no retirará el reglamento y sostuvo que el proceso todavía se encuentra en manos de la Contraloría.

“Si ha generado confusión o ha generado incomodidad, esto hoy día está en un proceso en la Contraloría. Esperaremos la observación desde la Contraloría y lo que haya que corregir se corrige, pero aquí no hay ningún problema de fondo”, señaló.

La Subsecretaría de Prevención del Delito había planteado previamente una posición similar, asegurando que la disposición “no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo actualmente vigentes”.

Según la explicación del Gobierno, el reglamento busca regular la obligación de las municipalidades de verificar que los directores de seguridad pública y los inspectores municipales cumplan con los requisitos legales para ejercer sus funciones.

Además, establece la obligación de remitir trimestralmente la nómina de inspectores municipales a Carabineros y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 21.802.

El Ejecutivo sostiene que el eventual incumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidad administrativa y que, en el caso del alcalde, podría configurar un notable abandono de deberes.

“El notable abandono de deberes, según el artículo 60 de la LOC de Municipalidades, se configura cuando el alcalde transgrede, inexcusable y manifiesta o reiteradamente, las obligaciones que le imponen la Constitución y las normas que regulan el funcionamiento municipal”, explicó la Subsecretaría.

Desde el Gobierno recalcaron que esta causal existe en la legislación desde hace décadas y que el reglamento no modifica ni amplía su alcance.

El reglamento deberá ser revisado

Aunque La Moneda descartó retirar el reglamento de manera definitiva, desde el Ejecutivo reconocieron que el texto deberá ser revisado y eventualmente reingresado a Contraloría.

La razón es que actualmente el Congreso discute una “ley corta” sobre Seguridad Municipal. Cualquier modificación que surja de esa discusión deberá incorporarse posteriormente al reglamento.

Desde la Subsecretaría señalaron que este proceso constituye una oportunidad para revisar y perfeccionar la normativa, manteniendo además el diálogo con las asociaciones de alcaldes para recoger su experiencia práctica.

Así, la disputa que comenzó como una discusión técnica sobre los requisitos de los funcionarios municipales terminó abriendo un nuevo frente político entre los municipios y La Moneda, precisamente en una de las áreas que el Gobierno busca convertir en uno de sus principales ejes: la seguridad.