Diputados y senadores plantearon reparos a la decisión del Gobierno de incorporar a Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional. Mientras desde la oposición se advierten eventuales implicancias para la soberanía y se cuestiona la falta de debate parlamentario, desde el oficialismo se sostiene que el mecanismo busca complementar la cooperación internacional que Chile ya mantiene en materia de seguridad.
La decisión del Gobierno de adherir a Chile al Escudo de las Américas abrió un nuevo debate político en torno al alcance de la cooperación internacional en materia de seguridad y al papel que tendrá el país dentro de esta iniciativa promovida por Estados Unidos.
El Presidente José Antonio Kast defendió la participación chilena y señaló desde Nueva York que el mecanismo se encuentra en la misma línea que el denominado Compromiso de Santiago, impulsado por su administración para fortalecer la coordinación internacional contra el crimen organizado transnacional. Según reportó EFE, el mandatario destacó que más de 15 países participan de la iniciativa y sostuvo que ambas propuestas apuntan en una dirección similar.
La incorporación, sin embargo, generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Entre las principales críticas aparece la discusión respecto de los alcances concretos de la cooperación, el nivel de participación que tendrá Chile y si una decisión de esta naturaleza debió ser sometida a un debate más amplio con el Congreso.
Achurra cuestiona la decisión y advierte sobre la soberanía
El diputado Ignacio Achurra manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno y sostuvo que, a su juicio, una determinación de esta naturaleza debió ser discutida con el Congreso antes de concretarse.
“Nosotros creemos que es un error, que esta decisión debió haber sido consultada con el Congreso, debatida”, señaló el parlamentario, quien afirmó que la incorporación podría tener eventuales consecuencias respecto de la soberanía y del control sobre recursos que considera estratégicos para Chile.
Achurra también cuestionó que los alcances del mecanismo no estén suficientemente claros y planteó que resulta necesario conocer con mayor precisión las condiciones bajo las cuales Chile participará en la iniciativa.
El diputado sostuvo además que el comportamiento futuro de Estados Unidos constituye un elemento que debe ser considerado en el análisis político. En esa línea, mencionó las diferencias que —según su planteamiento— han expresado otros países frente a la iniciativa y afirmó que la política exterior chilena debería resguardar la capacidad del país para adoptar decisiones soberanas.
Sus declaraciones corresponden a una evaluación política de la decisión, por lo que sus advertencias sobre una eventual pérdida de soberanía o cesión de control de recursos no constituyen, por sí mismas, una constatación de que tales efectos estén contemplados en el acuerdo.
Desde RN también piden conocer los alcances
Una posición crítica también fue expresada por el diputado Juan Carlos Beltrán, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, quien planteó la necesidad de conocer en detalle las características de la participación chilena.
El parlamentario cuestionó que una decisión de carácter estratégico no hubiese tenido una discusión parlamentaria previa y sostuvo que el Congreso debería conocer los compromisos concretos que asumiría Chile dentro de la iniciativa.
El debate adquiere especial relevancia porque, apenas días antes del anuncio, el canciller Francisco Pérez Mackenna había señalado que Chile evaluaría participar en iniciativas regionales destinadas a fortalecer la coordinación en seguridad. En una entrevista publicada el 13 de septiembre, el ministro indicó que el país estudiaría estas propuestas “en su mérito” y descartó que existieran presiones de Estados Unidos para modificar la política exterior chilena.
Además, Cancillería había sostenido reuniones con las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara, destacando que la política exterior debe abordarse como una política de Estado y que resulta necesaria una coordinación permanente entre el Ejecutivo y el Congreso en materias internacionales.
Oficialismo defiende cooperación internacional
Desde el oficialismo, en cambio, la lectura es diferente. El senador Flores defendió la incorporación de Chile y sostuvo que el país no estaría sustituyendo sus instituciones ni entregando sus atribuciones a otro Estado.
“Chile no está reemplazando su institucionalidad ni entregando sus atribuciones a otro país; todo lo contrario, está sumando unidad y cooperación internacional”, afirmó el parlamentario, quien vinculó la decisión con la necesidad de enfrentar redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
Esta posición coincide con el argumento expuesto por el Gobierno. Kast ha señalado que el Escudo de las Américas se encuentra alineado con los objetivos que Chile ya había planteado mediante el Compromiso de Santiago, iniciativa suscrita junto a Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay para fortalecer la cooperación frente a la delincuencia organizada transnacional.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también había señalado antes de conocerse la definición final que la participación en este tipo de iniciativas estaba siendo analizada por Cancillería y el Ministerio de Defensa. En esa oportunidad sostuvo que Chile ya cuenta con mecanismos de cooperación internacional y que cualquier nueva propuesta debía evaluarse respecto de su aporte al sistema existente.
El debate queda abierto sobre el alcance de la participación chilena
La controversia política se concentra ahora en los alcances concretos que tendrá la participación de Chile en el Escudo de las Américas y en cómo se articulará con los mecanismos de cooperación que el país ya mantiene con otros Estados.
Mientras sus críticos piden conocer con precisión los compromisos derivados de la adhesión y cuestionan que la decisión no haya sido objeto de un debate parlamentario previo, el Gobierno sostiene que la iniciativa apunta a fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado y que no supone reemplazar las instituciones nacionales.
La discusión ocurre además en un contexto en que la política exterior y la seguridad internacional han adquirido un peso creciente en la agenda del Gobierno. En los últimos días, Cancillería ha insistido en la necesidad de coordinar con el Congreso materias relacionadas con la política exterior y la defensa de los intereses permanentes de Chile.
El punto central del debate, por tanto, queda radicado en qué compromisos específicos asumirá Chile, qué mecanismos de cooperación contempla la iniciativa y cómo se compatibilizará su participación con las atribuciones e instituciones nacionales. Esos elementos serán determinantes para dimensionar el alcance efectivo de la decisión anunciada por el Gobierno.
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