El rechazo de la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de migrantes irregulares dejó al Gobierno obligado a buscar una compleja salida en el Senado. En medio de esa negociación, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abrió un nuevo flanco al afirmar que preferiría no asistir al Congreso, declaración que provocó críticas parlamentarias justo cuando La Moneda necesita construir acuerdos.
Fue una semana particularmente compleja para la agenda legislativa de seguridad del Gobierno. La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por un solo voto la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de extranjeros en situación irregular para facilitar su expulsión administrativa. La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, pero necesitaba 89 respaldos para continuar su camino, dejando al Ejecutivo frente a la posibilidad de insistir en el Senado, donde deberá reunir un quórum de dos tercios.
El resultado dejó en evidencia una dificultad que excede una votación puntual: para sacar adelante parte importante de su agenda de seguridad, el Gobierno necesita negociar con parlamentarios que no forman parte de su coalición. Y precisamente en el momento en que esa tarea requería mayor interlocución política, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abrió una controversia que terminó desplazando el foco desde los contenidos de sus proyectos hacia su relación con el Congreso.
“Yo por mí, no iría al Congreso”
La frase fue pronunciada durante un conversatorio organizado por Icare y rápidamente se convirtió en el episodio político de la semana. “Yo por mí no iría al Congreso. Creo que la gestión es tremendamente más importante”, señaló Arrau, agregando que esperaba no tener que concurrir más de un día a la semana y defendiendo la importancia del trabajo de gestión de su cartera.
El problema no fue solamente la frase, sino el momento en que fue pronunciada. El Ejecutivo acababa de sufrir un revés legislativo y necesitaba precisamente abrir conversaciones con senadores para intentar rescatar la reforma constitucional. En ese contexto, las palabras del ministro fueron interpretadas por parlamentarios como una señal poco conveniente respecto del papel que cumple la negociación política en la tramitación de las leyes.
Arrau posteriormente intentó contener la controversia. Desde La Araucanía sostuvo que sus palabras habían sido interpretadas fuera de contexto y aseguró que siempre ha mantenido una valoración y respeto por la labor parlamentaria. También afirmó que continuará concurriendo al Congreso “todas las veces que sea necesario”.
La explicación permitió bajar parcialmente la tensión, pero no eliminó el problema político que había generado la declaración. Porque más allá de la intención del ministro, la discusión quedó instalada en torno a una pregunta bastante concreta: ¿puede una agenda de seguridad ambiciosa avanzar sin una presencia política permanente en el Parlamento?
El Congreso empieza a pasar la cuenta
Las críticas no provinieron únicamente desde la oposición. El senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución, sostuvo que la relación con el Congreso forma parte del trabajo que debe realizar el Ejecutivo y advirtió que el Gobierno necesitará algo más que una estrategia centrada exclusivamente en conseguir los votos necesarios para cada proyecto.
En el debate sobre la insistencia de la reforma migratoria, Araya planteó que está disponible para analizarla, pero que no existe un “cheque en blanco”. También cuestionó la forma en que el Gobierno ha enfrentado algunas de sus iniciativas de seguridad y pidió “menos calculadora parlamentaria y más conducción política”.
En paralelo, el senador independiente Karim Bianchi advirtió que el Ejecutivo enfrentará una “barrera altísima” para reunir los dos tercios requeridos en el Senado. La advertencia adquiere relevancia porque la eventual insistencia no se resolverá solamente con disciplina oficialista: el Gobierno deberá conseguir respaldos adicionales para alcanzar un quórum particularmente exigente.
El escenario también generó comentarios desde sectores que, aunque forman parte del espectro político que puede facilitar acuerdos con el Ejecutivo, han marcado distancia respecto de la estrategia desplegada. El senador Matías Walker planteó que el Gobierno podría canalizar parte de la negociación a través del ministro de la Segpres, José García Ruminot, dejando a Arrau concentrado en la gestión de su cartera.
Una agenda que avanza, pero no sin costos políticos
En medio de este escenario, existe un elemento que obliga a matizar el diagnóstico: no todos los proyectos de seguridad terminaron retrocediendo. La denominada Ley Antibarricadas 2.0 fue aprobada en general por la Cámara con 89 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones, y pasó al Senado para continuar su segundo trámite constitucional. La iniciativa contempla un endurecimiento de las sanciones para quienes interrumpan el tránsito mediante violencia, intimidación u obstáculos que generen un peligro concreto para las personas.
El episodio, sin embargo, estuvo acompañado de una intensa discusión política en el hemiciclo y de indicaciones que modificaron el proyecto. Entre ellas, una impulsada por el diputado Raúl Leiva estableció que las nuevas disposiciones no serían aplicables cuando se ejerza legítimamente el derecho de reunión, huelga o manifestación pacífica.
La diferencia entre ambos casos resulta ilustrativa. Mientras Antibarricadas 2.0 logró avanzar mediante acuerdos suficientes en la Cámara, la reforma constitucional sobre detención de migrantes irregulares quedó a un voto de alcanzar el quórum necesario. El problema para La Moneda es que los proyectos de mayor complejidad constitucional requieren precisamente una capacidad de negociación más amplia y sostenida.
Y es allí donde las declaraciones de Arrau adquieren una dimensión política mayor. No porque una frase determine por sí sola el destino de una reforma, sino porque ocurre en un momento en que el Gobierno necesita construir confianzas y mayorías fuera de sus propias filas.
El problema ya no es solamente de Seguridad
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llevó la discusión a un terreno todavía más amplio. La senadora calificó las declaraciones de Arrau como “desafortunadas” y posteriormente cuestionó la conducción política del Gobierno, hablando de un “déficit político” y de una “cadena de errores” en medio de las últimas derrotas legislativas.
Su diagnóstico apunta a una dificultad que puede terminar excediendo al Ministerio de Seguridad. Si un Gobierno no consigue construir acuerdos suficientes para aprobar sus principales iniciativas, el problema deja de ser exclusivamente de un ministro y comienza a comprometer la capacidad política de La Moneda para relacionarse con el Congreso.
Para Arrau, además, existe una tensión particular: su cartera necesita resultados concretos en materia de seguridad, pero buena parte de las herramientas que el Ejecutivo pretende utilizar requieren cambios legales. Eso obliga necesariamente a combinar gestión administrativa, conducción política y negociación parlamentaria.
El ministro puede reivindicar que buena parte de su trabajo ocurre fuera del hemiciclo y que la seguridad también depende del funcionamiento de las policías, la coordinación territorial y la gestión cotidiana. Pero mientras existan proyectos que requieren reformas legales, el Congreso seguirá siendo una parte inevitable de su trabajo.
La semana deja así una paradoja. El Gobierno necesita acelerar su agenda de seguridad y demostrar capacidad de gestión, pero para conseguir nuevas herramientas legales requiere precisamente aquello que la polémica de Arrau puso en cuestión: tiempo, diálogo, negociación y capacidad para construir mayorías.
La insistencia en el Senado será ahora una de las primeras pruebas. Si La Moneda decide utilizar esa vía para intentar recuperar la reforma migratoria, tendrá que conseguir dos tercios de los senadores. Y para ello no bastará con contar los votos propios: tendrá que reconstruir los puentes que esta semana quedaron, al menos políticamente, bastante más tensos.
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