El senador criticó la distribución del Presupuesto 2027 para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, advirtiendo reducciones en programas de apoyo a jóvenes, familias y personas vulnerables. También cuestionó el recorte del 31,2% a la Conadi, que, según señaló, recaería en el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.
El senador Francisco Huenchumilla cuestionó los recortes contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), advirtiendo que la propuesta podría debilitar programas sociales y reducir los recursos disponibles para la operación de distintas instituciones públicas.
El parlamentario manifestó su preocupación tras revisar las partidas presupuestarias de la cartera y sostuvo que, al descontar la inflación, los recursos globales destinados al ministerio registrarían una disminución respecto de la propuesta del año anterior.
“Estamos viendo una situación preocupante sobre los recortes que propone el Gobierno, una vez liberadas las partidas del Presupuesto 2027. La primera que revisé es la del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde si consideramos la inflación, vemos primero un congelamiento de su presupuesto global; así como el recorte de distintas políticas y programas relevantes”, afirmó.
Según Huenchumilla, el proyecto contempla un presupuesto de aproximadamente $1,50 billones para Mideso, monto que, de acuerdo con sus cálculos, sería un 0,4% inferior en términos reales al propuesto el año anterior.
“Pero así son las prioridades del Ejecutivo. Ahora quieren ahorrar, luego de haber afectado la recaudación tributaria”, criticó el senador.
Huenchumilla advierte recortes en programas sociales
Entre los puntos que el legislador calificó como cuestionables se encuentra la reducción de recursos para iniciativas destinadas a jóvenes, familias y personas en situación de vulnerabilidad.
Huenchumilla afirmó que los programas del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) quedarían sin financiamiento en la propuesta presupuestaria, situación que, a su juicio, limitaría la capacidad de acción de la institución a nivel nacional.
También cuestionó los recursos destinados a la Fundación de las Familias, entidad creada en 1990 que trabaja en el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios, especialmente en sectores vulnerables. Según el senador, el financiamiento contemplado estaría destinado únicamente a ejecutar su cierre.
Otro de los cuestionamientos apunta al término del Bono Graduación, beneficio dirigido a personas mayores de 24 años en situación de vulnerabilidad que completan la enseñanza media. El parlamentario advirtió que su eliminación afectaría una herramienta orientada a incentivar la nivelación de estudios entre personas adultas.
La preocupación se extiende al programa Innova Fosis, que, según los antecedentes expuestos por Huenchumilla, mantendría un presupuesto de $478 millones. Para el senador, esa cantidad sería insuficiente para cumplir sus objetivos de innovación social.
El legislador sostuvo que estas decisiones deben analizarse considerando el papel de Mideso en el desarrollo de políticas públicas para la niñez, la juventud, las personas mayores y las personas con discapacidad, además de los instrumentos destinados a fomentar el emprendimiento y la innovación social.
Recorte a la Conadi concentra preocupación en La Araucanía
Uno de los aspectos que el senador destacó por separado corresponde al presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), particularmente en lo relacionado con el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.
De acuerdo con las cifras mencionadas por Huenchumilla, el recorte alcanzaría el 31,2% y recaería en ese fondo, lo que reduciría los recursos disponibles para la compra de tierras y otras acciones vinculadas a las demandas indígenas.
El parlamentario advirtió que esta disminución tendría consecuencias especialmente relevantes para La Araucanía, región donde las políticas de tierras y aguas forman parte de las principales materias de interés para las comunidades y el Estado.
“Es de tal magnitud y gravedad, que me referí a ello de manera separada y especial”, señaló al anunciar un pronunciamiento específico sobre esta partida.
La discusión presupuestaria resulta especialmente sensible en una región donde las demandas territoriales indígenas mantienen una presencia central en la agenda política y social. No obstante, las consecuencias concretas del eventual recorte dependerán de la distribución definitiva de los recursos y de las decisiones que se adopten durante la tramitación presupuestaria.
El efecto de la inflación en los recursos públicos
Huenchumilla también cuestionó la forma en que se presentan las variaciones presupuestarias cuando no se considera el efecto de la inflación.
El senador explicó que algunos programas podrían mostrar aumentos nominales que, en términos reales, solo compensarían el incremento del costo de los bienes y servicios.
Como ejemplo, mencionó las consultas indígenas, Chile Indígena y el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de Indap, cuyos presupuestos registrarían variaciones cercanas al 2,88%, cifra que, según su análisis, correspondería al reajuste inflacionario considerado.
“Luego, todo programa que suba menos de 2,88% en realidad perdió financiamiento”, sostuvo.
El planteamiento apunta a una distinción relevante para evaluar el gasto público: un aumento nominal no necesariamente significa que una institución disponga de más recursos para ejecutar sus programas, especialmente cuando enfrenta mayores costos operativos.
Más recursos para personal y menos para operación
El senador también puso el foco en la distribución interna del presupuesto de Mideso, señalando que el proyecto priorizaría el gasto en personal por sobre los recursos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Según las cifras expuestas por el parlamentario, el gasto en personal aumentaría un 4,4% real respecto de la base presupuestaria utilizada para la comparación. En contraste, los recursos para bienes y servicios de consumo disminuirían un 9,7%, mientras que la compra de equipos y otros activos no financieros caería un 11%.
Huenchumilla advirtió que esta distribución podría generar dificultades para instituciones que requieren recursos operativos para gestionar programas, adquirir materiales, desarrollar actividades y mantener presencia en terreno.
“Está recibiendo más o menos lo mismo que el año pasado; pero para 2027, el Gobierno nos propone disponibilizar más recursos en remuneraciones y contrataciones, con menores recursos para la operación diaria y sus aspectos más críticos”, afirmó.
El legislador agregó que mantener equipos de trabajo sin entregarles los medios suficientes para desarrollar sus funciones puede afectar la ejecución de las políticas públicas.
Las observaciones del senador se producen en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Las cifras y medidas cuestionadas corresponden a la propuesta presupuestaria y deberán evaluarse durante su tramitación, antes de conocer la distribución definitiva de los recursos para el próximo año.
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