Las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos entregaron una carta al Presidente José Antonio Kast y otra en el Ministerio de Justicia. Cuestionan los decretos que rebajaron condenas a responsables de delitos sexuales contra menores y crímenes de la dictadura, mientras nuevas investigaciones revelan beneficios otorgados a condenados por narcotráfico.
La presión política sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó un nuevo capítulo este jueves. Representantes de organizaciones de derechos humanos llegaron hasta La Moneda y las dependencias del Ministerio de Justicia para exigir su renuncia, cuestionando las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La ofensiva fue encabezada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, junto a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), y Marta Vega, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Ambas dirigentes ingresaron a La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast. Posteriormente, acudieron al Ministerio de Justicia para formalizar la misma exigencia: la salida del titular de la cartera.
Las rebajas de condenas que encendieron las críticas
En su declaración, las organizaciones cuestionaron los 56 decretos que rebajaron condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, correspondientes a 27 casos de abuso sexual y 29 de violación. A estos se suman otros tres decretos que beneficiaron a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, manifestó el rechazo de las agrupaciones y acusó al Gobierno de profundizar la revictimización de quienes han sufrido graves vulneraciones de derechos.
“No podemos, como víctimas del terrorismo de Estado, guardar silencio ante este hecho”, afirmó la dirigenta.
Por su parte, Marta Vega advirtió que las organizaciones no abandonarán su exigencia mientras Rabat permanezca en el cargo.
“Nosotros no vamos a desistir. Le vamos a seguir pidiendo la renuncia. Tiene que renunciar, tiene que irse. Rabat no puede quedarse”, sostuvo.
Las agrupaciones responsabilizan políticamente al ministro por las decisiones administrativas adoptadas y consideran que estas medidas representan un retroceso en materia de justicia, reparación y protección de las víctimas.
Investigación revela beneficios a condenados por narcotráfico
La controversia sumó nuevos antecedentes tras una investigación publicada este jueves por Interferencia, que identificó 115 decretos de rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos relacionados con drogas, dentro de una muestra de 150 decretos correspondientes a extranjeros.
Entre los antecedentes examinados aparecen casos de personas condenadas por tráfico de importantes cantidades de droga, así como de sentenciados a quienes anteriormente se les había rechazado la libertad condicional.
De acuerdo con la investigación, los documentos fueron firmados por Fernando Rabat o por el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien ejerció como ministro subrogante en determinados períodos.
Los nuevos antecedentes amplían el cuestionamiento sobre los criterios utilizados para conceder estos beneficios y agregan presión sobre una cartera que enfrenta críticas por decisiones que involucran delitos de especial gravedad.
Kast mantiene su respaldo al ministro
Pese a las solicitudes de renuncia y al aumento de los cuestionamientos públicos, Fernando Rabat continúa contando con el respaldo del Presidente José Antonio Kast.
Las organizaciones de derechos humanos, en tanto, anunciaron que mantendrán sus acciones para exigir la salida del secretario de Estado. La controversia instala así un nuevo foco de tensión para el Ejecutivo, que deberá enfrentar las críticas por los criterios aplicados en las rebajas de condenas y sus consecuencias políticas y sociales.
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