La caída de Ueno Bank desencadenó una crisis financiera y política que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña. El Senado lo declaró culpable de mal desempeño de funciones con 44 votos a favor. El vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia, mientras el caso abre interrogantes sobre los vínculos entre el poder político, los negocios privados y los organismos reguladores.
Después de las dictaduras militares y los golpes de Estado que marcaron buena parte de la historia latinoamericana, la región ha conocido otros patrones de inestabilidad política. Uno de ellos es la transformación de la indignación ciudadana en estallidos sociales, con consecuencias institucionales profundas, como ocurrió en Argentina en diciembre de 2001, cuando cinco presidentes pasaron por el poder en apenas once días.
Otro camino es el de las crisis en que el Congreso asume el protagonismo y utiliza sus atribuciones constitucionales para investigar, juzgar o destituir a un mandatario. Se trata de una modalidad que puede definirse como una crisis sin quiebre institucional: existe una fuerte turbulencia política, pero el conflicto se procesa mediante los mecanismos formales del sistema.
Perú ofrece un ejemplo de esa inestabilidad presidencial recurrente. Paraguay, por su parte, tampoco es ajeno a esta dinámica: atravesó procesos de juicio político contra Raúl Cubas Grau en 1999, Luis González Macchi en 2002 y Fernando Lugo en 2012. Ahora, la destitución de Santiago Peña vuelve a situar al país en ese escenario.
La crisis más reciente tuvo como detonante la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras de mayor presencia en Paraguay. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay informó que había iniciado el procedimiento de resolución de la entidad, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida se adoptó tras ajustes realizados a los estados financieros durante el proceso de regularización.
El problema adquirió dimensiones nacionales por la cantidad de personas y recursos comprometidos. Ueno Bank contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, mientras administraba importantes depósitos de organismos públicos. Entre ellos figuraban recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), entidad encargada del sistema previsional paraguayo.
La interrupción de las operaciones dejó a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas y ahorros, provocando preocupación, protestas y cuestionamientos sobre la capacidad de supervisión del organismo regulador.
La crisis financiera que terminó en una tormenta política
La pregunta inevitable es por qué el Banco Central permitió que la situación llegara a ese punto. Desde distintos sectores se cuestionó la oportunidad de la intervención y la actuación de los organismos encargados de fiscalizar a la entidad.
Uno de los elementos más controvertidos fue la relación entre Ueno y figuras vinculadas al poder político. El presidente Santiago Peña había mantenido vínculos empresariales con el grupo económico relacionado con el banco, mientras Carlos Carvallo, quien encabezaba el Banco Central, había tenido anteriormente responsabilidades ejecutivas en el sector financiero.
La oposición sostuvo que existieron conflictos de intereses, beneficios regulatorios y una eventual utilización de recursos públicos para favorecer a la entidad. Estas acusaciones fueron parte de los argumentos presentados durante el proceso de juicio político. Su eventual responsabilidad penal, sin embargo, deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
La crisis puso en evidencia una contradicción entre el discurso económico del Gobierno y las debilidades institucionales que quedaron expuestas. Peña había destacado los resultados macroeconómicos del país y buscado posicionar a Paraguay como un destino atractivo para las inversiones, apoyado en beneficios tributarios y estabilidad financiera.
Sin embargo, detrás de esos indicadores persistían características históricas de la política paraguaya: el predominio del Partido Colorado, sus disputas internas y una sucesión de escándalos vinculados al ejercicio del poder y a las relaciones entre intereses públicos y privados.
Cartes, las divisiones coloradas y el intento de salida
En los antecedentes de esta crisis aparece un actor central de la política paraguaya: Horacio Cartes, expresidente de la República y líder del Partido Colorado.
Cartes respaldó la candidatura de Peña en 2023, luego de que su propia situación política le impidiera volver a competir por la Presidencia. Durante un período ambos mantuvieron una alianza que permitió consolidar el poder del oficialismo. Sin embargo, el escándalo de Ueno Bank profundizó las diferencias y terminó por tensionar esa relación.
En medio de la crisis, Cartes buscó preservar la influencia del partido y evitar que el deterioro del Gobierno comprometiera al conjunto de la estructura colorada. Las negociaciones incluyeron al vicepresidente Pedro Alliana, al expresidente Nicanor Duarte Frutos y a dirigentes del Congreso.
Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, en un intento por poner término a la crisis política. La salida parecía abrir una vía para que Alliana asumiera la Presidencia sin necesidad de completar el juicio político. Sin embargo, la oposición cuestionó esa alternativa porque permitiría a Peña acceder a la condición de senador vitalicio, con los privilegios e inmunidades que contempla la Constitución paraguaya para los expresidentes que no hayan sido destituidos mediante juicio político.
La sesión convocada para tratar la renuncia no logró reunir el cuórum necesario. Con ello, el proceso de destitución siguió adelante y el Congreso rechazó la posibilidad de cerrar el episodio mediante una dimisión.
El viernes 6 de noviembre, el Senado retomó el juicio político. Peña no compareció personalmente y delegó su defensa en sus abogados, quienes cuestionaron el procedimiento y solicitaron una prórroga de 72 horas para preparar los descargos. La petición fue rechazada y la Cámara Alta continuó con el proceso.
Finalmente, los 44 senadores presentes votaron a favor de declararlo culpable de mal desempeño de funciones. Con esa decisión, Santiago Peña fue destituido de la Presidencia y quedó impedido de acceder a la senaduría vitalicia.
Pedro Alliana deberá asumir la jefatura del Ejecutivo y completar el período presidencial que se extiende hasta agosto de 2028.
Las consecuencias de una crisis que trasciende a Paraguay
La destitución de Peña no representa solamente el desenlace de una disputa entre facciones del Partido Colorado. También constituye una señal de alerta sobre los riesgos que aparecen cuando los intereses empresariales y las responsabilidades públicas se entrecruzan sin controles suficientemente efectivos.
La crisis de Ueno Bank golpeó la confianza de los ahorristas, comprometió recursos públicos y puso bajo cuestionamiento la actuación de las instituciones encargadas de regular el sistema financiero. Además, provocó tensiones en los mercados y una depreciación del guaraní frente al dólar, en un contexto de incertidumbre política.
El episodio también tiene repercusiones en el escenario regional. Paraguay había sido presentado como una economía estable y atractiva para la inversión. La caída de su presidente, vinculada a una crisis financiera de gran magnitud, obliga a revisar esa imagen y a observar con mayor atención la calidad de sus instituciones.
La experiencia paraguaya vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental para las democracias latinoamericanas: la estabilidad macroeconómica no garantiza, por sí sola, la transparencia ni la fortaleza institucional.
Las cifras de crecimiento, los incentivos tributarios y los indicadores financieros pueden construir una imagen de prosperidad. Pero cuando los organismos reguladores pierden credibilidad, los recursos públicos quedan expuestos y las relaciones entre política y negocios se vuelven opacas, esa imagen puede desmoronarse rápidamente.
Al final, la lección es conocida, aunque no siempre atendida: no todo lo que brilla es oro.
Leave a Reply