La decisión de La Moneda de abandonar la propuesta de un nuevo Estado de Excepción, que el Presidente había defendido como “no renunciable”, abrió cuestionamientos sobre la estrategia legislativa del Ejecutivo y su capacidad para convertir las promesas de seguridad en acuerdos concretos en el Congreso.
La seguridad fue uno de los ejes centrales de la campaña presidencial de José Antonio Kast y una de las áreas en las que su Gobierno prometió demostrar autoridad. Por eso, el retroceso de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo no solo representa un revés para Martín Arrau, sino que también compromete la conducción política del propio Presidente.
La propuesta buscaba establecer un nuevo Estado de Excepción que permitiera extender su aplicación hasta por 240 días sin autorización previa del Congreso. El 31 de agosto, Kast defendió la iniciativa y la calificó como “no renunciable”, asumiendo también su responsabilidad en el diseño de la reforma: “Yo también la firmé”.
Sin embargo, cinco semanas después, La Moneda resolvió no perseverar en esa fórmula, luego de que la iniciativa enfrentara resistencias incluso entre sectores del oficialismo.
El episodio puso en evidencia la distancia entre la defensa pública de una medida como indispensable y la capacidad del Gobierno para reunir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobarla. La administración terminó aceptando una alternativa menos ambiciosa para intentar avanzar en materia de seguridad.
Una salida negociada en el Congreso
La alternativa surgió desde el propio Parlamento, donde senadores republicanos, de Renovación Nacional y de oposición impulsaron una propuesta distinta. El propio Arrau reconoció que la nueva fórmula “no es tan intensa” como la que pretendía originalmente el Gobierno.
El cambio representa un giro respecto de la posición que había sostenido Kast, quien había presentado la reforma como una herramienta fundamental de su estrategia de seguridad. El acuerdo legislativo abrió una vía para avanzar, pero también dejó interrogantes sobre la planificación política con que el Ejecutivo presentó y defendió su iniciativa.
Negociar y modificar una propuesta forma parte del funcionamiento democrático. El cuestionamiento político se concentra, en este caso, en que el Gobierno había elevado una fórmula específica a la categoría de irrenunciable antes de asegurar los respaldos necesarios para sostenerla.
El Gobierno busca recuperar la agenda de seguridad
Tras el retroceso constitucional, La Moneda intenta recomponer su agenda mediante un acuerdo para priorizar 24 proyectos de seguridad y presentar otras seis iniciativas.
El Ejecutivo también puede mostrar avances en materias como las Reglas del Uso de la Fuerza, iniciativa heredada del Gobierno de Gabriel Boric, y la ampliación de las condiciones de flagrancia. No obstante, esos avances no eliminan las dificultades políticas que han acompañado otras propuestas de seguridad, entre ellas la reforma sobre expulsiones administrativas, que fue rechazada por un voto, según los antecedentes planteados en el debate.
La acumulación de estos episodios vuelve a situar en el centro de la discusión la coordinación entre el Gobierno y sus bancadas, así como la capacidad de anticipar las resistencias parlamentarias antes de comprometer públicamente una iniciativa.
Arrau y la responsabilidad política de Kast
Martín Arrau queda expuesto por la gestión legislativa de la reforma, pero el alcance político del desenlace va más allá de su papel. Kast defendió personalmente la propuesta y la presentó como una pieza irrenunciable de su política de seguridad.
Por ello, la decisión de abandonarla plantea un desafío para el Presidente: demostrar que su estrategia puede traducir las promesas de campaña en legislación viable y acuerdos duraderos en el Congreso.
El Gobierno mantiene una agenda de seguridad y busca impulsar nuevas iniciativas, pero el episodio deja abierta una pregunta central sobre su conducción: cómo compatibilizar la firmeza del discurso presidencial con la negociación política necesaria para convertir sus propuestas en leyes.
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