La Comisión de Libertad Condicional de Talca aprobó por unanimidad el beneficio para el excarabinero condenado a 12 años y 183 días de prisión por el ataque que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai. La decisión generó el rechazo de la parlamentaria y reactivó la discusión sobre eventuales indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
La decisión de conceder la libertad condicional al excarabinero Patricio Maturana reabrió el debate político y judicial sobre las condenas vinculadas al estallido social de 2019. La resolución fue adoptada por unanimidad por la Comisión de Libertad Condicional de Talca, en la Región del Maule, y establece que el exuniformado podrá salir del recinto penitenciario de Molina a partir del 2 de diciembre de 2026, según los antecedentes entregados sobre el caso.
Maturana cumple una condena de 12 años y 183 días de cárcel por el disparo de una bomba lacrimógena que impactó a Fabiola Campillai durante las manifestaciones de noviembre de 2019, provocándole lesiones que le hicieron perder la visión. La entonces víctima se convirtió posteriormente en senadora y ha mantenido sus cuestionamientos al tratamiento judicial de los casos de violencia policial registrados durante ese período.
Campillai cuestiona la resolución y anuncia acciones legales
Tras conocerse la decisión, la senadora Fabiola Campillai calificó el beneficio como un acto de impunidad y cuestionó que Maturana pueda acceder a la libertad condicional sin haber reconocido, a su juicio, el daño causado ni haberle pedido disculpas.
La parlamentaria anunció que recurrirá a las instancias judiciales que correspondan para intentar revertir la resolución, sin descartar acudir a organismos internacionales. Su reacción volvió a poner en el centro de la discusión las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante el estallido social y las condiciones bajo las cuales las personas condenadas pueden acceder a beneficios penitenciarios.
De acuerdo con los antecedentes informados, la comisión consideró el cumplimiento del tiempo mínimo exigido para postular al beneficio y un informe de Gendarmería que calificó como muy bajo el riesgo de reincidencia. La instancia determinó que, para este caso, correspondía aplicar el requisito de cumplimiento de la mitad de la condena y no el de dos tercios planteado por Campillai.
Partido Nacional Libertario insiste en discutir indultos
La resolución también provocó reacciones en el ámbito político. La diputada Paulina Muñoz, subjefa de bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), valoró la decisión de la comisión y cuestionó los temores expresados por Campillai respecto de su seguridad. Además, llamó al presidente José Antonio Kast a entregar una señal sobre la posibilidad de conceder indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
La postura del PNL vuelve a instalar una discusión que ha dividido a los sectores políticos: la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue indultos a personas condenadas en causas relacionadas con las protestas de octubre de 2019. Este debate involucra tanto las atribuciones presidenciales como las demandas de justicia de las víctimas y las distintas interpretaciones sobre la actuación de los agentes del Estado durante las manifestaciones.
Gobierno evita pronunciarse sobre el beneficio judicial
Consultado por la libertad condicional concedida a Maturana, el biministro del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, evitó emitir una valoración sobre el fondo de la resolución. El secretario de Estado sostuvo que se trata de una determinación judicial, diferenciándola de las decisiones que corresponden al Gobierno.
Alvarado también recordó que la concesión de indultos es una atribución exclusiva del presidente de la República, quien debe revisar los antecedentes antes de adoptar una eventual decisión. Sus declaraciones no implicaron un anuncio de indultos ni confirmaron que exista una determinación del Ejecutivo respecto de los casos vinculados al estallido social.
La controversia se produce en la antesala de un nuevo aniversario del 18 de octubre y vuelve a tensionar la discusión sobre las responsabilidades penales derivadas de esos acontecimientos. Mientras el PNL busca mantener abierta la posibilidad de indultos, Campillai cuestiona el beneficio otorgado a Maturana y el Gobierno distingue entre las decisiones de los tribunales y las facultades presidenciales.
La libertad condicional no equivale a una absolución ni elimina la condena impuesta. Se trata de un beneficio penitenciario sujeto a requisitos legales, cuya concesión en este caso ha generado nuevas diferencias políticas y un renovado debate sobre justicia, reparación y cumplimiento de las penas.
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