La directora de Control Interno, Norma Tapia, permanece apartada de sus funciones por un sumario iniciado en mayo de 2023, cuya resolución definitiva no ha sido informada. En julio de 2026 recibió $3.405.651 líquidos, incluidos incentivos. Una especialista en Derecho Público cuestionó la prolongación del procedimiento y advirtió sobre sus consecuencias administrativas.
Más de tres años han transcurrido desde que la Municipalidad de Punitaqui inició un sumario administrativo contra su directora titular de Control Interno, Norma Tapia Salazar. Sin embargo, el procedimiento todavía no tendría una resolución definitiva conocida y la funcionaria continuaría apartada de sus labores.
Mientras se mantiene esta situación, los registros del Portal de Transparencia municipal muestran que Tapia sigue percibiendo remuneraciones. En julio de 2026 recibió $4.344.162 brutos, equivalentes a $3.405.651 líquidos. El monto incluye los distintos conceptos remuneracionales e incentivos informados para ese período.
La situación abre interrogantes sobre la duración de la investigación, la continuidad de los pagos y, especialmente, la procedencia de las asignaciones vinculadas al cumplimiento de metas institucionales.
De acuerdo con una fuente interna con conocimiento directo del procedimiento, la funcionaria permanece suspendida preventivamente desde la investigación iniciada en 2023. La misma fuente señala que también estaría haciendo uso de licencia médica.
La suspensión preventiva, por sí sola, no implica la pérdida de remuneraciones. La legislación contempla que un funcionario pueda mantener sus ingresos mientras se desarrolla una investigación administrativa. Sin embargo, la extensión del procedimiento y el eventual pago de determinados beneficios requieren un análisis distinto.
Un sumario iniciado en mayo de 2023
El origen del caso se encuentra en una fiscalización de la Contraloría Regional de Coquimbo. Mediante el oficio N° E334679, de abril de 2023, el organismo acogió una denuncia relacionada con omisiones en los registros biométricos de asistencia de Norma Tapia durante 2022.
La revisión identificó alrededor de 180 jornadas con marcaciones incompletas de entrada o salida. Además, Contraloría constató que durante ese período la funcionaria recibió íntegramente sus remuneraciones, sin descuentos asociados a las omisiones detectadas.
A partir de estos antecedentes, el 9 de mayo de 2023, durante la administración del entonces alcalde Carlos Araya Bugueño, la municipalidad dictó el decreto alcaldicio N° 533. El documento ordenó iniciar un sumario administrativo para investigar los hechos.
Posteriormente, según la fuente interna consultada, se dispuso la suspensión preventiva de la directora de Control Interno.
Desde entonces, el procedimiento habría continuado sin una resolución definitiva conocida. A noviembre de 2026, la investigación acumula aproximadamente tres años y medio desde su apertura.
Abogada cuestiona la demora del procedimiento
La prolongación de los sumarios administrativos tiene consecuencias que van más allá de los plazos establecidos para su tramitación.
La abogada y magíster en Derecho Público, María-José Lira Marti, explicó que la legislación contempla plazos para desarrollar estas investigaciones. Sin embargo, la jurisprudencia de la Contraloría y de los tribunales superiores ha establecido que no son plazos fatales.
Esto significa que su vencimiento no provoca automáticamente la nulidad del procedimiento ni impide aplicar eventuales sanciones.
No obstante, la especialista advirtió que una demora excesiva puede generar responsabilidades administrativas cuando existen dilaciones injustificadas. También puede comprometer a las autoridades que no adoptan medidas oportunas para resolver la investigación.
“Un sumario que se extiende por tres años representa una anomalía grave que vulnera los principios de celeridad, eficiencia y debido proceso”, sostuvo Lira.
A su juicio, estas demoras generan una doble afectación. Por una parte, mantienen al funcionario investigado en una situación de incertidumbre. Por otra, perjudican el funcionamiento de la administración y la gestión de los recursos públicos.
En este caso, la interrogante también apunta a quienes han tenido bajo su responsabilidad la conducción y resolución del procedimiento administrativo.
Los incentivos PMG bajo cuestionamiento
Otro aspecto que requiere aclaración es el pago del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG). Este mecanismo contempla asignaciones económicas vinculadas al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.
Según los antecedentes revisados en el Portal de Transparencia, Norma Tapia recibió en julio de 2026 una asignación cercana a $1,4 millones por este concepto. El monto se sumó a sus restantes componentes remuneracionales.
La situación adquiere relevancia frente a un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.
Mediante el dictamen N° OF20561, del 30 de enero de 2026, el organismo estableció que los funcionarios municipales que hayan permanecido con licencia médica o suspendidos preventivamente durante todo el año de cumplimiento de las metas, sin trabajar efectivamente ningún día, no tienen derecho al componente de incentivo por desempeño colectivo.
Sobre este punto, María-José Lira explicó que la suspensión preventiva no constituye una sanción disciplinaria. Se trata de una medida cautelar que busca resguardar el desarrollo de la investigación. Por esa razón, la normativa permite mantener las remuneraciones mientras se encuentre vigente.
Sin embargo, precisó que el pago de incentivos depende de las condiciones legales de cada beneficio. Por lo tanto, no basta con constatar la ausencia de un funcionario para concluir que todos los pagos resultan improcedentes.
La abogada puso el acento en la prolongación de la medida y sus efectos económicos para el municipio.
“El problema de fondo no es si el funcionario cobra o no el PMG; el problema real es la duración de la suspensión”, afirmó.
La especialista cuestionó que una medida concebida como transitoria pueda extenderse durante años, sin que la administración resuelva la investigación que le dio origen.
Municipalidad no entregó respuesta
La situación deja abiertas varias preguntas sobre la gestión administrativa del municipio: ¿en qué etapa se encuentra actualmente el sumario?, ¿qué razones explican que todavía no exista una resolución definitiva?, ¿quién tiene a su cargo la tramitación y resolución del procedimiento?
También resulta necesario esclarecer bajo qué condiciones se han autorizado los pagos de incentivos durante el período de suspensión.
Este medio intentó obtener una versión oficial de la Municipalidad de Punitaqui sobre el estado de la investigación, la situación administrativa de Norma Tapia y los pagos registrados. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.
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