Gremios ambientales y científicos advierten que la medida podría retrasar normas clave para la salud pública y la protección de ecosistemas, cuestionando al Gobierno por frenar avances regulatorios.
Luego de que se conociera que el Gobierno retirará de la Contraloría General de la República 43 decretos ambientales para su revisión, cientos de organizaciones medioambientales y científicas firmaron una carta para advertir sobre las consecuencias de la medida y expresar su desacuerdo.
En total son 247 los gremios quienes calificaron el movimiento como “una señal preocupante a nuestra sociedad”. Aseguraron que “en lugar de acelerar la implementación de herramientas acordadas y largamente esperadas, se opta por retroceder y postergarlas”.
Asimismo, señalaron que “el retiro de estos actos implica suspender el avance de su entrada en vigencia, lo que significa un retraso en la implementación de medidas que, en muchos casos, son urgentes para avanzar hacia estándares ambientales más exigentes”.
Organizaciones advierten retroceso en políticas ambientales
Las organizaciones enfatizaron que los decretos suspendidos son en “beneficio directo de la vida y la salud de las personas, la realización de sus derechos humanos y el resguardo de los territorios que habitan”.
Además, apuntaron que todos los acuerdos fueron alcanzados mediante participación ciudadana, por lo que su intervención constituye una “falta de respeto para organizaciones, personas y empresas que han contribuido en estos procesos democráticos”.
En esa línea, hicieron un llamado al Presidente José Antonio Kast para “transparentar los procesos y abrir el diálogo con la sociedad civil y las científicas”, subrayando la urgencia de contar con estos instrumentos frente a la crisis climática.
Entre los firmantes se encuentran Greenpeace Chile, Oceana Chile, SCAC Magallanes, Chile Ambiental y CODEPU Bío Bío, entre otras organizaciones.
Decretos en riesgo incluyen biodiversidad y cambio climático
Los decretos retirados fueron firmados entre 2023 y 2026 e incluyen normas de calidad ambiental, regulaciones de emisión para industrias e instrumentos de adaptación al cambio climático.
También contemplan reglamentos para la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), clave para la protección de ecosistemas en el país.
Entre los puntos más sensibles, se encuentra en duda la protección del pingüino de Humboldt, cuya declaración como monumento natural podría verse afectada. A esto se suma el riesgo para el plan de recuperación de la ranita de Darwin.
Gobierno defiende revisión y descarta conflicto
Desde el Ejecutivo han bajado el perfil a la situación. El ministro Segpres, José García Ruminot, señaló que “no hay que ver en esto ni una actitud de enemistad ni tampoco una actitud de querer cambiarlo todo”.
Además, recordó que es habitual que las administraciones entrantes revisen decretos al asumir funciones.
Por su parte, desde el Ministerio del Medio Ambiente indicaron que la medida busca asegurar “los estándares técnicos y normativos vigentes”, en línea con el plan de auditoría interna del Gobierno.
Asimismo, se detalló que el último día de la administración de Gabriel Boric se ingresaron 13 decretos medioambientales.
“Mantendremos informados a los actores relevantes y a la ciudadanía sobre los avances de este proceso”, señalaron desde la cartera.
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