Pagos sin respaldo, conflictos de interés y contrataciones mediante trato directo sin justificación quedaron al descubierto tras auditorías de Contraloría en el hospital de Los Ángeles, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos.
La Contraloría General de la República detectó millonarias irregularidades en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, tras la realización de auditorías que revelaron deficiencias administrativas, pagos sin respaldo y posibles vulneraciones a la normativa vigente por más de $1.500 millones.
Los resultados fueron contenidos en los informes N°636 y N°700 emitidos por la Contraloría Regional del Biobío, los cuales derivaron en reparos económicos, apertura de procedimientos disciplinarios y la remisión de antecedentes al Ministerio Público de Chile y al Servicio de Impuestos Internos.
Pagos en exceso y fallas contractuales
El informe N°636 identificó gastos insuficientemente acreditados asociados a servicios de aseo, seguridad, vigilancia y convenios de suministro, además de irregularidades en contratos de mantención de equipos médicos y servicios logísticos.
Por estos conceptos, el organismo fiscalizador formulará un reparo por $1.112.415.223.
Asimismo, la auditoría detectó contratos firmados por funcionarios sin funciones vigentes dentro del hospital y pagos realizados por mantenciones de equipos que habían sido dados de baja desde 2022. A esto se suma la inexistencia de registros sobre repuestos utilizados y la elaboración de informes técnicos por profesionales sin acreditación en equipamiento médico.
Además, se advirtió una concentración excesiva de funciones en determinadas unidades administrativas, lo que debilita los mecanismos de control interno.
Conflictos de interés y trato directo cuestionado
Entre los hallazgos más graves, la Contraloría estableció que jefaturas del recinto participaron simultáneamente en distintas etapas de procesos de compra, contraviniendo el principio de imparcialidad.
En uno de los casos, el jefe de la Unidad de Administración de Servicios certificó experiencia de empresas postulantes mientras integraba la comisión evaluadora y actuaba como contraparte técnica en contratos adjudicados a las mismas firmas.
Paralelamente, el hospital realizó adquisiciones por $477.533.970 mediante trato directo sin justificar la inexistencia de proveedores alternativos ni acreditar la pertinencia legal de esta modalidad.
Entre las contrataciones observadas figura el “Servicio de Orientadores de Atención al Público”, adjudicado por más de $141 millones, además de servicios logísticos permanentes que correspondían a funciones propias del establecimiento de salud.
Trabajos sin respaldo y falta de trazabilidad
El informe N°700 reveló nuevas inconsistencias vinculadas a pagos por $563.109.772 en convenios de mantención de obras menores sin documentación que acreditara su ejecución.
También se detectaron otros $215.504.478 asociados a reparaciones de techumbres y sistemas de aguas lluvia sin respaldo técnico suficiente para su verificación en terreno.
Entre los casos más críticos, la Contraloría constató el pago de $11.302.500 por la instalación de bombas de aguas lluvia sin evidencia física ni registros gráficos que confirmaran su implementación, además de pagos en exceso por $8.089.000 en obras menores.
Por estos hechos, el organismo formulará un nuevo reparo por $798.305.750 y remitirá los antecedentes a la fiscalía.
Incumplimientos administrativos y eventuales responsabilidades
La fiscalización también detectó la ampliación injustificada de plazos en un contrato de conservación del área de oncología, situación que impidió aplicar multas al contratista pese a incumplimientos.
Según el ente contralor, las situaciones observadas vulneran principios básicos de eficiencia, eficacia y control en la administración de recursos públicos, comprometiendo la correcta gestión financiera del recinto hospitalario.
La Contraloría indicó que continuará las acciones administrativas y legales necesarias para establecer responsabilidades y determinar la eventual existencia de ilícitos penales derivados de estos hechos en la Región del Biobío.
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