Un reportaje periodístico reveló pagos, contactos telefónicos y posteriores contrataciones municipales que hoy forman parte de una investigación del Ministerio Público sobre la relación entre el exfiscal Manuel Guerra y el senador Rodolfo Carter.
Una serie de antecedentes revelados por CIPER Chile instaló nuevas interrogantes sobre la relación entre el exfiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra y el exalcalde de La Florida, hoy senador Rodolfo Carter, en el marco de una investigación actualmente en curso del Ministerio Público.
El reportaje expone transferencias de dinero, vínculos laborales posteriores y comunicaciones telefónicas ocurridas mientras la fiscalía dirigida por Guerra mantenía abierta una investigación contra Carter por presuntas irregularidades financieras en el municipio.
Transferencias mientras existía una investigación activa
Según la publicación, la periodista Ariella Orrego, quien se desempeñó como asesora directa del exfiscal, realizó transferencias por un total de $3,8 millones entre 2020 y 2022.
Parte de esos depósitos —equivalentes a $2 millones— se efectuaron cuando Orrego ya trabajaba en la Municipalidad de La Florida, durante la administración encabezada por Carter.
De acuerdo con la versión entregada por la propia profesional al medio, los pagos corresponderían a la devolución de un préstamo personal otorgado previamente por Guerra. No obstante, las transferencias ocurrieron en un periodo en que la fiscalía regional investigaba al entonces alcalde por un déficit municipal cercano a los $20 mil millones.
Contrataciones municipales y contactos telefónicos
El reportaje también señala que, tras dejar el Ministerio Público, Manuel Guerra fue contratado en 2023 por la Municipalidad de La Florida bajo el cargo denominado “Fiscal de la gente”, con una remuneración superior a los $4,5 millones mensuales.
A ello se suman registros telefónicos incorporados en la indagatoria que evidenciarían contactos entre Guerra y Carter mientras la causa seguía en tramitación. Entre ellos, llamadas registradas el 2 de septiembre de 2021, periodo en que se evaluaba el eventual cierre de la investigación mediante una decisión de no perseverar.
Asimismo, se consignan comunicaciones entre el exfiscal y persecutores que continuaron a cargo del caso, antecedentes que actualmente forman parte de las diligencias investigativas.
Solicitud formal de investigación
El senador Manuel José Ossandón solicitó formalmente al Ministerio Público profundizar la investigación sobre los vínculos entre Guerra y Carter.
En su declaración ante el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien lidera la causa, planteó que la indagatoria contra el entonces alcalde terminó sin resultados judiciales pese a involucrar millonarios montos.
Ossandón también advirtió que posteriormente tanto el exfiscal como personas de su círculo cercano habrían sido contratadas por la municipalidad, incluyendo a la periodista que realizó las transferencias.
Cronología de los hechos bajo revisión
Ariella Orrego ingresó a la Fiscalía Oriente en 2019 como asesora de Guerra y dejó el cargo en marzo de 2020. Dos meses después fue contratada por la Municipalidad de La Florida para desempeñar funciones comunicacionales.
Durante su permanencia en el municipio, su vínculo laboral evolucionó desde honorarios a contrata, incrementando su remuneración. En paralelo, realizó dos transferencias al exfiscal: una por $250 mil en agosto de 2020 y otra por $1,75 millones en febrero de 2022. Posteriormente, ya fuera del municipio, efectuó otros tres depósitos que completan el total de $3,8 millones.
Investigación en desarrollo
La causa continúa en etapa investigativa bajo la conducción del fiscal regional de Arica, Mario Carrera. Manuel Guerra se mantiene actualmente en prisión preventiva en el contexto de esta indagatoria.
Hasta ahora, ni Rodolfo Carter ni la defensa del exfiscal han entregado declaraciones públicas detalladas respecto de los contactos y antecedentes revelados.
Los nuevos elementos conocidos reabren el debate sobre eventuales conflictos de interés y la relación entre autoridades judiciales y actores políticos, en un caso que sigue generando repercusiones en el ámbito institucional y público.
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