El Gobierno volvió a tropezar en el Congreso. La Comisión de Trabajo de la Cámara, presidida por José Carlos Meza, dejó fuera las modificaciones a la franquicia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) dentro de la Ley Miscelánea, evidenciando nuevas dificultades del Ejecutivo para ordenar mayorías. Pese al revés, La Moneda anunció que insistirá en el Senado, mientras sí logró respaldo para endurecer sanciones contra funcionarios que hagan mal uso de licencias médicas.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados propinó un nuevo revés legislativo al Gobierno al rechazar las modificaciones impulsadas al sistema de franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), uno de los ejes laborales incluidos en la Ley Miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional.
La instancia, presidida por el diputado republicano José Carlos Meza, despachó este lunes los artículos laborales del proyecto, aunque dejó fuera los cambios más controvertidos propuestos por el Ejecutivo, evidenciando nuevamente las dificultades del oficialismo para consolidar mayorías en el Congreso.
Votaciones estrechas y falta de apoyos
El golpe político más significativo se produjo con el rechazo del artículo 26, iniciativa que buscaba modificar el funcionamiento central de la franquicia tributaria del Sence, mecanismo que permite a las empresas descontar hasta un 1% de la planilla de remuneraciones por gastos en capacitación laboral.
La propuesta fue rechazada por siete votos contra seis, repitiendo el resultado registrado previamente en la Comisión de Hacienda. El Ejecutivo no solo enfrentó la oposición de parlamentarios contrarios al Gobierno, sino también desmarques dentro del propio Congreso, lo que terminó dejando sin piso político la reforma.
La misma suerte corrió el artículo 27, rechazado también por siete votos a seis. La norma pretendía impedir que los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales continuaran financiándose mediante la franquicia Sence, trasladando esos costos directamente a las empresas.
Durante el debate, parlamentarios advirtieron que avanzar en modificaciones estructurales sin un consenso amplio podía afectar la continuidad de programas de capacitación y generar incertidumbre en trabajadores y organismos técnicos de formación.
Gobierno insiste y traslada la discusión al Senado
Tras el nuevo traspié legislativo, el Ejecutivo confirmó que insistirá con indicaciones en la siguiente etapa de la tramitación.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que la discusión permitió abrir un debate necesario sobre la modernización del sistema de capacitación frente a los cambios del mercado laboral y el avance de la inteligencia artificial.
En la misma línea, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, aseguró que la intención del Gobierno no apunta a eliminar la capacitación laboral, sino a redefinir sus mecanismos de financiamiento. Según explicó, el Ejecutivo evaluará nuevas fórmulas para presentar una propuesta alternativa cuando el proyecto llegue al Senado.
Licencias médicas: el punto donde sí hubo acuerdo
A diferencia del debate sobre capacitación laboral, la comisión sí alcanzó consenso en el artículo 30 del proyecto, que endurece las sanciones por uso indebido de licencias médicas en el sector público.
La norma establece que incumplir el reposo médico, trabajar mientras se mantiene una licencia o falsificarla constituirá una falta grave al principio de probidad administrativa, pudiendo derivar incluso en la destitución del funcionario.
La disposición fue aprobada con ocho votos a favor y cinco abstenciones.
Un nuevo test político para La Moneda
Mientras la Comisión de Medio Ambiente continúa revisando otras disposiciones de la iniciativa, el Gobierno apuesta a llevar la Ley Miscelánea a votación en la Sala durante los próximos días, con el objetivo de despachar el proyecto antes de su envío al Senado.
Sin embargo, el episodio volvió a reflejar las complejidades del Ejecutivo para ordenar respaldos parlamentarios incluso en materias consideradas prioritarias dentro de su agenda de reconstrucción económica, instalando un nuevo desafío político en el avance de su programa legislativo.
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