El gobernador de la Región Metropolitana cuestionó el recorte presupuestario para los gobiernos regionales y advirtió que la medida puede frenar inversiones, proyectos de seguridad y obras capaces de generar empleo rápidamente. También criticó la suspensión de iniciativas como el tren Santiago-Melipilla, el GAM y la ciclovía de Nueva Alameda.
En medio de la discusión del Presupuesto 2027, los gobernadores regionales han expresado sus reparos frente a la reducción de recursos contemplada para las regiones. Tras la reunión sostenida con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, las autoridades regionales preparan nuevas gestiones ante la Dirección de Presupuestos y el Congreso.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestiona la lógica del ajuste y advierte una contradicción entre el discurso del Gobierno sobre descentralización y generación de empleo y la decisión de reducir recursos para los gobiernos regionales.
Orrego sostiene que estas instituciones cuentan con herramientas capaces de ejecutar inversión con mayor rapidez y reclama que los recursos transferidos a ministerios sean considerados dentro de la ejecución regional. También advierte sobre el impacto del ajuste en seguridad, infraestructura y apoyo a los municipios.
En conversación con El Mostrador, aborda además las obras paralizadas en la Región Metropolitana y cuestiona la decisión del Gobierno de postergar proyectos como el tren Santiago-Melipilla, la ampliación del GAM y la ciclovía de Nueva Alameda.
Presupuesto 2027: “Es contradictorio hablar de empleo y bajar recursos”
—¿Qué preocupaciones se mantienen después de la reunión con Hacienda?
—Las sensaciones son de dulce y agraz.
Por una parte, el Gobierno reconoció una reivindicación histórica de los gobiernos regionales. Durante mucho tiempo hemos tenido una tutela de la Dipres y de otras entidades que dificultaban nuestra ejecución. Se nos criticaba por mala ejecución, pero también se nos impedía ejecutar como correspondía.
La nueva Ley de Presupuestos plantea algunas reformas que consideramos insuficientes, pero que pueden agilizar la ejecución. Eso es positivo. Le planteamos varias ideas al ministro Quiroz y se comprometió a estudiarlas.
El problema es que, respecto del monto del presupuesto, no hubo avances.
Creemos que es contradictorio que el Gobierno hable de descentralización y de generar empleo y, al mismo tiempo, reduzca el presupuesto de instituciones capaces de generar empleo rápidamente en todos los rincones del país.
Se habla de eficiencia y de “soltarnos las amarras”, algo que valoramos, pero simultáneamente se nos quitan recursos muy por sobre ciertos ministerios que han tenido peor ejecución que los gobiernos regionales.
—¿El recorte es del 6% o más?
—Lamentablemente, no es parejo. En algunas regiones, como O’Higgins, el recorte en materia de inversión llega a cerca de un 18%, pese a que es una de las regiones con mejor ejecución junto con nosotros.
A la Región Metropolitana también nos afecta de manera significativa. Como este año se recortó un 3% del presupuesto, esa es la base que se está considerando para el próximo año.
Si realmente queremos generar empleo y fortalecer la descentralización, junto con las medidas que entregan mayor flexibilidad debieran aumentarse los recursos, no recortarse.
La disputa por los recursos transferidos a los ministerios
—Uno de los puntos de conflicto es cómo se contabiliza la inversión que los gobiernos regionales transfieren a ministerios. ¿Qué les ha planteado Hacienda?
—Ese es un problema importante. Varios gobernadores le plantearon al ministro Quiroz que, si no se contabiliza como ejecutada la plata que entregamos a un ministerio, entonces no habrá incentivos para seguir transfiriendo recursos.
La respuesta del ministro fue que no les diéramos plata a los ministerios.
Eso significa que, en muchas regiones, acuerdos con Obras Públicas, Vivienda o Salud podrían quedar sin efecto, porque el Gobierno Central no estaría considerando como ejecutados esos recursos una vez transferidos.
El problema es que cuando entregas recursos a Vivienda o a Obras Públicas y ellos no los ejecutan, no es responsabilidad del gobierno regional. Sin embargo, apareces con una mala evaluación y puedes perder acceso a incentivos presupuestarios.
El Gobierno tiene que tomar una decisión: primero, si va a contabilizar esos traspasos como parte de la ejecución y, segundo, si va a aumentar los presupuestos regionales en función de la capacidad de gasto de cada territorio.
Hay regiones que tenemos una capacidad de gasto altísima y, sin embargo, igual nos están recortando.
Inversión regional: “Denos más recursos y los invertimos rápidamente”
—¿En qué se traduce concretamente la inversión de los gobiernos regionales?
—En la Región Metropolitana tenemos proyectos de escala regional que ejecutamos directamente. Está el Parque Chena, con una inversión de $50 mil millones; el Mapocho Pedaleable; el nuevo parque del Cerro Renca; una red de siete parques y proyectos como Nueva Alameda.
También tenemos programas sociales y de prevención.
Además, transferimos recursos a los municipios para obras importantes. Hemos inaugurado proyectos como el Estadio de la Montura en San Miguel, el Polideportivo de La Granja y el cuartel de la PDI de San Ramón.
Pero quiero poner énfasis en los proyectos de menor tamaño.
Cuando nos dicen que falta empleo, una de las respuestas más rápidas es ejecutar proyectos de $200 millones o $300 millones que pueden licitarse y ejecutarse rápidamente.
Los Fondos Regionales de Inversión Local permiten hacer eso. Actualmente tenemos cerca de $7 mil millones en 21 proyectos de 21 comunas distintas.
No hay ningún ministerio que pueda hacer esto de la misma forma en todas las comunas. Los gobiernos regionales sí podemos.
Por eso le hemos dicho al ministro: si realmente quiere tener a los gobiernos regionales como aliados para combatir el desempleo, dennos más recursos y los vamos a invertir rápidamente.
Desempleo y seguridad: los otros efectos del ajuste
—Esto adquiere especial relevancia considerando el desempleo actual.
—En la Región Metropolitana estamos en 9,8%. O’Higgins, una de las regiones más afectadas, tiene 10,4%.
Precisamente donde hay menos empleo hay que poner más recursos.
La señal que está dando el Gobierno Central es que se trata con una vara mucho más alta a los gobiernos regionales que a los ministerios. Y eso no nos parece justo ni conveniente.
—¿Cómo podría afectar el recorte a la inversión en seguridad?
—Cuando te recortan el presupuesto, lo primero que dejas de financiar son los vehículos y las cámaras, porque tienen una ejecución más rápida que las obras.
Nosotros acabamos de entregar dos vehículos blindados a la PDI y 18 vehículos blindados a Carabineros. Además, vienen 36 radiopatrullas para el mundo rural de la Región Metropolitana.
Si se reduce el presupuesto, habrá menos inversión en este tipo de prioridades.
—¿La idea es que los gobiernos regionales se desentiendan de la seguridad?
—Es muy complejo. La primera prioridad de los vecinos de Santiago es la seguridad.
¿Cómo les digo que no soy ministro de Seguridad, que no soy delegado y que no tengo nada que hacer? No puedo cruzarme de brazos.
Trabajamos con los municipios, entregamos cámaras, cambiamos luminarias, financiamos equipamiento para inspectores municipales y también apoyamos a Gendarmería.
Hemos tratado de aportar más de $100 mil millones en proyectos de seguridad, porque es una prioridad de los vecinos, independientemente de cuáles sean mis atribuciones legales.
“Vamos lento como tortuga” en descentralización
—¿Cómo se relaciona esta discusión con la descentralización fiscal?
—Vamos lento como tortuga. Claramente no tenemos autonomía.
Yo fui alcalde de Peñalolén y tenía mucha más autonomía como alcalde que como gobernador. Todas estas negociaciones con la Dipres ocurren porque no tenemos presupuesto propio. Dependemos de la partida del Presupuesto del Estado central.
En materia de transferencia de atribuciones también hemos avanzado muy lento. Este Gobierno retiró una de las competencias importantes para la Región Metropolitana, que es la planificación territorial de Santiago.
Ahí hay señales regresivas. Estamos volviendo a centralizar.
Sin embargo, poco a poco hemos instalado que existen proyectos de carácter regional e intercomunal que no pueden analizarse comuna por comuna o ministerio por ministerio.
El Paseo Nueva Alameda, por ejemplo, permitió coordinar a cinco ministerios y cuatro municipios. El Plan Regional de Eficiencia Hídrica también requiere una mirada regional, lo mismo que las políticas de cambio climático, innovación y turismo.
Son ejemplos de una lógica de gobierno de toda la ciudad y de toda la región, aunque los presupuestos y las competencias todavía no reflejen esa necesaria descentralización.
Obras paralizadas: “El costo no es solamente económico”
—Usted también ha cuestionado la paralización del tren Santiago-Melipilla, las obras del GAM y la ciclovía de Nueva Alameda. ¿Ha conversado con el Gobierno?
—Me he reunido con todas las personas que he podido: ministros de Hacienda, Interior, Segpres, Deportes, Transportes, Obras Públicas y otros.
A todos les he dicho lo mismo: los países y las ciudades no se construyen cada cuatro años. Se construyen en el mediano y largo plazo.
Si el Estado licita una obra y la adjudica, no puede ser que un cambio de Gobierno signifique que quien llega la deje sin efecto.
Eso pasó con el GAM. La obra estaba licitada, adjudicada, tenía toma de razón de Contraloría y el terreno había sido entregado. Llegó el nuevo Gobierno y decidió dejarla sin efecto.
Eso implicó pagar una multa de $6 mil millones. Cuando se vuelva a licitar, probablemente será más caro.
Con la ciclovía de la Alameda ocurrió algo similar. Era un proyecto de varios años, con distintas instituciones comprometidas, y quedó inconcluso.
Y ahora ocurrió con el tren Santiago-Melipilla. Había una licitación con ofertas válidas y el Gobierno decidió suspenderla.
Nos dicen que se hará más adelante, pero no sabemos cuándo. Hay que reevaluarla.
Al final, no solo se posterga la obra: también puede terminar costando más y la gente deja de confiar en sus autoridades.
Cuando asumí como gobernador había 11 obras paralizadas. En lugar de buscar culpables, nos pusimos a trabajar y terminamos casi todas.
La gente quiere que se termine lo que se empieza. No quiere un país ni una ciudad a medias.
El costo no es solamente económico. También existe un costo en confianza política.
“Hay soberbia, inexperiencia y una visión distinta”
—¿Es un problema ideológico, de inexperiencia o una mezcla de ambas?
—Yo creo que hay soberbia, hay inexperiencia y hay una visión distinta de las cosas.
El mismo día que el ministro del Deporte lanzaba la Política Nacional de Actividad Física y Vida Activa, otro ministerio estaba restringiendo el uso de las bicicletas.
Entonces uno dice: pónganse de acuerdo.
O hacemos una ciudad que promueva la vida al aire libre, la movilidad activa y la actividad física, o la restringimos. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer.
Siento que en varios temas se está remando en la dirección opuesta a lo que necesitamos.
Si el Estado construye un parque y existe un compromiso de mantenerlo, eso debería respetarse aunque cambie el Gobierno.
Nunca me había pasado, en mis 30 años de servicio público, que compromisos por escrito se dejaran sin efecto.
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