Presupuesto 2027: Kast pide autorización para endeudarse por US$25.000 millones

El primer proyecto presupuestario de la administración de José Antonio Kast combina una meta de mayor ajuste fiscal con un techo de endeudamiento superior al autorizado originalmente para 2026. La propuesta contempla además recortes en programas sociales, educación, cultura y tenencia responsable de mascotas.


El Gobierno de José Antonio Kast solicitó al Congreso una autorización para contraer deuda por hasta US$25.000 millones durante 2027, en el marco del primer Presupuesto de la actual administración.

La propuesta ingresó formalmente al Parlamento con un gasto neto proyectado de $105,8 billones y una meta de déficit estructural de 1,8% del PIB para el próximo año, frente al 2,8% previsto para 2026.

El monto máximo de endeudamiento solicitado supera los US$17.400 millones contemplados originalmente en el Presupuesto 2026, aprobado durante la administración de Gabriel Boric. Sin embargo, durante el presente ejercicio el Gobierno de Kast obtuvo una autorización adicional por US$6.200 millones, elevando el límite vigente para 2026 a US$23.600 millones.

Con esa referencia, el techo solicitado para 2027 representa un aumento de US$1.400 millones respecto del monto actualmente autorizado.

El techo de deuda no significa emitir todo el monto

La autorización por US$25.000 millones no implica que el Fisco vaya a emitir necesariamente esa cantidad en nueva deuda durante 2027.

El artículo 3 del proyecto establece un límite máximo para las operaciones de endeudamiento que podrá realizar el Ejecutivo y contempla la emisión de bonos y otros instrumentos, tanto en moneda nacional como extranjera.

La norma también establece exclusiones vinculadas con obligaciones amortizadas durante el ejercicio y operaciones destinadas al refinanciamiento de deuda anterior.

A ese monto se suma una autorización adicional de hasta US$600 millones, por lo que el límite total asociado a las autorizaciones de endeudamiento alcanza los US$25.600 millones, según consignó El Mostrador.

La discusión, por tanto, no se limita a cuánto pretende gastar el Gobierno, sino también a cuánto margen financiero solicita para administrar sus obligaciones durante el próximo año.

Más deuda mientras Hacienda promete disciplina fiscal

El debate adquiere mayor relevancia porque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha instalado como uno de los ejes de su gestión la necesidad de avanzar en una trayectoria de mayor disciplina fiscal.

El proyecto fija una meta de déficit estructural de 1,8% del PIB para 2027, mientras el gasto crecería 1,5% respecto de la ejecución estimada para 2026.

La combinación entre ajuste del gasto y un mayor techo de endeudamiento ya abrió cuestionamientos desde la oposición.

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, anunció que su sector revisará tanto los recortes presupuestarios como el aumento del margen de endeudamiento.

“Quiroz supuestamente no vino acá a endeudar el país”, cuestionó la diputada, planteando que el ministro deberá explicar el impacto de la operación sobre las cuentas fiscales.

Recortes tensionan la discusión presupuestaria

La discusión sobre el endeudamiento se desarrolla paralelamente a una serie de reducciones presupuestarias que han generado críticas de parlamentarios opositores y también de sectores oficialistas.

Entre las partidas cuestionadas aparece el financiamiento de los Liceos Bicentenario, que experimentaría una reducción cercana al 45%, además del término del programa “Yo Elijo mi PC”, iniciativa que desde 2009 ha entregado computadores a estudiantes mediante las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de Junaeb.

También se contempla una reducción de los recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que pasarían de $489.899 millones en 2026 a $440.518 millones en 2027.

El Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura también vería disminuidos sus recursos, desde $12.647 millones a $10.416 millones.

En el caso del Programa de Sitios de Memoria, la reducción alcanzaría un 25,3%, según las cifras incorporadas en el proyecto.

Otro de los programas que ha generado controversia es el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), conocido como Ley Cholito, cuyos recursos sufrirían una fuerte reducción.

Yeomans cuestionó además la eliminación de las Becas TIC y sostuvo que el Gobierno deberá explicar las prioridades detrás de las modificaciones.

Desde el Partido Comunista, diputados como Daniela Serrano también han planteado la necesidad de revisar los recortes. El parlamentario Marcos Barraza, por su parte, sostuvo que las reducciones podrían afectar derechos sociales.

La diputada Irací Hassler calificó la propuesta como el “presupuesto de los recortes” y cuestionó especialmente las disminuciones en educación, vivienda y programas sociales.

Gobernadores advierten impacto en inversión y empleo

A las críticas parlamentarias se sumó la presión de los gobiernos regionales.

Los gobernadores han cuestionado una reducción cercana al 6% de los recursos regionales prevista para 2027. Tras reunirse con el ministro Quiroz, representantes de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) calificaron el encuentro como “duro” e “intenso”.

Las autoridades regionales sostienen que una disminución de los recursos puede afectar la ejecución de proyectos de inversión y la capacidad de generar empleo en los territorios.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, acusó una contradicción entre el discurso del Gobierno sobre descentralización y generación de empleo y la decisión de reducir los presupuestos regionales.

El conflicto agrega una nueva dimensión a la discusión del Presupuesto 2027. Hacienda deberá defender simultáneamente su estrategia de consolidación fiscal, justificar los recortes y explicar por qué solicita un techo de endeudamiento mayor al autorizado originalmente para este año.

La discusión recién comienza y tendrá como uno de sus principales puntos de tensión la compatibilidad entre el ajuste prometido por el Gobierno, las necesidades de gasto y el margen de deuda que el Ejecutivo busca obtener del Congreso.

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