Guillermo Ramírez sostuvo que la colectividad no respaldará, en su forma actual, las propuestas del Gobierno para modificar la Constitución en materia de seguridad. El dirigente cuestionó la incorporación de excepciones a principios generales y advirtió que podrían terminar debilitando la Carta Fundamental.
Las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno en materia de seguridad encontraron un primer obstáculo político dentro de sus propios sectores afines.
El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, adelantó que la colectividad no respaldaría las propuestas conocidas hasta ahora y cuestionó que se incorporen a la Constitución disposiciones que, a su juicio, deberían estar reguladas por leyes.
En conversación con La Tercera, el diputado remarcó que la institucionalidad debe prevalecer por sobre cualquier administración de turno.
“La institucionalidad está por sobre cualquier gobierno”, afirmó.
Ramírez precisó que la UDI todavía no conoce el texto definitivo de las iniciativas, pero sostuvo que los antecedentes difundidos públicamente son suficientes para expresar reparos.
“No conocemos el texto, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar”, señaló.
El punto de conflicto: las excepciones en la Constitución
El principal cuestionamiento de Ramírez apunta a la incorporación de excepciones a principios generales directamente en la Carta Fundamental.
A juicio del dirigente, esta práctica puede terminar debilitando el carácter normativo de la Constitución y hacerla vulnerable frente a las disputas políticas coyunturales.
“La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución”, sostuvo.
Para explicar su posición, el presidente de la UDI recurrió a un antecedente histórico: la Constitución de 1925 y el proceso que terminó desembocando en la reforma agraria.
Según su interpretación, modificaciones sucesivas destinadas inicialmente a establecer excepciones específicas terminaron debilitando las garantías constitucionales relacionadas con la propiedad privada.
Ramírez sostuvo que ese proceso constituye una advertencia sobre los riesgos de introducir excepciones que originalmente responden a situaciones políticas o legislativas particulares.
UDI sí respalda un nuevo estado de excepción
El rechazo de la UDI no significa, según Ramírez, una oposición general a modificar la Constitución para enfrentar el crimen organizado.
El diputado afirmó que existen reformas en materia de seguridad que sí cuentan con respaldo de su colectividad.
“Hay reformas constitucionales que se tienen que hacer, como por ejemplo el establecimiento de un nuevo estado de excepción. Eso se hace en la Constitución y sobre eso no tenemos objeción”, explicó.
El problema, agregó, estaría en trasladar a la Constitución materias que deberían quedar radicadas en la legislación.
“La discusión acerca de las facultades que puedan tener las distintas instituciones del Estado tampoco me representa un problema”, indicó.
El artículo que genera preocupación
Uno de los puntos que Ramírez cuestionó corresponde a las disposiciones conocidas sobre regímenes penitenciarios para integrantes de organizaciones criminales.
Según explicó, el nuevo artículo 9 bis y una modificación al artículo 19, número 2, contemplarían disposiciones destinadas a establecer que determinados regímenes carcelarios no sean considerados arbitrarios.
Para el dirigente gremialista, incorporar ese tipo de criterios directamente en la Constitución supone convertir una materia de carácter legal en una excepción constitucional.
“Cuando tú estableces en la Constitución excepciones que son de orden legal, abres una puerta para que la Constitución termine siendo igual que la del 25”, sostuvo.
A su juicio, el riesgo está en que futuras mayorías políticas puedan utilizar el mismo mecanismo para introducir excepciones sobre materias completamente distintas.
Ramírez advierte sobre los fondos de pensiones
Para reforzar su argumento, el presidente de la UDI también recordó el debate generado por los retiros de fondos de pensiones.
Según Ramírez, durante ese proceso se utilizó una disposición transitoria para permitir una medida que, a su juicio, contravenía las reglas constitucionales relacionadas con la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El dirigente planteó un escenario hipotético para graficar lo que considera el riesgo de establecer excepciones constitucionales.
“Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación y nacionalización de los fondos de pensiones?”, cuestionó.
Un debate que abre una tensión dentro del oficialismo
La posición de Ramírez instala una discusión política relevante para el avance de la agenda de seguridad del Gobierno.
Mientras el Ejecutivo busca utilizar modificaciones constitucionales para reforzar herramientas frente al crimen organizado, desde la UDI plantean que la respuesta al fenómeno delictual no puede traducirse en incorporar excepciones que terminen debilitando las garantías y principios generales de la Constitución.
Por ahora, el partido mantiene su disposición a discutir cambios institucionales vinculados a seguridad, pero marca una línea roja respecto de aquellas propuestas que, a su juicio, trasladan materias propias de la legislación al texto constitucional.
El mensaje de Ramírez es, por tanto, directo: la UDI está disponible para fortalecer las herramientas de seguridad, pero no a costa de modificar la arquitectura institucional de la Constitución.
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