Los presidentes de los principales partidos que respaldan al Gobierno llegaron a La Moneda para abordar el complejo escenario de la reforma constitucional en materia de seguridad. En el encuentro transmitieron su malestar por el diseño inicial y exigieron cambios sustantivos al proyecto.
La Moneda enfrentó este lunes un complejo encuentro con los principales partidos del oficialismo, luego de las críticas que generó el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad impulsado por el Gobierno.
Pasadas las 13 horas, dirigentes de las colectividades que respaldan al Ejecutivo llegaron hasta Palacio para reunirse con el ministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
La reunión fue gestionada por la Secretaría General de la Presidencia y tuvo como principal objetivo ordenar al oficialismo frente a la difícil tarea de conseguir los respaldos necesarios para aprobar la iniciativa.
Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por las críticas de los dirigentes al diseño con que La Moneda ingresó la reforma al Congreso.
En palabras de algunos participantes, la evaluación fue clara: “Esto fue un error”.
“Hay que dar vuelta la página”
A la cita asistieron Andrea Balladares, de RN; Guillermo Ramírez, de la UDI; Macarena Cornejo, de Evópoli, en representación de Luciano Cruz-Coke; y Arturo Squella, del Partido Republicano.
Durante la conversación, varios dirigentes plantearon que la estrategia inicial del Gobierno fue equivocada y que ahora corresponde “dar vuelta la página”, ordenar al sector y concentrarse en corregir el texto.
Desde los partidos cuestionaron la falta de trabajo prelegislativo con las colectividades que sustentan al Ejecutivo y apuntaron a un error en el diseño político de la iniciativa.
En sectores de Chile Vamos también surgieron cuestionamientos por el rol que tuvieron los ministros políticos del Gobierno durante la elaboración del proyecto.
Según plantearon dirigentes del sector, el Presidente no habría empoderado suficientemente a Alvarado y García Ruminot para actuar como contrapeso frente al Ministerio de Seguridad, cartera a la que atribuyen la elaboración del texto que posteriormente generó reparos dentro y fuera del oficialismo.
Una reforma que generó críticas transversales
Uno de los puntos más cuestionados de la reforma fue la creación de un nuevo estado de excepción por “amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad pública”.
La propuesta contempla inicialmente un plazo de 120 días renovables, medida que generó críticas desde distintos sectores políticos.
El proyecto ha recibido cuestionamientos incluso de parlamentarios que habitualmente respaldan al Gobierno, como Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, de Demócratas.
El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, incluso calificó la iniciativa como “iliberal”, sumándose a las voces que han exigido introducir cambios antes de avanzar con su tramitación.
Gobierno se abre a modificar sustantivamente el proyecto
Ante el complejo escenario político, el Ejecutivo se abrió a introducir modificaciones relevantes al texto y a reducir la urgencia con que se buscará tramitar la iniciativa en el Senado.
Durante la reunión en La Moneda se planteó que el primer paso será encontrar puntos de acuerdo dentro del propio oficialismo para luego salir a buscar apoyos en otros sectores políticos.
El objetivo es lograr los votos necesarios para alcanzar el quorum de 4/7, equivalente a 29 votos en el Senado.
Por ahora, en la reunión no se puso sobre la mesa la posibilidad de retirar el proyecto del Congreso, tal como ha solicitado parte de la oposición.
La estrategia será modificar la propuesta mediante indicaciones y reducir el alcance de algunos de sus puntos más controvertidos.
Cambios al nuevo estado de excepción
Uno de los principales puntos que podría ser reformulado es el nuevo estado de excepción contemplado en el proyecto.
Existe consenso en avanzar hacia una fórmula en la que esta herramienta solo pueda aplicarse mediante un acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso.
Además, se propone que su continuidad sea revisada cada 30 días por el Poder Legislativo.
Entre los cambios que también se estudian está excluir la posibilidad de interceptar comunicaciones durante la vigencia de este estado de excepción.
Sin embargo, dirigentes oficialistas advierten que las modificaciones no se limitarán a ese punto y que el proyecto podría sufrir cambios de mayor alcance.
La idea es que varias materias queden reguladas posteriormente mediante leyes y no queden establecidas directamente en la Constitución.
“Aquí va a haber cambios”, afirmó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, tras la reunión.
“La reforma va a ser lo justo y necesario, ni más ni menos, para dar cumplimiento a la principal promesa de Kast”, añadió.
Andrea Balladares, en tanto, señaló que buscan alcanzar un texto que entregue tranquilidad a la ciudadanía y que mantenga un principio fundamental.
“La Constitución debe proteger a las personas del poder del Estado”, sostuvo.
La Moneda valora disposición de los partidos
Tras el encuentro, el ministro Claudio Alvarado destacó la disposición de los partidos que respaldan al Gobierno para contribuir a mejorar la reforma.
El biministro señaló que existe un “compromiso efectivo” para sacar adelante la agenda de seguridad y que los partidos manifestaron disposición para perfeccionar el proyecto.
Desde el Ejecutivo también defendieron ante los dirigentes la necesidad de elevar a rango constitucional algunas materias relacionadas con seguridad.
Entre ellas se encuentra la segregación penitenciaria para aislar a líderes del crimen organizado.
Según la argumentación presentada por el Gobierno, algunos traslados penitenciarios han sido rechazados por tribunales, situación que, a juicio del Ejecutivo, podría ser distinta si determinados mecanismos estuvieran establecidos directamente en la Constitución.
Durante los próximos días, La Moneda buscará intensificar las conversaciones con los partidos oficialistas y otros actores políticos antes de que comience la discusión legislativa del proyecto.
El desafío ahora será reconstruir los acuerdos dentro del propio bloque de Gobierno y presentar una reforma con modificaciones capaces de concitar el respaldo necesario para avanzar en el Congreso.
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