La iniciativa busca mantener la protección de las remuneraciones incluso después de que los sueldos sean depositados en cuentas bancarias, particularmente frente a procesos de cobranza asociados a deudas del Crédito con Aval del Estado. La Comisión de Educación declaró inadmisible el proyecto por 8 votos contra 5 y ahora la Sala deberá pronunciarse sobre su continuidad.
El proyecto “Sueldos Protegidos”, impulsado por un grupo transversal de parlamentarios de oposición, llega a una instancia decisiva en la Cámara de Diputadas y Diputados luego de ser declarado inadmisible por la Comisión de Educación. La propuesta pretende modificar el Código del Trabajo para reforzar la protección de las remuneraciones frente a embargos, incluyendo aquellos derivados de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La discusión tomó fuerza después de que se conocieran casos de deudores del CAE cuyos fondos fueron retenidos o embargados tras ser depositados en sus cuentas bancarias. Los autores de la moción sostienen que el problema se produce porque la remuneración, una vez ingresada a una cuenta, puede ser considerada como saldo disponible para efectos de cobranza. Por ello, plantean que la protección legal se mantenga aun después del depósito.
Proyecto busca extender la protección del sueldo hasta la cuenta bancaria
La iniciativa fue presentada por parlamentarios como Daniela Serrano (PC), Emilia Schneider (FA), Paula Olmos (PDG), Juan Santana (PS) y Patricio Pinilla (DC), entre otros. El texto propone modificar el Código del Trabajo para establecer expresamente que la remuneración conserve su carácter de inembargable cuando sea transferida o depositada en una cuenta bancaria del trabajador.
El proyecto considera como referencia el límite legal de inembargabilidad de las remuneraciones y busca evitar que los fondos pierdan esa protección simplemente por cambiar de ubicación, pasando desde el empleador a una cuenta vista, corriente o de ahorro. De acuerdo con sus impulsores, la medida tendría especial relevancia para trabajadores que mantienen obligaciones derivadas del CAE y que han enfrentado procesos de cobranza.
El debate se instaló luego de las acciones de cobranza ejecutadas por la Tesorería General de la República. Los parlamentarios que respaldan la moción sostienen que, en determinados casos, esas medidas terminaron afectando recursos que correspondían originalmente a remuneraciones laborales. La propuesta busca precisamente establecer una regla explícita para evitar esa situación.
Comisión de Educación declaró inadmisible la iniciativa
El principal obstáculo para el proyecto apareció en la Comisión de Educación de la Cámara, donde la iniciativa fue declarada inadmisible por ocho votos contra cinco. La decisión se adoptó luego de que la diputada Paz Charpentier (Republicanos) planteara que la moción podía incidir en materias relacionadas con la administración financiera del Estado y, por esa razón, estar comprendida dentro de aquellas que requieren iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Charpentier sostuvo además que la legislación vigente ya contempla la inembargabilidad de las remuneraciones y que el problema planteado por los autores del proyecto no justificaría una nueva regulación en los términos propuestos. Desde esa posición, el debate no sería únicamente laboral, sino que también involucraría las facultades de cobranza del Estado y eventuales efectos sobre las finanzas públicas.
La votación de la comisión contó con los sufragios favorables a la inadmisibilidad de Sergio Bobadilla (UDI), Ricardo Neumann (UDI), Paz Charpentier (Republicanos), Diego Vergara (Republicanos), Valentina Becerra (Republicanos), Luis Pardo (RN), Sara Concha (PSC) y Germán Verdugo (PNL).
Daniela Serrano acusa cierre del debate y la Sala tendrá la última palabra
La diputada Daniela Serrano, autora de la iniciativa y jefa de bancada del Partido Comunista, cuestionó la decisión de la comisión y sostuvo que la declaración de inadmisibilidad impide discutir el fondo del proyecto. A su juicio, el problema no está en la protección constitucional de las remuneraciones, sino en determinar qué ocurre con esos recursos una vez que ingresan a una cuenta bancaria.
Serrano calificó la decisión como un “veto político” y sostuvo que la discusión debería desarrollarse en el Congreso. La parlamentaria también cuestionó que la iniciativa haya permanecido durante semanas sin ser discutida y que, una vez puesta en tabla, se haya optado por resolver su inadmisibilidad antes de abordar sus disposiciones.
Desde el sector que respaldó la inadmisibilidad, en cambio, se plantea que el proyecto enfrenta un problema de constitucionalidad y que no corresponde que una moción parlamentaria avance si incide en materias reservadas a la iniciativa presidencial. Charpentier también ha señalado que la protección de las remuneraciones ya está contemplada en el artículo 57 del Código del Trabajo.
Con este escenario, la discusión pasa ahora a la Sala de la Cámara. Los diputados deberán resolver si la iniciativa puede continuar su tramitación pese al pronunciamiento de la Comisión de Educación. El resultado será determinante para conocer si el Congreso podrá entrar al debate de fondo sobre la protección de los salarios frente a los embargos y, particularmente, sobre el tratamiento de las remuneraciones de personas que mantienen deudas asociadas al CAE.
Más allá de las posiciones políticas enfrentadas, el punto central de la discusión es jurídico: determinar hasta dónde se extiende la protección de una remuneración una vez que el dinero ha sido depositado en una cuenta bancaria y qué atribuciones puede ejercer un acreedor frente a esos fondos. Ese es precisamente el espacio que “Sueldos Protegidos” busca regular de manera expresa.
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